Laporta aprovecha una decisión de la Fiscalía sobre Negreira para proteger la financiación del Camp Nou

El presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, confía en acabar desimputado del proceso judicial por los pagos del club al exvicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, que comenzaron en 2001 y se duplicaron durante el primer ciclo (2003-2010) del actual mandatario culé. Su caso en concreto estaría prescrito atendiendo al criterio de la Fiscalía, que interpuso en marzo la denuncia que impulsó el proceso judicial.

El ministerio público representado por los fiscales Luis María García Cantón y Ricardo Sáez Garea ha activado la causa pero no de la forma más perjudicial para los intereses del Barça y su actual presidente. Lo anterior, no solo por su petición este mes de librar de cargos al actual líder blaugrana, sino por la forma en que ha formulado el recurso en que se apoya la investigación en su conjunto.

Y es que la decisión de la Fiscalía de interponer una "denuncia", en lugar de una "querella", ha sido medular en las negociaciones del abogado culé con los inversores que aportaron alrededor de 1.000 millones de euros para la reforma del Camp Nou, el gran proyecto del mandato.

La decisión de la Fiscalía de interponer una denuncia, en lugar de una querella, ha sido medular en las negociaciones del abogado culé con los inversores

A efectos jurídicos, la interposición de una querella por parte del ministerio público habría supuesto su sentir como ofendido a todos los efectos y la necesidad de cumplir una serie de requisitos formales, además de sugerir una mayor gravedad para el asunto. De hecho, la presentación de una denuncia en lugar de una querella deja abierta la puerta a que la Fiscalía se acabe desentendiendo del proceso.

La diferencia es tal que, pese a que la denuncia ya estaba interpuesta, el abogado culé logró el acuerdo con los inversores sin que el "acaecimiento y persistencia" de la instrucción que ha asumido el juez de Primera Instancia, Joaquín Aguirre, se incluya como supuesto de renegociación o de "situación de aumento de ingresos" para los acreedores. La Fiscalía, en suma, se ha posicionado ya en contra de la incorporación como acusación del Consejo Superior de Deportes, esto es, del ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno.

La Junta Directiva que encabeza Laporta ha conseguido también sortear provisiones por el caso -la forma de prevenir y transparentar un riesgo futuro para las arcas del club, que supone un gasto anticipado- con el aval de Grant Thornton, el auditor de la institución culé desde 2022 en sustitución de la big four Ernst & Young. Las cuentas y su auditoría fueron cerradas apenas tres días antes de que el juez Aguirre resuelva imputar, el pasado septiembre, al FC Barcelona por cohecho en la causa por los 7,1 millones pagados al exvicepresidente de los árbitros.

Otros escenarios sobre Negreira

Desde un punto de vista judicial, solo un complejo cambio en la postura de la Fiscalía hacia una querella contra el Barça -que puede suceder a la denuncia- y/o una "condena penal en virtud de una sentencia firme" podrían llevar a los inversores a forzar una renegociación del acuerdo y la posible devolución anticipada del dinero prestado más sus intereses.

Los inversores han fijado otros tres potenciales escenarios bajo cuyo "acaecimiento y persistencia" podrían precipitar la devolución de su dinero. Entre ellos, que la UEFA emita una resolución apartando al Barcelona de las competiciones europeas sin esperar a sentencia firme. La entidad que encabeza Aleksander Ceferin ya abrió un expediente de cara a la actual temporada que se ha saldado con la autorización provisional para competir, pero que podría ser revocada de cara a la siguiente temporada a la luz de la evolución del proceso judicial. La posición que adopte el Barça ante la resolución del Tribunal de Justicia de la UE por la Superliga, en diciembre, podría suponer un punto de inflexión en las relaciones con la UEFA y con el Real Madrid, personado en el caso Negreira.

Dentro de la esfera de la justicia deportiva, los posibles ilícitos vinculados a los pagos a Negreira estarían prescritos

Por lo pronto, el cuarto posible desenlace intermedio para los inversores es, al hilo del anterior, que tanto el Barça como la UEFA alcancen "un acuerdo en relación con las acusaciones de corrupción", esto es, que el club, para atenuar riesgos futuros, ceda a un acuerdo extrajudicial con el ente rector europeo.

En suma, el cuarto de los escenarios alternativos previstos es que la Real Federación Española de Fútbol -o LaLiga- se anticipen a la resolución judicial en firme y resuelvan castigar al Barcelona con la pérdida de la categoría como resultado "de las denuncias de corrupción".

Dentro de la esfera de la justicia deportiva, los posibles ilícitos vinculados a los pagos a Negreira estarían prescritos (los últimos corresponden a 2018, siendo el plazo de prescripción de tres años). Otro escenario que sí está contemplado es que el Barça deje de jugar en LaLiga por cualquier circunstancia, como ser, por ejemplo, una eventual independencia de Cataluña.

Los inversores se blindan ante la independencia de Cataluña

El abogado y presidente culé, Joan Laporta, tiene que rendir cuentas cada tres meses ante los bonistas por la deuda hasta 2052, un plazo dentro del que podría tener lugar un referéndum para la independencia catalana.

En ese sentido, la Junta directiva blaugrana deberá encargarse de garantizar que el Barça seguirá jugando en una competición liguera como La Liga o en alguna otra "de reputación equivalente": el vínculo por escrito entre el club y sus inversores pone como ejemplos a la Premier Inglesa, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa.

Paralelamente, los bonistas del Espai Barça se han granjeado el derecho a renegociar el acuerdo ante una circunstancia que pueda comprometer al 25% de su negocio. Y es que, incluso bajo un calendario de 60 partidos como el que el Barça disputó en la última campaña en la que consiguió los tres títulos, la 2014/2015, los 38 partidos de La Liga continuarían representando más de la mitad de la actividad deportiva.

Ante una salida forzosa de LaLiga, el club tendría un plazo de 90 días para transmitir un informe sobre la situación a los bonistas y ofrecerles alternativas que podrán estimar oportunas o no, pudiendo, en su caso, reclamar indemnizaciones e incluso la devolución anticipada del dinero con sus intereses.