En uno de sus momentos más límite por el caso Koldo, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez se aferra a uno de los ejes de su coalición con Sumar, como lo es la vivienda, y en concreto, el proyecto de una compleja intervención desde la Administración sobre los precios de los alquileres residenciales.
El ala socialista del Ejecutivo ha puesto en marcha el por años prometido nuevo índice de referencia al que se podrán remitir las comunidades y ayuntamientos para propiciar un límite de las rentas -como reclamaban los principales agentes políticos que sostienen al PSOE en el poder, Sumar, ERC y EH Bildu-, aunque sin dejar de reconocer los desafíos tras su aplicación, en la que el Gobierno central solo podría influir de forma acotada.
El nuevo control de precios pivotará en torno a un sistema de zonas tensionadas declaradas a iniciativa de la Comunidad Autónoma correspondiente. Será en esas zonas, en las que los alquileres superen el 30% de los ingresos medios, en las que el nuevo índice de precios que entrará en vigor a partir del próximo 8 de marzo tendrá un carácter legalmente imperativo. Y ello de forma que en los nuevos contratos, los grandes tenedores tendrán que ajustar el precio al índice, mientras que los pequeños propietarios que lo excedan con el contrato original ya no podrían subir las rentas.
Unas premisas que pueden llegar a sonar relativamente sensatas a ojos de los inquilinos pero que no suenan sencillas de garantizar. En este sentido, desde el ministerio de Vivienda que encabeza Isabel Rodríguez se limitan a señalar que aquellos que consideren que su casero ha acabado violando la norma tendrán fundamentalmente dos alternativas: la más compleja y farragosa de acudir a los tribunales o, primeramente, recurrir a la figura administrativa de las "inspecciones de consumo". Esta última es habitualmente seguida por Gobiernos autonómicos y ayuntamientos para actuar sobre comercios que han sido acusados de violar la ley con la venta de un producto; puede acabar en multas de miles a millones de euros para los señalados.
La figura de las inspecciones de consumo se activa por lo general ante la denuncia de un ciudadano, aunque la administración competente puede también actuar de oficio. En el caso de los alquileres, desde el ministerio de Vivienda se ha puesto de relieve la importancia que podrían cobrar los eventuales registros de fianzas de la correspondiente jurisdicción. Otros informantes advierten en suma de un inexorable incremento en el presupuesto para las citadas inspecciones con cargo a las arcas públicas.
El riesgo de inaplicabilidad de la ley de vivienda
Por lo pronto, según trasladan desde el ministerio de Vivienda, Cataluña, Navarra y Asturias han mostrado su interés en implementar un sistema que tomará finalmente como base las declaraciones por el impuesto a la renta de las personas físicas de los caseros, de modo que podrá entrar en vigor este 2024 con un decalaje de hasta dos años y de uno como mínimo. Por dimensionar esto último, el precios de los alquileres anunciados en Idealista ha subido más de un 10% de media entre diciembre de 2022 y 2023. Desde el propio ministerio se ha ejemplificado que los precios del índice de referencia pueden llegar a suponer menos de la mitad de las cifras actualmente requeridas por pisos equivalentes en los portales.
Con estos mimbres, y más allá de alguna discrepancia técnica, lo cierto es que la medida, recogida en la Ley de Vivienda, ha sido a grandes rasgos apoyada por los colectivos del ala más a la izquierda del espectro político... pero también, criticada de forma prácticamente unánime por todo el sector privado. Los cuestionamientos parten tanto de sus posibles efectos disuasorios sobre la oferta -como lo acredita la experiencia internacional y sucedió en Cataluña con su primera ley de control de precios, entre 2020 y 2022-, como también, de las dificultades para su implementación efectiva en un mercado residencial como el español.
Según cifras gubernamentales, alrededor del 85% de los propietarios en España son pequeños propietarios, y entre el 15% restante, la mitad corresponde a empresas públicas
Según cifras gubernamentales, alrededor del 85% de los propietarios en España son pequeños propietarios, y entre el 15% restante, la mitad corresponde a empresas públicas. En el centro de Barcelona, inciden fuentes del ramo de Vivienda que depende del Partido Socialista, la cuota de los grandes propietarios no superaría el 20%.
De ahí que diferentes agentes del sector inmobiliario adviertan de las dificultades de la aplicación de una ley de esta índole sobre un mercado tan atomizado con millones de oferentes. Puertas adentro del Gobierno se reconocen ciertas dificultades, así como también la necesidad de hacer un seguimiento del impacto que podrían tener medidas que no se pueden asegurar efectivas, tal y como ya lo permite augurar su historial de aplicaciones a lo largo del mundo. En la misma línea cabe incluir el creciente trasvase desde el alquiler tradicional regulado por la Ley de Vivienda hacia el de temporada, coincidente con el anuncio del futuro control de precios.
