El Gobierno limitará los alquileres con un índice de 2022: empezará en Cataluña, Asturias y Navarra

El Gobierno ha presentado este martes el nuevo índice de precios de referencia para las zonas que las Comunidades y Ayuntamientos puedan declarar como "áreas tensionadas" en función de la relación entre los alquileres de cada barrio y los ingresos de las familias...Y con ello, propiciar un límite a los precios de los arrendamientos al hilo de la Ley de Vivienda del 2023.

"El sistema busca ser válido para toda España, por lo que es un solo sistema de índices el que se conforma, con la salvedad de País Vasco y Navarra por sus regímenes fiscales propios", ha comenzado explicando el secretario de Vivienda David Lucas, que ha avanzado que, tras Cataluña -que será la primera comunidad en aplicar el control de precios-, también ha recibido el interés verbal de los gobiernos autonómicos de Navarra y Asturias.

El marco definitivo se nutre de la información actualizada anualmente por parte de la Agencia Tributaria -la última referencia hasta el momento son los datos de 2022, por lo que el decalaje será sucesivamente de hasta dos años- y se precisará de un trabajo adicional para los territorios forales.

Los pequeños tenedores de zonas tensionadas no podrían subir sus contratos -pero no estarán obligados a rebajar si el precio está por encima del rango de su área-, al tiempo que los grandes propietarios deberán, a la firma de un nuevo contrato, ajustar la renta al índice.

La metodología del índice, que ya se puede consultar aquí para cada ubicación y entrará en vigor como tal dentro de 10 días hábiles, gira en torno a rangos de valores en los precios del alquiler, con más de dos millones de testigos derivados de las declaraciones de la renta por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

En palabras del número 2 del ministerio de Vivienda, el sistema anunciado este martes es una "evolución" que "va a ser una referencia para todo el territorio". Y ello, a pesar de que los grandes tenedores que no sean personas físicas no estarán recogidos en la muestra por no declarar IRPF y aún así, estarán sujetos a la limitación.

"Los grandes tenedores no representarían más que un 5-15% de las muestras, por lo que su impacto a la hora de determinar los precios de referencia no sería significativo", han incidido fuentes gubernamentales.

Control de precios con promesa de bajadas importantes

Entre los criterios que se han escogido aparece la ubicación, la superficie, si tienen ascensor, aparcamiento, amueblamiento, certificación energética o no, altura, piscina comunitaria o elementos análogos...en definitiva, se establecerán rangos con un nivel máximo y un mínimo para establecer un marco donde se podrán situar los precios de las viviendas.

"Haber utilizado un solo indicador habría incrementado la asiduidad de que los alquileres por debajo de la media suban sus precios", ha incidido Lucas. "Los rangos están muy por debajo de lo que se ve en los portales", ha reivindicado, poniendo ejemplos de 300 euros de diferencia o incluso de más del doble entre los rangos máximos de una zona fijados por el índice y los precios de pisos equivalentes en la oferta disponible en el mercado actual.

Los pequeños tenedores de zonas tensionadas no podrían subir sus contratos -no estarán obligados a rebajar si el precio está por encima del rango de su área, de forma que el Gobierno apuesta en este sentido a una negociación entre partes-, al tiempo que los grandes propietarios deberán, a la firma de un nuevo contrato, sí que por ley deberán ajustar la renta al índice.

El grupo de expertos que han participado en la confección del Índice incluye a la Agencia Estatal Tributaria, la Dirección del Catastro, agentes del área de la Presidencia del Gobierno, Banco de España, Colegio de Registradores, Consejo General de Economistas y del propio ministerio de Vivienda, así como de la Generalitat de Cataluña a raíz de su experiencia propia entre 2020 y 2022.