El Gobierno no tiene previsto preparar un plan de reequilibrio fiscal hasta que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, que marca las reglas fiscales sobre déficit y deuda a seguir por los países miembro, vuelva a estar activo, algo que no sucederá hasta el año 2023.

El Ejecutivo está obligado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a presentar un plan de reequilibrio fiscal para explicar cómo pretende volver a la senda de consolidación una vez que vuelvan a estar activas las reglas fiscales.

Además, esto es algo que le han recomendado instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pero aun así no contempla hacerlo a corto plazo.

"La Airef lo que ha hecho es recordar lo que dice la ley orgánica, no tenemos una presión para presentar un plan de reequilibrio ahora, la Airef es consciente de que la UE pide que no se retiren los estímulos fiscales, sólo nos recuerdan que debe haber cumplimiento de la ley orgánica. Pero éste no es el planteamiento. Este debate tendremos que afrontarlo cuando la Comisión Europea decida la vuelta a las normas fiscales. Volveremos a los planes fiscales cuando vuelvan las reglas fiscales", zanjaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta semana.

Estas instituciones han insistido en la importancia de que el Ejecutivo presente este plan para lanzar un mensaje de tranquilidad a los socios europeos y a los mercados, un compromiso especialmente necesario después de que se haya conocido que el déficit público final de 2020 ascendió al 10,09% del PIB (10,97% si se tiene en cuenta el impacto en déficit de la Sareb).

Aprovechar la Actualización del Plan de Estabilidad

Fuentes cercanas al Ejecutivo pensaban que el Ministerio intentaría utilizar la Actualización del Programa de Estabilidad que tiene que enviar a Bruselas antes del 30 de abril para 'venderlo' como el plan de reequilibrio fiscal que le exige la ley, a pesar de que los contenidos de ambos no coinciden y que eso no serviría para cumplir con sus obligaciones normativas.

Pero Montero ni siquiera contempla esa opción y se muestra reacia a elaborar ahora ese documento. "No significa que el Gobierno se desentienda de la consolidación fiscal, los Presupuestos Generales del Estado buscan bajar el déficit, al 7,7%", defiende la ministra, aunque ha admitido que esa cifra ya ha quedado desfasada por el aumento del gasto (en ERTE y ayudas a empresas) y por el enfriamiento de la recuperación económica.

De hecho, el Ejecutivo planea actualizar este objetivo cuando haya actualizado su cuadro macroeconómico (probablemente a la baja, dado que su crecimiento estimado de hasta el 9,8% en 2021 es muy superior al que ahora vaticinan distintas instituciones, en el entorno del 5%-6%) y a la luz de los datos de desempleo que arroje la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre y los datos de recaudación de la Agencia Tributaria.

Confían en que se modifiquen las reglas fiscales

Aunque por el momento las reglas fiscales sólo estarán suspendidas durante 2021, la Comisión Europea ya ha garantizado su intención de mantenerlas suspendidas también a lo largo de 2022. El Gobierno español espera que así sea y que a los países no se les imponga una senda de consolidación fiscal que obligue a hacer recortes o a aplicar políticas de austeridad, como ocurrió en la crisis financiera.

No hay que reproducir un modelo de salida de la crisis como el que se produjo en 2008"

"Las reglas fiscales son objeto de debate, hay que ver si se modifican a la luz de los datos que arroje la pandemia en el conjunto de Europa. Espero y deseo que hagamos una pendiente descendiente inteligente, que no provoque recortes de servicios públicos ni caída de la riqueza potencial por no poder ayudar al tejido productivo, ni desapego de los ciudadanos de la política porque esa senda podría conllevar desigualdades. No hay que reproducir un modelo de salida de la crisis como el que se produjo en 2008", señala.