La Comisión Europea ha sido la última institución en dar un espaldarazo al Gobierno para que apruebe cuanto antes un paquete de ayudas para las empresas, al anunciar su voluntad de mantener suspendidas las reglas fiscales también durante 2022.

Esto significa que la cláusula de escape que inhabilitó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en primavera de 2020 seguirá vigente durante todo 2021 y 2022, lo que en la práctica supone que la Comisión Europea no vigilará el déficit público ni la deuda pública de los estados miembros, dándoles vía libre para incrementar el gasto a pesar de que los ingresos no crezcan en consonancia.

Después de cerrar 2020 con un desfase presupuestario cercano al 11% del PIB -a falta de que se conozca el dato definitivo-, el Ejecutivo tenía previsto reducirlo esta año hasta el 7,7%, según recogió en su Plan Presupuestario. En este documento no hizo una previsión de cuánto más lo recortaría en 2022, alegando que la incertidumbre impedía hacer estimaciones con tanta antelación.

Sin embargo, en ese pronóstico del 7,7% no tuvo en cuenta ni siquiera la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos más allá del 31 de enero, prestaciones que han sido prorrogadas de momento hasta el 31 de mayo y cuyo efecto presupuestario no ha sido contabilizado.

No se vigilará el desvío del déficit

Un nuevo incremento de las ayudas a empresas, como el anunciado por el presidente Pedro Sánchez por valor de 11.000 millones de euros, supondría un incremento adicional del gasto, que también dejaría en papel mojado las previsiones del Gobierno.

La confirmación, conocida este miércoles y que se anunciará oficialmente en el mes de mayo, de que Bruselas prevé mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022, da un balón de oxígeno al Ejecutivo, ya que puede ahora ampliar su apoyo económico a las empresas sin miedo a desviarse en exceso del objetivo de déficit.

La bajada de más de tres puntos que pretendía acometer este año en el desfase presupuestario (al bajarlo del 11% al 7,7%) se podrá posponer a 2022, y ya en 2023, cuando las normas vuelvan a estar en vigor, volver a recortarlo en otros cuatro puntos para acercarlo al nivel del 3% que marca el nivel de déficit excesivo, según Bruselas.

Reformar las reglas fiscales, a debate

La Comisión se suma así a otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España, que piden reiteradamente que los países amplíen sus ayudas al tejido empresarial a fin de evitar una oleada de quiebras e insolvencias que podrían dañar la economía a largo plazo y elevar la tasa de desempleo, como ha ido contando Vozpópuli.

Aunque se puede presuponer que cuando se desactive la cláusula de escape las normas fiscales volverán a estar en vigor, hay un debate encima de la mesa sobre la posibilidad de modificar esas reglas y hacerlas más adecuadas para la situación actual.

Las necesidades derivadas de la pandemia y el entorno de bajos tipos de interés ha llevado a los gobiernos europeos a endeudarse a unos niveles sin precedentes (en España la deuda pública ya ha alcanzado el 117% del PIB y hay otros países con ratios de deuda pública sobre PIB aún más altos), por lo que parece difícil que puedan a corto plazo ajustarse al objetivo del 60% del PIB que marca el PEC.

Existe un miedo a que la obligación de ceñirse a esas reglas, desactualizadas dada la situación actual, obligue a los países a aplicar políticas de austeridad una vez recuperado el crecimiento económico, a partir de 2023, por lo que es posible que se estudie un rediseño del Pacto de Estabilidad.

El Consejo Fiscal quería aplicar las reglas desde esta primavera

La prórroga de la suspensión que quiere aprobar Bruselas será muy superior a la que inicialmente contemplaba el Consejo Fiscal Europeo.

Este organismo, que asesora a la Comisión en materia fiscal, advirtió en julio del año pasado de que las reglas fiscales deberían volver a entrar en vigor en primavera de 2021. Sin embargo, la segunda y tercera ola de la pandemia y su impacto en la economía han llevado a Bruselas a posponer ese momento.