Hacienda libra a los inspectores de los nuevos controles sobre los bonus para funcionarios

La Ley de Función Pública que tramita el Congreso gana enteros como una de las normas más polémicas y con más contradicciones de la legislatura y su validación, que se antoja complicada -con enfrentamiento abierto entre PSOE y Podemos-, puede ser una de las últimas antes de que se disuelvan las Cortes. La negociación pendiente también puede verse afectada por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 28 de mayo y lo que implique de cara a las generales.

Crece la tensión esta semana en el seno de la Agencia Tributaria (AEAT) por la enmienda de Podemos que pretende elevar el Grupo A2 al A1, es decir, a técnicos de Hacienda a inspectores, entre otros cuerpos, sin el cumplimiento de requisitos hasta ahora establecidos. A la huelga que preparan los inspectores se suman ahora, en sentido contrario, las medidas extremas que anuncia el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) si la enmienda de Podemos no se incorpora.

Los propios inspectores llevan meses movilizándose por un acuerdo entre Hacienda y sindicatos paralelo a la ley que permite hacer funcionarios a interinos con un test. Y, desde que se conoció el texto de la Ley de Función Pública, claman contra la Disposición Adicional Séptima, que arroga la capacidad al Gobierno de "modificar a su antojo los cuerpos y las escalas de la Administración General del Estado durante un periodo de seis meses, siendo ésta una facultad que corresponde al legislativo". Así, podrá hacerse inspectores a los técnicos mediante un Real Decreto en los primeros seis meses de la próxima legislatura.

En este sentido, los inspectores han hecho público un comunicado en el que denuncian que es una "importante cesión a grupos de presión politizados" y que así se consagra una colocación "a dedo".

Pero es que más allá de esta controvertida disposición, la Ley de Función Pública intenta establecer más controles a la evaluación por desempeño, carrera y movilidad de los funcionarios. Algunos de estos han sido suavizados en el texto que finalmente entró en el Congreso, pero sí hay directrices de vigilancia sobre estos asuntos.

Pues bien, junto con la Disposición que dará seis meses de carta blanca al Gobierno para recolocar cuerpos, convive otra, que ha pasado desapercibida, que lo que hace es dejar fuera de las obligaciones y controles de la ley a la Agencia Tributaria (AEAT). Un auténtico "traje a medida" de la AEAT, según fuentes conocedoras.

Se trata de la Disposición Adicional Segunda, que establece que "los entes de derecho público del sector público estatal con legislación propia y especial autonomía en materia organizativa incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley [la Agencia Tributaria], podrán mantener y actualizar las excepciones recogidas en su legislación específica o en su ley de creación, así como los sistemas de carrera, movilidad y evaluación del desempeño que ya tuvieran implementados y en funcionamiento, que continuarán rigiéndose por sus normas o acuerdos específicos, adaptándolos, respetando su especificidad, a las normas o acuerdos relativos a esta materia que se aprueben en el marco de esta ley".

Colocación a dedo

La Agencia queda así fuera del sistema de carrera de la ley, más objetivo, y mantendrá su menor movilidad y posibilidad de mantenerse más de un año en atribución temporal de funciones, es decir, colocado a dedo.

También seguirá por libre con sus polémicos bonus, una bolsa de cerca de 200 millones de euros que seguirá gestionando la AEAT, y sin que haya transparencia sobre los criterios de la evaluación por desempeño.

El pasado abril los sindicatos de los funcionarios de la Agencia Tributaria pactaron con el Fisco el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (Peia) de 2023, que supondrá un incremento del bonus del 2,5%, a 108 millones, a cambio de que recauden más. A este Plan se pueden adherir todos los funcionarios de la AEAT, y convive con el bonus tradicional.

Los complementos de productividad en la AEAT son un asunto polémico por su vinculación a una mayor recaudación. Los reciben altos cargos e inspectores desde los Gobiernos de Felipe González, con incentivos para recaudar más. Esta retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la AEAT tomadas como base para su cálculo son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial. 

"Proteger" a los funcionarios

Fedea ha publicado este lunes un informe sobre la Ley de Función Pública que critica que a su juicio "busca "proteger" a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven. Mientras no se invierta esta relación, será muy difícil avanzar hacia una administración eficaz", considera.

Las principales novedades del proyecto tienen que ver con la carrera profesional de los funcionarios, la evaluación de su desempeño y el régimen de los directivos públicos profesionales, constata Fedea, asuntos sobre los que lamenta que el texto original contenía "algunos avances importantes, que se han limado" en el proyecto de ley remitido al Congreso. Y advierte de que también se han introducido algunas disposiciones "muy preocupantes que aumentarán las rigideces de la Administración y reducirán su ya limitada eficacia".

Entre ellos, el informe destaca que se haya acabado con la disposición por la que un desempeño insatisfactorio podía terminar comportando la pérdida del puesto de trabajo. "El proyecto de ley liga explícitamente la continuidad en el puesto de trabajo a una evaluación satisfactoria, pero sólo para los directivos públicos y abre esa posibilidad de forma titubeante para aquellos otros puestos a los que se haya accedido por concurso", detalla.

En esta materia, Fedea recomienda volver a la redacción del anteproyecto, que ligaba explícitamente la reiteración de resultados negativos en la evaluación con la remoción de los puestos obtenidos por concurso, ampliar el ámbito de la disposición a puestos de trabajo obtenidos por otros procedimientos e incluir la pérdida de grados consolidados o de tramos de carrera entre los posibles efectos de evaluaciones negativas reiteradas.

Los autores del informe destacan la necesidad la "necesidad de aumentar el nivel de exigencia en la selección de los directivos públicos, de reforzar su independencia y de dotarles de mejores herramientas de gestión, aumentando su capacidad de premiar el buen desempeño del personal y penalizar su falta de rendimiento, así como de asignar los recursos humanos y materiales a su cargo de la mejor forma posible". Piden potenciar los nuevos complementos de desempeño, evitando que se conviertan en un componente menor y cuasi-fijo del salario como ha sucedido con los complementos de productividad.

El informe de Fedea apunta que el cambio más negativo es "la introducción de la exigencia de negociación previa con las centrales sindicales en el caso de algunas actuaciones que deberían ser competencia exclusiva de los representantes o gestores públicos, al menos en lo que respecta a su diseño general". Esto afecta, explica, a los planes de recursos humanos contemplados en el texto como instrumentos de planificación, a la movilidad por necesidades del servicio y al diseño de los procedimientos de evaluación del desempeño. "Esta exigencia, que al menos en parte lleva a la norma lo que ya es una práctica habitual que debería abandonarse, dificulta enormemente la gestión de las Administraciones Públicas y tiende a reducir su eficacia y eficiencia", remacha.