Publicado: 26/11/2023 04:45
Actualizado: 26/11/2023 12:54
Agárrense que vienen curvas. El Gobierno asegura que quiere aprobar los Presupuestos cuanto antes y prevé tenerlos validados en el primer trimestre, lo que ha sido su principal anuncio en su primer Consejo de Ministros para mostrar iniciativa y tratar de enterrar el descontento con la amnistía. Pues bien, las dificultades que encara la tramitación de la proposición de ley de amnistía palidecen ante las que esperan a los Presupuestos. Unas Cuentas que deben contener ajustes de cerca de 20.000 millones ante la vuelta de las reglas fiscales y la vigilancia de Bruselas y, en las que a la vez los socios de Pedro Sánchez esperan concesiones multimillonarias, y que se enfrentan al veto inicial del Senado, y a las que incluso puede acechar la venganza de Podemos. Un escenario en el que los objetivos de estabilidad presupuestaria sólo podrían cumplirse con una subida importante de impuestos a las clases medias.
Respecto a la vigilancia de Bruselas sobre el gasto, hay que recordar que aunque las cesiones en los acuerdos de investidura más llamativas no tendrán un coste inmediato y en todo caso son difíciles de implementar -el caso de la transferencia de Rodalies a Cataluña y la de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco- el pacto con Sumar ya prevé gastos muy voluminosos y se esperan partidas cuantiosas en las Cuentas para el resto de socios. El año pasado, sin la tensión incrementada de los pactos de la recién inaugurada legislatura, los socios de Pedro Sánchez se llevaron cerca de 3.000 millones en los Presupuestos de 2023.
Más allá de los problemas económicos que todo esto puede suponer en una situación delicada para las cuentas públicas, la parte más política se presenta de una complejidad extrema. El Gobierno ha negociado con sus socios el apoyo a los Presupuestos junto a la investidura, lo que se percibía ya a la vuelta del verano que era su intención, refrendada por la presencia de María Jesús Montero en los encuentros y ella misma ha confirmado este jueves.
De hecho, el último punto del acuerdo con Junts se denomina "la estabilidad de la legislatura", eso sí, "sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos".
Este jueves Montero dijo en TVE que el Presupuesto "formó parte de las conversaciones" de investidura, pero admitió que aún así el Gobierno tendrá que ponerse en contacto con los diferentes grupos para garantizar que ambas partes cumplirán sus compromisos.
A nadie se le escapa que los socios no dejarán escapar la ocasión para reclamar partidas y que unos objetivos de estabilidad de cierta contención pueden propiciar disensiones, que en el caso de Podemos podrían proporcionarle una excusa para explicar a sus bases su voto en contra.
De entrada: el veto del Senado
Pero en cualquier caso, el escollo más importante se encuentra justo al principio: el poder de veto del Senado de los objetivos de déficit. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha modificado la Ley de Estabilidad y ahora se encuentra con un Senado de nuevo controlado por el PP y con que es imprescindible contar con una nueva senda de estabilidad.
Un poder de veto sobre dicha senda que ya utilizó la Cámara Alta en 2018, que retrasó la tramitación y contribuyó a que cayeran los Presupuestos de 2019, que murieron finalmente por el rechazo de ERC.
La situación es ahora mucho más complicada que en 2019. Hoy es imposible prorrogar los objetivos de deuda y déficit, con la vuelta de las reglas fiscales, suspendidas desde 2020.
En 2019, además, la situación fiscal era menos preocupante y Sánchez tenía el comodín de las elecciones, que ahora es imposible de activar. Entonces el del PSOE era un gobierno nuevo con el PP muy desgastado y ahora está quemado, ha perdido crédito con los acuerdos y tiene menos poder territorial.
Además del veto del Senado, se espera una actitud muy combativa del PP y de sus comunidades. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha apelado este miércoles al interés de las CCAA del PP en que haya presupuestos, pero lo cierto es que el que se prorroguen los del Estado no les impide sacar adelante los propios. Cabe recordar que los Presupuestos de 2018 estuvieron tres años en vigor. Nunca el principal partido de la oposición ha votado a favor de los Presupuestos y ello en momentos de menor enfrentamiento que el actual.
Los riesgos de la condonación de la deuda
La situación en la que se encuentran las comunidades autónomas va a dificultar además el cumplimiento de objetivos. Van a recibir el año que viene una liquidación de cerca de 14.000 millones por los ingresos excepcionales en IRPF e IVA por la inflación en 2022.
La condonación de la deuda de Cataluña, que se extenderá al resto de autonomías de régimen común, es también problemática. De entrada, debilita la credibilidad crediticia de España. Este rescate no eleva la deuda del Reino de España ante los mercados financieros, pero dificultará el cumplimiento del objetivo del déficit de 2024 y lanza un mensaje muy negativo a los mercados, de falta de cumplimiento, el llamado riesgo moral, que puede tener consecuencias para la financiación de la deuda estatal.
Esta operación pone muy difícil cumplir con el déficit del 3% comprometido en 2024. El déficit se está concentrando en la Administración General del Estado y la condonación ahonda el problema. El año que viene las comunidades no pagarán intereses y el Estado sí, con lo que sólo cabe que las autonomías acaben con superávit. La AIReF ha puesto esta condición para cumplir con el déficit de 2024, a la que ha añadido la supresión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Sin embargo, en el Plan Presupuestario que ha remitido el Gobierno a Bruselas se plantea que las comunidades van a tener un déficit del 0,1%.
Todo son incentivos para gastar cuando además se abre un periodo electoral en Cataluña.
Hasta aquí lo ya acordado conocido con los socios y que puede tener impacto en el corto plazo. Más cesiones de financiación bilaterales a Cataluña como las que el PSOE se compromete con Junts supondrán mayores desequilibrios en las cuentas. Y la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña -una especie de Cupo-, que los socialistas dicen en el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont no compartir pero que sí van a negociar, supondría la voladura del sistema de financiación autonómica.
Advertencia de Bruselas
La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno al Plan Presupuestario de 2024 presentado por el Gobierno el pasado 15 de octubre al considerar que sigue las recomendaciones sobre la prudencia en el gasto corriente.
Se trata de un Plan a políticas constantes que no incorpora ninguna iniciativa nueva por estar entonces el Gobierno en funciones y así plantea la retirada de todas las ayudas el 31 de diciembre, cuando Sánchez ya ha anunciado que la rebaja del IVA a alimentos básicos se va a mantener. Supone hasta junio 626 millones a las arcas públicas, 1.294 millones hasta septiembre. La Comisión Europea y la AIReF han avisado de que si no se retiran las ayudas no se podrá cumplir con los objetivos.
El Ejecutivo comunitario también ha advertido de la necesidad de presentar "lo antes posible" un proyecto actualizado.
Desde la Comisión han alertado de que la situación fiscal de España es "muy difícil". "Esperamos que el déficit esté por encima del 4% este año y por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025. Además, los niveles de deuda siguen muy elevados, alrededor del 108% este año y por encima del 106% en los dos siguientes. Así que la situación fiscal de España es difícil y requiere de una estrategia fiscal creíble", han comentado fuentes de la Comisión.
Dejar el déficit en el 3% desde el 3,9% que prevé el Gobierno para este año supondría un ajuste de unos 13.000 millones, que se situaría en cerca de 20.000 millones por los mayores intereses.
Montero ha fiado este jueves el cumplimiento del objetivo del déficit del 3% al crecimiento económico, que repercutirá en un aumento de los ingresos. "El crecimiento absorberá el grueso de la deuda y el déficit y seguiremos siendo capaces de sustituir el gasto no eficaz", ha dicho.
En el borrador de Plan Presupuestario, el Gobierno prevé un crecimiento del 2%, que la AIReF avala con riesgos a la baja, y la Comisión un 1,7%. Con este crecimiento se puede reducir el déficit una décima, poco más de 1.000 millones.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), señala que el crecimiento y la demanda interna se ralentizan mientras crece el desequilibrio de las cuentas públicas y los datos de empleo de octubre ya son malos. La inflación más contenida también significa que la recaudación crece menos. De la Torre ya lanzó un aviso sobre la situación para el nuevo gobierno tras las elecciones del 23-J.
Ahora considera que la situación es "muy difícil, con la deuda muy elevada", con lo que en 2024 pagaremos muchos más intereses por la deuda, porque hay que renovar deuda y financiar el déficit a unos tipos más elevados.
Y en un contexto de desaceleración en el que no se puede descartar que la coyuntura internacional empeore si el conflicto en Oriente Medio se extiende.
¿Fuerte subida del IRPF?
Este escenario aboca a una fuerte subida de impuestos, que debería ser en todo caso del IRPF de las rentas medias si se quiere que sea efectiva, y no de las rentas altas o muy altas o del ahorro, como incluye el acuerdo del PSOE con Sumar, que no aportan apenas recaudación.
En el Impuesto sobre Sociedades es difícil recaudar mucho más. La imposición de un tipo mínimo del 15% sobre resultado contable, en el que no se incluyen ajustes por lo tributado fuera ni por las bases negativas, que plantea el pacto con Sumar muy difícilmente daría los 10.000 millones que anunció Yolanda Díaz y lo que obtuviera sería a largo plazo.
Más allá de los problemas jurídicos que puede generar esta medida, que supone dobles imposiciones y que afecta al principio de capacidad económica, el principal contratiempo que aparece es que además es inútil. Como ocurría en EEUU con Obama, las empresas no se traen los dividendos y así se libran del gravamen.
A la espera de conocer el detalle, si opera para las de más de 20 millones de cifra de negocios como el tipo mínimo sobre base imponible en vigor desde 2022, el tipo sobre resultado contable perjudicará a las de menor tamaño y lastrará la inversión en I+D. Pero las grandes lo evitarán.
Se trata además de una fórmula diferente a la que propone la OCDE en su proyecto de Pilar 2 que no acaba de concretarse.
Del lado patrimonial queda poco margen salvo un endurecimiento del impuesto a grandes fortunas -junto con los de banca y energéticas- al que apuntó Sánchez en la investidura que tampoco podría ofrecer ingresos voluminosos y que tendría efectos negativos en la inversión.
Sí podrían subirse o crearse impuestos verdes pero no parece que el Gobierno se vaya a atrever, sobre todo en lo que respecta a los de carburantes, después de anunciarlos desde 2018 y no hacerlo.
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No se trata de engañar a nadie: Bruselas sabe desde hace años la situación económica española, entre otras cosas, porque es el BCE el que compra nuestra deuda. Se trata de obedecer las ordenes que le llegan desde el Consejo europeo y de la Comisión. Lo demás, les da igual.
El golpista sánchez, el levatandor de muros, saca a la calle a esa palmera de la chiqui, diciendo que la amnistía, va a mejorar el escudo social, se ha debido de olvidar que su jefe no ha dicho escudo, sino muro, y ese muro es contra mas de la mitad de los españoles, que es lo que han hecho siempre los comunistas, diferenciando a unos ciudadanos de otros, pero que hasta ahora no se habían atrevido a tanto en España, y ahora con este payaso, que lo mismo le da, que le da lo mismo, piensan que lo pueden conseguir, llevan mas de cinco años, invadiendo las instituciones del estado, para no tener obstáculos, que les puedan frenar las intenciones de imponer una dictadura, al mas puro estilo comunista bolivariano, y en eso están, espero que no lo consigan, y cuando cambie el sentido común de la gente, sepa a quienes hay que elegir para salir de este infierno, al que nos han llevado, y que todo el mundo que haya ayudado de una manera o de otra, a destruir el bien general, sean llevado ante la justicia, y paguen por sus acciones, no puede ser que a España la arruinen económica, social, cultural, políticamente, y sobre todo poniendo en riesgo la seguridad nacional, y se vayan de rositas, porque si esto cae en saco roto, no pararán de repetirlo.