Hacienda cuela a miles de interinos en la oferta de empleo público como exigía Podemos

El proceso de podemización de la Función Pública que se ha iniciado en esta legislatura se cuela en el último Real Decreto que le afecta. El Consejo de Ministros prevé aprobar in extremis este martes una Oferta de Empleo Público (OEP) récord en 2023 de cerca de 54.000 plazas, "al menos un 20% global más". El texto que ha propuesto el Gobierno a los sindicatos, al que ha tenido acceso Vozpópuli, establece un mecanismo para hacer funcionarios a interinos y para promocionar funcionarios con un test y una sobreestimación de méritos.

Sobre los interinos, se vuelve a abrir la ventanilla para hacerlos funcionarios hasta 31 de diciembre de 2024 -posibilidad que se cerró el 31 de diciembre de 2022- y así intentar que la temporalidad en el sector público quede por debajo del 8%, que exige la Comisión Europea. Aquí se alude directamente a hacer funcionarios a los interinos que gestionan el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, Hacienda ha trasladado en la reunión con los sindicatos este lunes que afectará a más interinos a los que se quiera estabilizar, según fuentes conocedoras.

En lo que respecta a promocionar funcionarios, en aras de la "retención del talento", y "en beneficio de la propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios públicos", el acuerdo establece que "la oferta de empleo público 2023 debe destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre" y estipula que "los procesos selectivos de promoción interna que se convoquen impulsarán el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre de 2022".

Se trata de un polémico acuerdo entre Hacienda y CSIF, UGT y CCOO, que no recoge ley ni norma alguna, tiene cierta validez jurídica y puede obligar a la Administración partiendo de que las bases de los exámenes no están reguladas en ninguna ley. Su objetivo, subir de escalafón a funcionarios con un test.

Este acuerdo, que ahora se establece en un Decreto, hace posible una vieja reivindicación del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) para la que se han aliado con Podemos: que los técnicos puedan ser inspectores con un test y pasar a controlar al Ibex, por ejemplo.

Pero no se ha aplicado, según denuncian los sindicatos firmantes. Pesan manifestaciones en contra de los altos funcionarios y un recurso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Esperan que el próximo gobierno lo revierta.

Esta subida de escalafón por la puerta de atrás la intentó instaurar la Ley de Función Pública, que ha decaído con el adelanto electoral.

Pues bien, el Real Decreto con la OEP de 2023 lo reactiva y plantea que estos procesos selectivos de promoción interna podrán ser convocados "preferentemente mediante convocatoria independiente" y "con la aplicación de criterios propios".

En los planes de formación, se impulsará el desarrollo de acciones formativas para la preparación de los procesos selectivos de promoción interna. Por otra parte, los departamentos ministeriales podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación de la promoción interna, tales como ayudas o becas u otro tipo de medidas, que se adoptarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, recoge la norma.

También desarrolla que las plazas de promoción interna no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2023, incluidas las que ya hubieran sido publicadas.

Interinos que no cesan

Todo este proceso arrancó con la Ley de Interinos, que crea el concurso-oposición y facilita que se hagan funcionarios, con el fin de reducir la temporalidad por debajo del 8% según exige Bruselas. Estableció un proceso para estabilizar interinos entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Ahora se abre una nueva ventana hasta el 31 de diciembre de 2024.

Unas disposiciones en el BOE vienen instando a los tribunales en procesos selectivos a incluir una lista de interinos que entrarían a formar parte de la plantilla de la Administración, según establece la Ley de Presupuestos. Esto ha llevado a los inspectores de Hacienda a manifestarse.

Sin embargo, a pesar de estos intentos y de las exigencias de la Comisión Europea, en el propio Decreto de la OEP de 2023 se permite seguir nombrando interinos: "Con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal".