Creen que los empleados públicos deben tener carácter nacional y sólo ser contratados por la Administración General para alejar el "clientelismo y partidismo funcionarial". Ponen el punto de mira al personal eventual y al de libre designación por su uso "irregular", asimismo piden recuperar los seis moscosos, el pago de las bajas laborales y la jubilación a los 65 años mientras dure la crisis económica. Abogan por cambiar el régimen disciplinario para acercarlo al de las empresas privadas.

El ajuste pendiente de empleo en las tres administraciones y en las casi 4.000 empresas públicas que dependen de ellas figura en la agenda del Gobierno con carácter prioritario y se hará aplicando las ventajas de la nueva reforma laboral: despido de 20 días con un máximo de doce mensualidades. Los ministerios, las comunidades y los ayuntamientos podrán alegar como motivo su elevado nivel de déficit.