Hacienda comunicó a Ferrovial que los motivos del cambio de sede están justificados

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) se reunió con el equipo Fiscal de Ferrovial el 2 de marzo en un encuentro en la que la empresa expuso su proyecto de salida de España al detalle y los inspectores de Hacienda analizaron la operación. A la espera de que la fusión se apruebe por la Junta este jueves, de que se registre, y Ferrovial presente su última declaración del Impuesto sobre Sociedades, lo que se prevé a partir del 13 de noviembre -el momento desde el cual la AEAT deberá pronunciarse de manera oficial-, en esta primera cita las dos partes coincidieron en todos los supuestos y en que la salida tiene motivos económicos válidos y no la búsqueda de ventajas fiscales, según trasladan fuentes de la empresa, que añaden que a la Agencia le pareció técnicamente soportada y no elevó reparos.

Hasta aquí, el análisis técnico. La actualidad política en la semana de la Junta viene marcada por una carta que ha enviado el Gobierno a Ferrovial este lunes con membrete del secretario de Estado de Economía. La misiva supone un movimiento insólito del Ejecutivo español, que plantea problemas jurídicos y que pone en un aprieto al Ministerio de Hacienda y, muy en concreto, a la Agencia Tributaria.

La carta de Economía podría constituir incluso un hecho relevante para la cotización de la empresa, que este martes ha caído un 1,32%, según trasladan abogados expertos en mercado de capitales.

Ha habido más cartas para presionar en operaciones transfronterizas, el caso de las del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que se anulara la opa de Atlantia sobre Abertis en 2017, pero no se filtró su contenido y se trataba de un movimiento que afectaba a una infraestructura estratégica española que el propio Consejo de Ministros debe avalar.

Pero no es el caso de una fusión inversa que implica un cambio de sede dentro de la libertad de establecimiento que rige en la UE como la de Ferrovial. Y es que la salida de España de la matriz de Ferrovial, que ni siquiera ha votado la Junta todavía, si ésta la aprueba sólo tiene competencias para analizarla la Agencia Tributaria, un organismo autónomo del que el Gobierno subraya su independencia.

Este martes, la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta se ha convertido en una especie de continuación de la carta del secretario de Estado de Economía. Preguntada por si están analizando la salida de Ferrovial, la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, no ha respondido que no puede hablar de contribuyentes concretos sino que ha dicho que se investigará el traslado y se sancionará a la multinacional con "cantidades importantes" si la salida obedece a motivos fiscales.

Si la AEAT dictamina que no hay motivo económico válido, el 'peaje' por las plusvalías latentes de la matriz de Ferrovial será de al menos 130 millones

Como viene informando Vozpópuli desde el pasado 2 de marzo, es la única vía de control que existe y ahí venían apuntado las declaraciones de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en distintas radios y en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno no puede vetar la salida pero sí puede imponer un peaje fiscal, el castigo que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen "motivo económico válido", a los que no permite acogerse al régimen de neutralidad que permite reestructurarse sin tributar, lo que Calviño ha denominado falta de motivación o "sustancia" de los argumentos de la compañía.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su capítulo VII, contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.

Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".

En concreto, si la AEAT dictamina que no hay motivo económico válido, se deberá tributar por las plusvalías latentes, lo que en el caso de la matriz de Ferrovial será de al menos 130 millones de euros. Es la cantidad mínima en juego que ha estimado para Vozpópuli el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid a partir de las cifras que ofrece la compañía en las cuentas anuales de la matriz, como publicó este periódico el 6 de marzo.

Pues bien, las declaraciones de la vicepresidenta primera apuntando a estos motivos sorprendían a los juristas, pero eran declaraciones. El problema ha venido este lunes con la carta que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha dirigido al consejero delegado de Ferrovial Ignacio Madridejos, en la que dictamina que no hay motivos económicos válidos.

Es decir, existe una carta oficial del Gobierno que se pronuncia sobre una operación que no se ha producido, y ni siquiera se ha votado y, sobre todo, sobre la que debe pronunciarse la Agencia Tributaria. Esta carta ha causado estupor en fuentes próximas a la AEAT, que han trasladado a Vozpópuli la tesitura en la que deja al organismo autónomo. Si considera que hay motivos económicos válidos, lo hace en contra de una posición oficial del Gobierno. Si no lo hace, se le puede acusar de plegarse a la presión del Ejecutivo.

Así se lo afea el propio Madridejos al secretario de Estado en la carta en la que le ha contestado este martes, en la que le acusa de "prejuzgar" y "condicionar" el criterio "puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos".

La misiva del Gobierno también ha generado sorpresa y malestar entre empresas y abogados que ven cómo sus consultas vinculantes sobre motivos económicos válidos, posibilidad que prevé la Ley de Sociedades, tienen entre tres y cuatro años de demora, lo que han denunciado como falta de seguridad jurídica y ha estado detrás del cese de la subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, Silvia López Ribas, según avanzó Vozpópuli el 3 de febrero.

Los motivos

Según la parte de la misiva que se ha filtrado y confirma Economía, en la carta del secretario de Estado sólo se menciona uno de los motivos que alega Ferrovial en el hecho relevante del 28 de febrero: la dificultad para la cotización directa en EEUU desde España.

Sobre este particular la empresa viene insistiendo en que la doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa "expedita y bien conocida", mientras que la posibilidad de lograrla desde España "carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación".

Ferrovial acusa al Gobierno de contradecirse sobre las dificultades para cotizar en EEUU desde España

Y ha acusado al Gobierno de contradecirse. El propio presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha declarado en el Congreso que podría hacerse pero que esto no significa "que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización en EEUU", ni que en este proceso "pueda aparecer una dificultad que ignoramos", ya que el visto bueno lo tienen que dar las autoridades estadounidenses.

En la misiva, el secretario de Estado de Economía esgrime que el Gobierno tiene sendos informes de la CNMV y de BME que avalan su tesis, informes que no prevé hacer públicos, según se le ha trasladado a este medio.

Hacienda ha avalado operaciones como la de Ferrovial

Pero es que Ferrovial alega más motivos para irse de España, uno de ellos, el acceso a mejores condiciones de financiación. Motivos que la Dirección General de Tributos ha aprobado en consultas vinculantes para casos similares. Esaú Alarcón, socio en Gibernau, explica que Tributos suele avalar las reestructuraciones empresariales como la de Ferrovial ya que entiende que hay un motivo económico que justifica la operación como reducir la estructura.

Son numerosas las consultas vinculantes que así lo dictaminan: las V2154-15, V1148-16, V0152-21, V0178-21 y V0267-16, según una selección de las más relevantes que han realizado fiscalistas para Vozpópuli. La V0267-16, por ejemplo, da luz verde a una fusión inversa en la que la empresa alega que pretende "obtener mejores fuentes de financiación".

"Obtener más fácilmente financiación en el futuro" es también lo que alega otra empresa en una fusión inversa en la V0152-21, que cuenta a su vez con el visto bueno de Tributos.