Hacienda eleva las exigencias presupuestarias de las CCAA en víspera electoral

Una de cal y una de arena. Las comunidades autónomas están afrontando las citas electorales con unos requisitos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda muy exigentes, en concreto, un objetivo del déficit del 0,6% este año, una reducción desde el 0,7% de 2021, lo que supone unos 1.200 millones de euros menos para gastar, y del 1,1% de 2020. Son unos parámetros orientativos, claro está, con la suspensión de las reglas fiscales en vigor desde 2020, que la Comisión Europea acaba de prorrogar para 2023.

Sin embargo, en el caso de las comunidades estos límites adquieren gran trascendencia ya que si no los cumplen, el Ministerio que dirige María Jesús Montero no les permite salir a financiarse a los mercados o en todo caso deberá autorizarles si no lo hacen.

En estos momentos, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana incumplen la referencia del déficit. En 2021 Comunidad Valenciana y Murcia superaron el objetivo.

Con esta referencia han tenido que elaborar los Presupuestos regionales de 2022. A esto se añade que las comunidades tienen este año menos dinero para gastar, en concreto, 15.737 millones de euros menos que en 2021. Todos estos factores han complicado el margen presupuestario de las regiones desde el pasado otoño y les están provocando tensiones, según trasladan fuentes autonómicas a Vozpópuli. En 2022 no disponen ya de los fondos Covid que tuvieron en 2020 y 2021. Todo esto, en un contexto de inflación rozando el 10%, con las elecciones en Castilla y León y Andalucía este año, y autonómicas en mayo de 2023.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado, el pasado julio, María Jesús Montero subrayó que las entregas a cuenta de 2022, de 112.213 millones, iban a ser históricas, que se abonaría la liquidación del IVA de 2017 a la que le ha obligado el Tribunal Supremo, por 3.100 millones, y que perdonaría las liquidaciones negativas de 2020 (se perciben con dos años de retraso), que cifró en 3.900 millones. Finalmente, teniendo en cuenta todos estos factores, en 2022 las regiones tienen 123.690 millones de euros para gastar, por 139.427 de que dispusieron en 2021, según cálculos de fuentes autonómicas con un poder adquisitivo mucho menor del esperado por la elevada inflación.

La que menos fondos recibe este año es Cataluña, 3.070 millones menos, seguida de Madrid con 2.742 millones, y Andalucía, con 2.398 millones menos en 2022 en comparación al ejercicio 2021. Madrid, Andalucía o Castilla y León pueden ahora financiase en los mercados.

Andalucía acaba de colocar 500 millones en bonos sostenibles justo antes de que empezara la campaña electoral, una emisión para la que ha recibido una demanda superior a los 750 millones en un entorno de tipos de interés al alza que va a encarecer el coste de financiación. En 2019, la Consejería de Hacienda de la región, que dirige Juan Bravo, ahora también vicesecretario de Economía del PP, mantuvo un pulso con el Ministerio de Hacienda, a quien acusaba de intervenirle por no dejarle salir a los mercados. Por incumplir las reglas fiscales el año antes, en el que la propia ministra fue consejera de Hacienda hasta junio.

El techo de gasto, "muy pronto"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó el 24 de mayo que el Gobierno llevará "muy pronto" el techo de gasto al Consejo de Ministros, el pistoletazo de salida de los Presupuestos, en los que "ya está trabajando". Pero no se trata meramente de los preparativos gubernamentales entre Ministerios para las Cuentas, sino que "ya se están negociando" con sus socios, detallaron fuentes del Ejecutivo en un momento en el que trata de cerrar la crisis por Pegasus.

La ministra quiso mostrar normalidad y que el procedimiento sigue los cauces habituales y se hace en tiempo y forma. En el caso del techo de gasto, debe estar aprobado antes del 30 de junio. En este sentido, Montero ha apuntado que la tramitación seguirá los plazos de los Presupuestos de 2022, que se negociaron con sus socios dentro de los plazos habituales.

Una vez que aprueben el límite de gasto no financiero o techo de gasto, éste se llevará al Congreso. En las Cortes se seguirá otro trámite. La suspensión un año más de las reglas fiscales que ha propuesto la Comisión Europea tiene que ser ratificada.

En las Cortes se seguirá otro trámite. La suspensión un año más de las reglas fiscales que ha propuesto la Comisión Europea tiene que ser ratificada.

Con casi un año de decalaje, Montero deberá convocar a las comunidades a otro Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que les comunicará las previsiones de 2023.