El golpe a las empresas del pacto Sánchez/Díaz asciende a más de 34.000 millones

El pacto de gobierno que han presentado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz este martes asesta un golpe de más de 34.000 millones de euros a las empresas en forma de subidas de impuestos y reducción de la jornada laboral manteniendo salarios. Llama la atención la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades sobre resultado contable para recaudar más de 10.000 millones de euros al año, pero con todo, la medida de más impacto es la reducción de la jornada laboral hasta los 37,5 horas, que tendrá un coste para las empresas de 20.000 millones al año.

Además, la reducción de jornada afectará especialmente a las pymes, según ha advertido CEOE, mientras que el hachazo en Sociedades se dirige a las grandes empresas. Reducir la jornada laboral de 40 horas a 37,5 incrementará el coste laboral en cerca de 20.000 millones de euros. Es el cálculo de Miguel Ángel García (Universidad Rey Juan Carlos y Fedea) sobre esta reducción de la jornada del 6,5% a partir de los datos de remuneración de asalariados del INE.

Esto se hará primero con una rebaja a 38,5 horas en 2024, lo que supondría unos 10.000 millones más, que serían ya 20.000 en 2025, en el que se quiere alcanzar el objetivo de 37,5 horas. A partir de aquí, se pretende seguir reduciendo la jornada en el diálogo social.

El alza de los impuestos prevé sufragar un paquete de medidas sociales que incluye la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas y de la cartera de servicios de la Sanidad Pública y ayudas para el dentista, gafas y lentillas.

En la negociación de los Presupuestos de 2022, Podemos alardeó de que había arrancado al PSOE la creación de un tipo mínimo de Sociedades del 15%, pero la medida quedó descafeinada por aplicarse sobre la base imponible, cuando la mayoría de grandes empresas tributa por encima de este tope.

Finalmente, el acuerdo rubricado este martes explicita que PSOE y Sumar han acordado que sea sobre resultado contable, lo que Díaz ha dicho que se hace en aras de la "justicia fiscal" que sustenta el pacto para que las empresas paguen "según sus verdaderos beneficios, sin ingeniería fiscal".

El resultado o beneficio contable recoge todos los beneficios de la empresa, incluidos los dividendos de sus filiales en el extranjero, que normalmente ya han tributado en sus respectivos países. La base imponible, que es sobre la que se paga el Impuesto sobre Sociedades, es el resultado de realizar una serie de ajustes al resultado contable, entre ellos eliminar los citados dividendos del exterior.

El problema de imponer un tipo mínimo sobre resultado contable es que no descuenta lo que hayan pagado en el extranjero, con lo que supondrá un notable incremento de la cuota a pagar a costa de incurrir en doble imposición. Esto traerá litigiosidad y puede llevar a que grandes empresas se vayan de España. Fuentes de la negociación no prevén sin embargo que esta medida entre en vigor en 2024.

Además de este incremento de Sociedades, se van a hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas. Las mismas fuentes explican que estos impuestos deberán reconfigurarse ya que ahora mismo son prestaciones patrimoniales temporales para 2023 y 2024.

De cara a 2025, se reharán con la intención de que recauden una cuantía similar a los 3.500 millones al año que preveían (que al final con las enmiendas que se incluyeron en el Congreso se quedaron en 3.000 millones).

También se plantea un incremento de las rentas del trabajo y del ahorro en el IRPF que no se cuantifica y cuando en la legislatura pasada ya se subió el impuesto a rentas altas y a las del capital.

Vuelve el Libro Blanco

Hasta aquí los impuestos que se concretan, porque luego podrían venir muchos otros que no se detallan y sobre los que hay dudas. El pacto quiere "dar continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas" e impulsar "una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura".

Con todo, la presión fiscal en España se redujo ligeramente en 2022 hasta el 38,73% del PIB desde el récord del 39% de 2021, incluyendo impuestos y cotizaciones sociales. Aunque la recaudación creció en términos homogéneos un histórico 15% en 2022, la presión se redujo ligeramente por el crecimiento del PIB. En todo caso, se encuentra ya muy cerca de la media de presión fiscal de la UE, que se situó en 2021 en el 41,7% del PIB (42,5% en el área euro).

"Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias", remacha el acuerdo, un objetivo que recuerda mucho al que se marcó el Gobierno de cara a la reforma fiscal en 2021, que no se ha hecho, y a los compromisos con Bruselas en el Plan de Recuperación en el terreno tributario, que tampoco.

De hecho, el acuerdo vuelve a incidir en la armonización fiscal y dice que se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios", en alusión a una armonización al alza de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha declarado que este impuesto será permanente mientras no se logre una reforma de la financiación autonómica, lo que se augura complicado.

Respecto a los impuestos verdes, sobre los que no se ha hecho nada que no estuviera ya en curso antes de la pandemia a pesar de los compromisos con Bruselas a cambio de fondos UE, el acuerdo es vago e incide en que lo que se haga, que parece poco, será con compensaciones. Fuentes de la negociación ven muy difícil que haya subidas de diésel y gasolina.