El Gobierno oculta los informes de la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña

El apagón informativo del Gobierno sobre las concesiones a los partidos independentistas de Cataluña que apoyan la presidencia de Pedro Sánchez se extiende también a las inversiones públicas que está realizando el Estado en esta región. Estas han aumentado exponencialmente desde que el líder socialista necesita el apoyo de Junts y ERC para mantenerse en La Moncloa.

La ‘ocultación, ya que no se trata de un retraso, parece evidente. Curiosamente, la fecha de publicación prevista del 29 de septiembre de 2023 coincidió con la de la segunda votación del debate de investidura a la presidencia del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PP que no consiguió los votos necesarios, y con lanzamiento de Sánchez a una nueva investidura y a la posterior presidencia del Gobierno con el apoyo clave de los partidos independentistas catalanes. Y, curiosamente, el 30 de mayo fue el día siguiente del anuncio de Sánchez de la convocatoria de elecciones generales anticipadas (23-J), tras el fiasco del PSOE de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales celebradas dos días antes. 

El último informe existente sobre la liquidación de las inversiones públicas en Cataluña, y demás regiones, corresponde al primer semestre de 2022 y se publicó el 11 de octubre de ese año. Ya entonces, dichas inversiones se habían convertido en moneda de cambio con ERC (instalado en la Generalitat), que facilitó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Gobierno aprobaba los indultos de los políticos catalanes y la supresión de los delitos de sedición y malversación. Así, en los primeros meses de 2002, el gasto presupuestario en esta partida de los ministerios se había disparado un 456% respecto a los créditos iniciales a través de Transportes, Ese aumento tenía que ver con el pago a Abertis por parte del Estado de 1.100 millones de euros, por la reversión de los tramos catalanes en las autopistas y la compensación por la finalización de la concesión, así como por los menores ingresos que obtuvo la compañía en la crisis después de invertir en esta comunidad en la construcción de un tercer carril. 

Según los datos de la IGAE, con los datos existentes sale que la inversión pública ejecutada en esta comunidad ha ido creciendo exponencialmente desde que Sánchez llegó a La Moncloa, a media que ha ido necesitando los apoyos de los partidos soberanistas. El incremento del gasto acumulado supera el 30% (hasta más de 4.000 millones de euros), entre 2019 (primer ejercicio completo del Gobierno del PSOE) y el primer semestre de 2022 (últimos datos disponibles), respecto a las asignaciones del Gobierno de Mariano Rajoy en los cuatro ejercicios anteriores. 

Premios a Cataluña

Para 2023, el Gobierno había vuelto a premiar a sus socios catalanes y preveía una inversión inicial, a través de los organismos de la Administración General y sobre todo de las empresas públicas, de más de 2.500 millones, es decir, el 17% del total de las inversiones del Estado en el conjunto de las autonomías, casi el doble que en Madrid (la primera economía regional del país) y de Andalucía (la autonomía con mayor población). 

En todo caso, este proceso de concesiones de dinero público, sin que se conozca la letra pequeña de lo que ya ha comprometido el Gobierno -o de lo que queda para atender la creciente demanda de los dos partidos catalanes- se ha activado en los últimos meses de 2023 y será una de las claves de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 (y de la legislatura), con la aparición de Carles Puigdemont en la escena política y en la agenda de apoyos de Sánchez así como con la presentación de la Ley de amnistía.

Además, aún queda por conocer el alcance del pacto de noviembre pasado del Gobierno con ERC, asumiendo el compromiso de que la inversión pública estatal en Cataluña se ajuste a la proporción de su economía en el conjunto nacional, medido en términos de PIB nominal (19% en la actualidad). Esta reivindicación no es nueva.  Figura en la Ley del Estatut, pero el Gobierno y los partidos catalanes olvidan que el Tribunal Constitucional liberó al Estado de tal obligación en la sentencia que enmendó dicha Ley. Es decir, consideró inconstitucional esta demanda.

En este acuerdo, en el que el Gobierno ha ofertado condonar 15.000 millones (más 1.300 millones de intereses) de la deuda catalana con el Estado y el ‘traspaso’ de los trenes de cercanías (el Estado mantiene unas inversiones plurianuales superiores a los 1.000 millones), Sánchez se compromete “a alcanzar un nivel de financiación e inversión suficientes” sin que se sepa en cuál será ese grado de suficiencia. 

Parece que ha habido un interés y una intencionalidad política en ‘ocultar’ dicha información, en el momento en que más interés público podría despertar la inversión estatal en Cataluña

En todo caso, uno de los argumentos tradicionales de los partidos políticos catalanes ha sido siempre la denuncia de la infraejecución en infraestructuras en la región. Lo mismo podrán decir otras autonomías, ya que es habitual que los gobiernos metan la tijera a las previsiones de las inversiones previstas para encajar el déficit cuando se les ha disparado el gasto presupuestario de otras partidas.

Sin embargo, Cataluña es la región más premiada por Sánchez en esta materia. Por ejemplo, ya en plena campaña electoral, la entonces ministra de Transportes (Raquel Sánchez) señaló que esta región se había consolidado como la primera comunidad autónoma en el ranking de inversión del Estado y facilitó cifras: 1.150 millones en obras en ejecución; 1.200 millones más en licitaciones o procesos de adjudicación; 1.050 millones en proyectos en redacción en carreteras, y cerca de 2.900 millones en proyectos de Adif. 

Hasta ahora, nunca se habían ‘volatizado’ los datos del grado de ejecución de las inversiones reales del Estado (sólo el informe del primer trimestre de 2022 había registrado un retraso de 10 días). La información viene publicándose desde 2009 a través de Hacienda en aplicación del artículo 60 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2008. La IGAE, que depende de Hacienda, es el organismo encargado de su elaboración con la información que obtiene del Sistema de Información Contable, de la que facilitan las CCAA y de la que deben proporcionar las entidades integrantes de los sectores públicos empresariales y fundacionales que han de remitir al Tribunal de Cuentas.

Es evidente que algo ha fallado o que, como parece más probable, ha habido un interés y una intencionalidad política en ‘ocultar’ dicha información en el momento en que más interés público podría despertar la inversión estatal en Cataluña y en el resto de comunidades, sobre todo en la mayoría ahora gobernadas por el PP. Fuentes oficiales achacan este incumplimiento a “dificultades técnicas” en la recogida de los datos y en la información.

En la oposición se desconoce las causas, ni siquiera ha preguntado por la ausencia, mientras que en fuentes próximas a la IGAE señalan que este cuerpo ha cumplido con su trabajo. Lo único cierto es que no son públicos los informes que el Gobierno debería haber facilitado y que parecen haberse convertido en ‘material políticamente sensible’.