El flamante e inédito estudio sobre la vivienda social desarrollado por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pone cifras oficiales a un fenómeno sobre el que el Gobierno pretende legislar con la nueva "ley estatal por el derecho a la vivienda". 

De acuerdo a las cifras tenidas en cuenta por el Ejecutivo, en España haría faltan 1,7 millones de "viviendas sociales"; esto es, viviendas de titularidad pública o con algún tipo de protección sobre el precio destinadas al alquiler, para que la cuota de este tipo de viviendas en el mercado se equipare con la media europea.

Para dimensionar esa cifra, valga recordar que la patronal de promotores, la Asociación de Constructores Promotores de España (ACPE), calculaba, antes de la pandemia, que en España había demanda potencial para 1,5 millones de nuevas viviendas en total hasta 2030.

El informe del Gobierno hace hincapié en la escasa representación que tiene la vivienda protegida en el mercado nacional respecto a la media UE. Frente al 2,5% de cuota que tienen las viviendas de alquiler protegido en España, la media europea es del 9,3%. El consenso es que se trata de viviendas cuya renta supone un 35% o menos de los ingresos del hogar.

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De acuerdo al estudio del Gobierno, desde 1981 en adelante 10.969.914 viviendas, de las que el 21% fue construida originalmente como vivienda protegida. La mayoría de estas acabaron pasando al mercado libre de la compraventa en un país como el español que ha sido tradicional y culturalmente de propietarios hasta la crisis inmobiliaria.

Esta última dañó al sector inmobiliario en general y en especial a la vivienda protegida hasta el punto de que en 2019 solo se levantaron 1.031 viviendas protegidas de alquiler. La vivienda protegida pasó de suponer el 47% de la promoción de viviendas entre 1981 y 1990 al 3,2% en el período entre 2010 y 2019. En la última década, solo el 20% de la vivienda protegida ha sido de iniciativa pública. La inversión estatal en vivienda pasó del 0,18% del PIB en 2007 al 0,10% en 2017.

El Banco de España ha recomendado apostar por el desarrollo de la vivienda social ante la subida de los precios en el mercado del alquiler, destacando la apuesta en este sentido del País Vasco.

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"Significativo" número de segundas residencias

Paralelamente, el estudio del Gobierno incide en que el número de segundas residencias sobre el total es "significativamente superior" al de otros países europeos.

En España hay 39 segundas residencias por 100 principales, mientras que la media UE es de 19 segundas residencias por cada 100 viviendas, según las cifras recogidas por el Gobierno.

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El boceto del anteproyecto de la ley presentado oficialmente a los medios habla de los siguientes objetivos: regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general; blindaje de la función social de la vivienda; promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables; refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible; refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia y transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

Además de las medidas 'covid' (micropréstamos, suspensión de desahucios, etc.), el Ejecutivo ha presentado el plan 20.000, un proyecto de promoción público-privada de 20.000 viviendas de alquiler asequible en las zonas más tensionadas, entre otros proyectos de medidas de fomento al desarrollo de nueva vivienda. Los fondos y promotoras ya ven filón en el segmento, para el que se estima un margen de inversión potencial de 136.000 millones de euros.

Viviendas vacías

El Mundo ha informado de que el Gobierno fijará en la nueva ley un concepto de vivienda vacía que obligue a sus propietarios a ponerlas en alquiler. Desde el ministerio de Transportes se han limitado a decir a este medio que eso "es una interpretación". 

El último estudio gubernamental no da cifras de viviendas vacías en España. Las cifras que se barajan en el sector a día de hoy oscilan entre un puñado de decenas de miles y las 500.000 viviendas (cifra que de ser cierta equivaldría al número de viviendas protegidas). 

El 50% de las viviendas vacías se concentraría en Cataluña, Valencia y Andalucía y entre las provincias con más viviendas vacías en términos absolutos aparecen Madrid, Alicante, Barcelona y Castellón.