El gigante alemán RWE inició su batalla legal contra España en diciembre de 2014. La decisión original se publicó en 2019 y exigió al país una serie de compensaciones en relación con siete plantas de energía renovable que vieron alteradas sus condiciones financieras a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables.
Unas primas que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tumbó el equipo de Mariano Rajoy. La condena impuso a España un pago de 28 millones de euros a la energética alemana. La estrategia de la Abogacía General del Estado en España ha sido buscar todas las vías para evitar este pago.
En marzo de 2024, un comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, ha anulado la solicitud del Gobierno español en relación con la condena impuesta a nuestro país en el caso que afecta a la alemana RWE.
El comité valida la sentencia original del CIADI, en la que se indicaba a España que no puede invocar el Derecho de la UE para eludir sus compromisos en materia de derecho internacional como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. Asimismo, la resolución niega el recurso del gobierno español y certifica que no hubo ninguna "extralimitación de facultades o manifiesta” en el procedimiento original, que condenó a España.
España recibe otro golpe internacional
El panel de juristas acordado por ambas partes en el marco jurisdiccional del CIADI se ha pronunciado a favor de la compañía germana, rechazando así el razonamiento de la Abogacía General del Estado, que consideraba que el tribunal se extralimitó en sus facultades al condenar a España. Los juristas que tomaron la decisión fueron la finlandesa Carita Wallgren-Lindholm (presidenta), el guatemalteco Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y el irlandés Colm O Hoisin.
Asimismo, la decisión niega que, por existir un marco regulatorio común en el seno del sector energético europeo, se pueda alegar que existe "alguna incompatibilidad con el TCE o su aplicación del TCE". Las 26 condenas impuestas a España suman en torno a 1.800 millones de euros en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora.
