Antonio Garamendi recibe a Vozpópuli en la sede de CEOE poco después de fracasar el último intento para prorrogar los ERTE. El presidente de la patronal está atado estos días a una agenda frenética, sujeta a los cambios que ha provocado una negociación que no se antojaba tan difícil. De la ampliación de los ERTE depende el futuro de miles de empresas y de los más de 600.000 trabajadores que sobreviven gracias a la ayuda del Estado.

Garamendi cree que es pronto para retirar los estímulos que han sostenido a la economía durante la pandemia. Por eso se niega a firmar un acuerdo en los términos que plantea el Gobierno y, en particular, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El líder de los empresarios españoles reflexiona sobre la recuperación, la llegada de los fondos europeos y las relaciones con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y muestra su inquietud por la parálisis en la SEPI que ha provocado el rescate de Plus Ultra.

Pregunta.- Los empresarios se niegan a aceptar la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE, principalmente por el planteamiento del ministro Escrivá, que penaliza a las empresas que mantienen a sus trabajadores en ERTE. ¿Por qué es tan dañina esta propuesta para los empresarios?

Respuesta.- El criterio del Gobierno es: te pongo una zanahoria, te doy dinero para abrir. El criterio de los empresarios es: yo abro porque hay demanda. No creo que 2,9 millones de personas hayan salido de los ERTE porque que se ahorran algo en la Seguridad Social dos meses, sino que han abierto porque ven que pueden abrir su restaurante, porque tienen negocio, tienen demanda… En estos momentos, tenemos tres meses por delante en los que vamos a ir entrando en la actividad pero en los que todavía mucha gente está atrás.

Todavía hay restricciones en la hostelería tanto de horarios, como de aforos. Por poner un ejemplo, los fuegos artificiales, por mucho que les pongan una zanahoria no va a haber fuegos artificiales en verano. Los hoteles, por ejemplo, se abrirán en algunas zonas, pero en las ciudades no va a haber actividad. Los aviones este mes están al 20% de su capacidad, el que viene estarán al 30% y como mucho llegarán al 50%. ¿Qué significa? Que todavía hay muchos trabajadores que están fuera del mercado.

Nosotros entendemos que a esas empresas no se las puede dejar atrás. Después del verano hablaremos de otra cosa, pero en este momento no tiene ningún sentido que se dé mucho más dinero a gente que va a abrir en cualquier caso, en vez de a gente que no puede abrir. Es muy sencillo, el Gobierno cree que es un incentivo para que el abra, pero entonces que equilibre ese gasto. Esperamos que el Gobierno o que el ministro en este caso cambie de opinión.

En este momento no tiene ningún sentido que se dé mucho más dinero a gente que va a abrir en cualquier caso, en vez de a gente que no puede abrir

P.- ¿Le ha sorprendido la postura del ministro Escrivá en esta fase final de la negociación, teniendo en cuenta que siempre ha tenido un perfil más moderado? ¿Falta sensibilidad con los empresarios?

R.- Yo creo que se ha empeñado en una posición con la que se equivoca. De hecho, la vez pasada también lo alertamos: el modelo de Escrivá es mucho más costoso para el Estado que lo que planteamos nosotros. Los 2,9 millones que se han reincorporado al trabajo no lo han hecho porque un señor haya puesto 100 euros para quitarles la Seguridad Social… Tú abres tu hotel, tu restaurante o tu negocio porque tienes capacidad de abrir y tienes demanda. Nadie está pensando: vamos a abrir porque nos van a dar 100 euros más. Nadie monta un negocio porque le dan una subvención, montas un negocio porque crees que es bueno.

Creo que es más el empeño de un ministro en querer imponer un criterio. Que lo imponga, pero que no se olvide de estas empresas. La gente quiere abrir y quiere trabajar, nadie quiere estar cerrado. Creo que a nadie le interesa tener a gente en ERTE.

El modelo de ERTE que plantea Escrivá es mucho más costoso para el Estado de lo que planteamos nosotros

P.- La campaña de vacunación va avanzando y la crisis va retrocediendo, ¿cuándo sería el momento de retirar estímulos a los empresarios?

R.- Bueno, vamos a aclarar un tema: el grueso de los ERTE es el coste del paro. Es mucho más barato para el Estado los ERTE que el paro, porque las empresas pagamos una parte. El primer planteamiento del ERTE es la protección de los trabajadores. A la vez se protege a las empresas porque si no esa gente no volvería. Luego dentro de los ERTE, en un tercio no hay exoneraciones. Están pagando la Seguridad Social.

A esto hay que agregar las ayudas, que todavía no han llegado. Es que aquí el problema que tenemos es que al comienzo de la crisis habría un problema de liquidez –liquidez es ‘préstame dinero que te lo devuelvo’-, ahora hay un problema de solvencia –‘ni se te ocurra prestarme porque no te lo voy a devolver’-. La gente está muy asfixiada.

P.- ¿Cuándo cree que van a llegar al tejido productivo estas ayudas? ¿Será demasiado tarde?

R.- El Gobierno hizo una norma, se permitió que las comunidades autónomas interpretaran las ayudas y hay algunas como Canarias que las están interpretando y hay otras que siguen atascadas. El hecho concreto es que de momento estas ayudas no están llegando y eso es un problema, porque hace falta que lleguen ahora. En este momento la pelota está en el tejado de las comunidades que tienen que empezar a implementarlas y que tienen capacidad de interpretarlas. Pero hoy por hoy a las empresas no ha llegado.

Antes habría un problema de liquidez, ahora hay un problema de solvencia. La gente está muy asfixiada

De todos modos, se habla de ayudas, pero yo lo llamo compensaciones. Las empresas pagamos la Seguridad Social, hemos pagado toda la vida, y ahora muchas están cerradas, como consecuencia de una pandemia, pero por orden administrativa. Lo digo porque a veces te dicen que te están regalando algo. No, hemos pagado toda la vida la Seguridad Social y ahora pedimos una compensación porque si no muchas empresas irían al juzgado, porque la realidad es que no pueden abrir porque por orden administrativas las han cerrado.

P.- Cuando pase la negociación de los ERTE, ¿uno de los retos de la patronal será la negociación de las reformas laboral y de pensiones?

R.- Tenemos ahora dos negociaciones que nos llevarán este año. Uno es el tema de las pensiones, que se está trabajando y va a ir en dos fases. La primera la estamos negociando ahora y estamos avanzando. El tema de la Seguridad Social es bastante complicado porque es un tema actuarial, a veces digo que con la ideología es muy difícil gestionar. Lo que no queremos es que aquí se diga ‘qué bien está todo’ y al final lo paguemos las empresas, porque perderemos competitividad. Por ejemplo, hay temas que nos tendrá que explicar el ministro, como la especie de competencia desleal que se pretende organizar contra el sector financiero y asegurador, con respecto a los fondos privados de pensiones.

P.- Y también está la reforma laboral…

R.- Sí, la otra es la famosa derogación total de la reforma laboral, que ahora es la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, mañana será la mejora de… no sé. Nosotros sabemos una cosa. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos y cuando nosotros hablamos de la reforma laboral, no sólo la CEOE sino Bruselas, la Unión Europea, el FMI, la OCDE, el BCE… la ponen como un ejemplo de algo que se hizo que en el fondo es la adaptabilidad de las empresas para superar incluso la anterior crisis.

Ahora, cuando Bruselas dice que hablemos de la reforma laboral, está planteando temas que no son la reforma laboral. Cuando la ministra, ahora vicepresidenta, va a ver a Dombrovskis, él no le ha dicho nada de lo que dice.

Nos dicen que somos los malos de la película, pero hay un millón de personas en el sector público con contratos temporales

Bruselas lo que dice es que tenemos que reducir contratos y evaluar el efecto de la dualidad del mercado laboral. Pero quiero aclarar una cosa: de cada cuatro trabajadores en España, tres son indefinidos y uno tiene contrato temporal. Entre otras cosas esto es por el propio sistema del turismo. Eso dice Bruselas que tenemos que ver cómo se arregla.

En el sector privado, el 25% de las personas efectivamente está en esta situación, pero es que en el sector público son el 35%. Nos están diciendo que somos los malos de la película, pero es que en España hay un millón de personas en el sector público con contratos temporales, especialmente en sanidad y educación.

Cuando llegue el momento, Yolanda Díaz tendrá que ponerse el gorro de ministra, porque su obligación es ser ministra

P.- ¿Cree que las últimas declaraciones de la ministra Díaz sobre derogar la reforma laboral pueden obedecer más a un planteamiento político o ideológico, para posicionarse de cara a su partido o la ve capaz de iniciar un viraje hacia posiciones más radicales?

R.- A nosotros nos toca trabajar con mucha praxis y tranquilidad, y centrarnos en hablar de las cosas del comer. La política debe jugar su partido y nosotros tenemos que centrarnos en lo que creemos que es bueno para el país, para las empresas. Cuando oigo a los sindicatos hablar de derogar entiendo que es parte de su mensaje y lo respeto. Cuando la ministra hace esas declaraciones en estos momentos puede pesar el cambio que está habiendo en su partido.

Vamos a ver hasta dónde llega. Pero cuando llegue el momento, tendrá que ponerse el gorro de ministra, porque su obligación es ser ministra; tendrá que aparcar el gorro político. Si quiere llegar a algún acuerdo, y hemos llegado a muchos, tendrá que sentarse con el gorro del Gobierno.

P.- ¿Ve al Gobierno capaz de sacar adelante las reformas que exige Bruselas y que recomiendan tantos organismos independientes? No lo tiene fácil, con discrepancias internas en el Consejo de Ministros y un equilibrio tan complicado en el Parlamento.

R.- La reforma de las pensiones, de entrada, la tiene que sacar adelante el Parlamento. Se le aplica mucho criterio político, por eso no se sabe si va a salir adelante y si va a ser eficaz. En cuanto a la reforma fiscal, quizá va en sentido inverso a lo que estima el Gobierno. No es el momento de subir impuestos. Nosotros creemos que a más bases imponibles y menos tipos se recauda más. Por ejemplo, Andalucía suprimió en 2019 el impuesto de Patrimonio, que suponía 300 millones de euros; después se acabó recaudando 600 millones.

Es fundamental que la actividad privada entre en los fondos europeos, que no se quede sólo en lo público. Lo que a nadie el gustaría es que acabemos en un Plan E

Siempre se dice que en España tenemos menos presión fiscal que en otros países. Pero si se divide lo que se recauda por el número de españoles que realmente pagamos, la presión fiscal es muy superior, sin contar con las cotizaciones sociales que son un 30% superiores a las de Europa. El problema es que en Europa la economía sumergida es un 13% y en España un 24%. Es decir, hay mucha gente que no paga y eso supone miles de millones que generan una competencia desleal con las empresas que no pagan.

P.- CEOE abandonó el grupo de trabajo que creó Yolanda Díaz para estudiar la subida del salario mínimo. ¿Teme que el Gobierno recupere esta iniciativa sin contar con los empresarios?

R.- Un grupo de trabajo no es el diálogo social. Es una gente que elige el Ministerio, que son presuntamente expertos. Nosotros ya tenemos muchos expertos, que son los empresarios de este país. Por eso nos negamos a participar en estos grupos, porque distorsionan el diálogo social. Si no estamos en la mesa del salario mínimo es porque no queremos darle rango a un informe que será de parte, no queremos salir en esa foto.

P.-Los fondos europeos deberían empezar a circular pronto por la economía española. ¿Confía en que serán bien gestionados? ¿O cree que hay riesgo de despilfarro?

R.- Es una oportunidad histórica para España, pero primero tienen que llegar. Tenemos reuniones cada 15 días con el Gobierno, con los ministros implicados y hemos hecho un informe elaborado con grandes despachos y consultoras. Tal y como está montado el sistema de subvenciones es muy difícil la gestión. Es fundamental que la actividad privada entre, que no se quede sólo en lo público. Lo que a nadie el gustaría es que acabemos en un Plan E. Vamos a trabajar intensamente para que los fondos cambien la economía de verdad. Por eso es importante que llegue a las pymes.

P.- ¿Le preocupa que la SEPI no haya rescatado a ninguna empresa desde que salvó a Plus Ultra? Esta parálisis está afectando a decenas de empresarios que necesitan ayuda.

R.- Lo hemos planteado en reuniones con el Gobierno. Es preocupante que esta historia haya burocratizado y paralizado todo. La realidad es que en estos momentos hay una larga cola de empresas que necesitan ese fondo y que están desesperadas porque no se están atendiendo sus necesidades. También puede haber problemas, por esa burocracia, con el fondo de Cofides para ayudar a las pymes. Tal y como está planteado va a ser difícil acceder. Por eso nos preocupa y también se lo hemos trasladado al Gobierno.

La realidad es que en estos momentos hay una larga cola de empresas que necesitan los fondos de la SEPI y están desesperadas

P.- ¿Echa en falta más transparencia en el proceso del rescate de Plus Ultra?

R.- Lo que haya pasado con Plus Ultra se resolverá como se tenga que resolver. Pero lo importante es que se agilicen los mecanismos para las empresas que necesitan la ayuda y cumplen las condiciones.

P.- ¿Qué le parece que una nueva patronal, que acaba de nacer y rivaliza con CEOE (Conpyme), haya recibido el apoyo de la ministra de Trabajo y de la esposa del presidente del Gobierno?

R.- Se autodenomina patronal pero hablamos de un colectivo marginal entre los autónomos, en comparación con ATA. Hablamos de organizaciones menores con gente en busca de protagonismo, y con ciertos sesgos. Los dos millones y medio de empresas están aquí, las grandes, las pequeñas y los autónomos. Y 5.000 organizaciones que representan a todos los sectores y todos los territorios.
La presencia de la ministra fue un error, supongo que lo habrán evaluado. Ahí se equivocaron. Pero no voy a darle más importancia de la que tiene porque no representan a nadie.