Los funcionarios amenazan a Sánchez con movilizaciones: "Está muy mal informado sobre nuestros salarios"

Estupor entre los sindicatos de los funcionarios ante la afirmación de Pedro Sánchez de que pretende desvincular su salario del IPC, a imagen de lo que quiere que se haga en el "pacto de rentas" de la empresa privada que alienta. Planteamiento para atajar la inflación desbocada mientras se mantiene inamovible la vinculación de todas las pensiones. Y, sobre todo, como si fuera novedoso. Y es que el Gobierno ya desvinculó el salario de los funcionarios del IPC en los Presupuestos de 2022 y así lo decidió unilateralmente, sin negociar y lo comunicó el pasado octubre.

"El presidente del Gobierno está muy mal informado sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de negociación de nuestros salarios, que dependen del Ministerio de Hacienda. Ya hemos solicitado una reunión a la ministra. No se puede hurtar la negociación salarial a los representantes sindicales de la Función Pública. No es democrático", traslada Miguel Borra, presidente de CSIF

En todo caso, añade Borra, "Pedro Sánchez debería saber que las empleadas y empleados públicos llevamos contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 con una pérdida media del poder adquisitivo del 12% y que a día de hoy no hemos recuperado. Los funcionarios además ya están sufriendo recortes en la prestación sanitaria de sus mutuas como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno".

En marzo de 2018, Cristóbal Montoró cerró el primer acuerdo general en la Función Pública desde que empezó la crisis financiera. Los sindicatos venían encadenando caídas del poder adquisitivo de dos dígitos desde el gran ajuste que realizó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, bajo amenaza de intervención de Bruselas. El acuerdo de Montoro incluía una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante 2018-2020, en función de cómo evolucionara el PIB y del cumplimiento del objetivo de déficit de 2020.

En 2019, el alza salarial se situó en el 2,5% y en el 2% en 2020, cerca de un punto por encima del IPC. Ese año, María Jesús Montero aprobó la última subida del pacto que dejó su antecesor, más de un punto por encima del IPC. En 2021, validó un aumento de los salarios de los empleados públicos del 0,9%, con el IPC, a pesar de la crisis de la pandemia y de los ajustes que ha realizado el sector privado.

Pues bien, el pasado septiembre, cuando el IPC se empezó a desbocar, el Gobierno desvinculó desde el primer momento el salario de los funcionarios e impuso un alza del 2% para este año, cuando la inflación ya se situaba en el 3,3%, y subiendo hasta el 7,6% en diciembre. Y lo hizo sin negociación.

Ahora, CSIF "exige una reunión urgente para abordar los efectos de la crisis en las Administraciones Públicas, para negociar un refuerzo de los servicios públicos y la recuperación del poder adquisitivo perdido a medio plazo. Si el Gobierno no atiende a los empleados públicos y las medidas contra la crisis dañaran nuestras condiciones laborales y los servicios públicos, CSIF realizará una campaña de movilizaciones en toda España: Reclamamos un acuerdo para que los empleados públicos no vuelvan a ser los ‘paganos de la crisis’ y recuperen en un plazo razonable su poder adquisitivo", destaca Borra.

Este escenario se presenta además en un contexto en el que instan a mantener las ofertas de empleo público y reforzar el Estado del bienestar, que creen que ha quedado muy tocado tras el covid: sanidad, educación, servicios sociales, Seguridad Social, el SEPE o la Inspección de Trabajo.

"Los que hemos hecho un esfuerzo salarial somos los funcionarios y así se lo trasladamos a Hacienda, que dice que no puede hablar de salarios hasta junio", subrayan desde CCOO. "Haremos las movilizaciones que tengamos que hacer", advierten. En este mismo sentido se ha pronunciado UGT.

Los pensionistas, intocables

Sánchez no sólo ha planteado la desvinculación, sino que siendo los salarios de los funcionarios competencia directa y única suya, los ha vinculado al pacto que cierren empresarios y sindicatos, "donde no sólo se tiene que hablar de salarios, también de reparto de dividendos y beneficios por parte de las grandes empresas". En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho en Antena 3 que espera que los agentes sociales, de los que ha destacado su "extraordinaria responsabilidad para con su país" en los dos años de pandemia, puedan llegar a alcanzar el mencionado acuerdo de rentas.

Este reparto de la inflación no alcanza sin embargo a los pensionistas, ni siquiera a los que cobran las pensiones más altas, como ha recomendado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El Gobierno se mantiene inamovible en su determinación de librarles del reparto, a pesar de que se perfila un gasto ya de cerca de 190.000 millones, más del 14% del PIB. Y a pesar de que la Comisión Europea está presionando para que el Gobierno desligue las pensiones de la inflación y reparta los efectos de la crisis, como avanzó este periódico.