El español que más cara le planta a Sánchez no se apellida Feijóo

Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contienen algunas falacias que deberían desmontarse con datos, no con eslóganes. Las cuentas públicas presentan un fallo claro de estructura (el cuadro macroeconómico) y un evidente maquillaje preelectoral (el gasto social récord). Ambas premisas han servido esta semana para agitar el debate en las redes y las tertulias. Sólo un español, sin embargo, se ha ‘atrevido’ a argumentar con criterio por qué la hoja de ruta del Pedro Sánchez puede acabar como el cuento de la lechera. Hablamos del gobernador del Banco de España. 

Pablo Hernández de Cos es el responsable último del informe que su economista jefe, Ángel Gavilán, presentó el pasado miércoles. El documento lo elaboró el equipo de expertos en coyuntura de la institución (el mejor de España) y fue presentado un día después de que Nadia Calviño y María Jesús Montero presentaran las grandes cifras presupuestarias en La Moncloa. La vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda ‘vendieron’ unos Presupuestos con "la mayor partida de gasto social de la historia para reforzar el estado de bienestar". También una revisión de las previsiones económicas que incluye un crecimiento más que aceptable del PIB (2,1%).

En las 22 horas que transcurrieron desde esa comparecencia hasta la presentación de Gavilán, los economistas del Banco de España dieron los últimos retoques a unas diapositivas cargadas de dinamita. Las expuso el director general de Economía y Estadística de la institución después de asestar la primera estocada al optimismo gubernamental. Según el Banco de España, el PIB crecerá un 1,4% el próximo año, siete décimas menos de lo que augura Calviño. Tampoco funcionarán como espera el Gobierno las inversiones en bienes de equipo y construcción. El Ministerio de Economía las identifica como el auténtico motor de la recuperación en 2023 (con un incremento fulgurante del 9,5%). El Banco de España hunde ese indicador hasta el 1,7% (cinco veces menos).

El equipo que lidera Hernández de Cos ve incertidumbres donde el Gobierno sitúa los brotes verdes. Calviño aseguró el martes en Moncloa que "la economía española se mantiene hasta el momento en una senda de crecimiento fuerte y sostenido y no hay síntomas de desaceleración económica". Un día después, el Banco de España advertía del "deterioro de los indicadores de confianza", la "debilidad en otros indicadores de consumo y actividad", el "descenso en la facturación empresarial" o la "pérdida de vigor del empleo".

El Banco de España es mucho más escueto a la hora de identificar los avances. Habla de un "leve repunte de la demanda como factor que limita la producción industrial" y de una "temporada turística en verano que ha superado las expectativas". Sin embargo, advierte de que su débil previsión de PIB para 2023 está calculada sin tener en cuenta factores 'vivos' que podrían empeorar, como posibles "medidas severas de racionamiento de gas", una escalada adicional en la guerra de Ucrania o nuevos problemas con "los cuellos de botella" que llevan obstaculizando el comercio internacional desde la pandemia.

Los economistas de la institución creen que la economía no puede crecer como espera el Gobierno por dos razones. La primera es la debilidad del consumo de los hogares, "penalizado, especialmente, por el deterioro de la confianza, la caída de la renta real y el endurecimiento de las condiciones financieras". La segunda golpea directamente en la línea de flotación del cuadro ‘macro’ de Calviño. El Banco de España revisa a la baja la inversión privada en los próximos trimestres, "por el deterioro en las perspectivas globales" y el débil "ritmo al que los fondos del programa NextGenerationUE se estarían filtrando a la economía". El Ejecutivo confía, precisamente, en que esos mismos fondos lleguen con gran fluidez a las empresas y sirvan de repulsivo para disparar la inversión.

El informe del Banco de España choca contra el Ejecutivo con la misma intensidad con la que el gobernador viene criticando la partida más controvertida de los nuevos Presupuestos: el gasto en pensiones. Hernández de Cos. "Hoy somos más pobres de lo que éramos antes del incremento de los precios energéticos. Hay una pérdida para el país y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", alertó el pasado 1 de junio en el Congreso de los Diputados. El mensaje levantó ampollas en el Gobierno de coalición (Yolanda Díaz y José Luis Escrivá contestaron airados). Pero el gobernador continuó haciendo campaña a favor de un pacto de rentas que incluya no solo a empresarios y trabajadores, sino también a pensionistas y funcionarios. 

A juzgar por lo ocurrido, Hernández de Cos ha tenido poco predicamento. Los Presupuestos, presentados este jueves, plasman una revalorización general de las pensiones en línea con el IPC, que rondará el 8,5% (8,7%, según el Banco de España). Los salarios de los trabajadores públicos subirán un 3,5%, menos de lo que deseaba el colectivo pero mucho más de lo que están firmando por convenio los españoles con nómina. Lo contaba en Vozpópuli Jesús Martín: sólo un 11% ha firmado un incremento superior por convenio. 

El Banco de España ve incertidumbres donde el Gobierno sitúa los brotes verdes. Pero las advertencias del gobernador han caído en el mismo saco roto al que también han ido a parar las críticas de Feijóo

La revalorización de las pensiones contribuirá a engordar, más aún, la factura monumental de la Seguridad Social. Es esta partida, de hecho, la que ayuda a Moncloa a vender los Presupuestos "con la mayor partida de gasto social de la historia para reforzar el estado de bienestar". Las cuentas públicas prevén un gasto total de 485.986 millones, de los que 190.685 millones se destinarán a pagar las pensiones. La subida paralela al IPC tendrá un coste extra cercano a los 15.000 millones, y la mejora salarial a los funcionarios sumará otros 20.502. Pensiones y sueldos públicos absorberán, nada menos, que el 43% del gasto.

Al igual que sucede con las previsiones económicas, el Banco de España siempre ha argumentado con cifras sólidas los riesgos que implica subir tanto las pensiones. Según sus cálculos, ligar las subidas a la inflación y derogar el factor de sostenibilidad acarrearán un incremento del gasto anual de entre 3,2 y 3,5 del PIB (unos 40.000 millones). Más relleno para la bola de nieve inmensa que soporta la Seguridad Social. Más hipoteca para las generaciones futuras, con menos individuos y peor pagados, que tendrán que pagar las facturas atrasadas.

Las advertencias del gobernador han caído en el mismo saco roto al que también han ido a parar las críticas de Alberto Núñez Feijóo. El mismo día en que el Banco de España actualizaba sus previsiones, el líder de los populares aseveraba en Twitter que "el PP quiere devolver a las familias el dinero perdido con la inflación y Sánchez prefiere gastarlo y seguir endeudando a los ciudadanos". El hilo de tuits contenía otros mensajes, con mucho eslogan y poco dato. Ni lo uno ni lo otro, en cualquier caso, plantearán obstáculo alguno al líder socialista en su huida hacia delante.