Las empresas y los hogares españoles son los más pesimistas de toda la Unión Europea en cuanto su futuro cercano y pronostican para el arranque de 2021 un decrecimiento económico, en contra de la visión optimista que se mantiene en el resto de países. 

Según el Indicador Compuesto Adelantado (CLI, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía española no experimentará una mejora a corto plazo dado que el índice que mide las expectativas no ha parado de bajar desde el mes de junio de 2020; mientras que en el resto de países, la tendencia alcista que se inició en el mes de abril, después del batacazo de marzo, ha sido consiste a lo largo de todo el pasado año.

La utilidad de este indicador radica en que ofrece señales anticipadas -con una antelación de entre seis meses y un año- de los próximos puntos de inflexión al alza o la baja que van a producirse en la actividad económica, lo que permite prever la evolución de la economía a corto y medio plazo.  En el caso de España, la tendencia descendente que ha seguido el CLI desde el mes de junio demuestra que no se espera un repunte sustancial de la actividad económica por lo menos hasta mediados o finales de 2021. 

Motivos de desconfianza

Este déficit de confianza a corto plazo contrasta con el optimismo de las previsiones oficiales, que pronostican para este ejercicio un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que podría oscilar entre el 7,2%, en el escenario más moderado, y el 9,8%, en un escenario de máximos en que se consiguiera la plena absorción de los fondos europeos

A España le corresponden 150.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación, de los que el Gobierno espera ejecutar 27.000 millones en este ejercicio. 

Sin embargo, la esperanza en que esta ejecución se pueda llevar a cabo de forma íntegra va diluyéndose a medida que se retrasan los trámites europarlamentarios, lo que podría posponer la aprobación de los planes de cada país y la liberación de las ayudas. El próximo martes está previsto que la Comisión vote el reglamento que regulará el mecanismo y a partir de ahí podrá ir analizando cada uno de los planes nacionales para darles su visto bueno.  A la incertidumbre sobre la celeridad con la que llegaran los fondos europeos y la capacidad que tenga el Ejecutivo de inyectarlos en la economía nacional, se suman las dudas sobre la vacunación y los posibles retrasos respecto a los planes iniciales, lo que podría también incidir en la actividad económica y aplazar el crecimiento más hacia la recta final del año, como ya contó Vozpópuli.