El Banco Mundial tumba el intento de España de eludir el pago de 31 millones por las renovables

El tribunal del Banco Mundial niega otro recurso de España para eludir el pago por otra derrota en los tribunales internacionales por el cambio regulatorio en las primas a las renovables. En este caso, el Gobierno recurrió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) los 31 millones de euros que le exigen pagar a la corporación japonesa JGC Holdings por la retirada retroactiva que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a las primas renovables que puso en marcha el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El pasado 6 de febrero de 2024, el CIADI emitió la decisión de un comité ad hoc encargado de juzgar la solicitud de anulación presentada por el Gobierno de España en relación con la condena a favor de JGC Holdings, que denunció el 22 de junio de 2015 al Reino de España por la retirada retroactiva de las primas renovables. 

La compañía nipona inició de esta manera un largo proceso que se zanjó el 9 de noviembre de 2021, cuando se emitió la pertinente sentencia. El laudo condena a nuestro país al pago de 23,5 millones de euros, cifra a la que hay que añadir alrededor de 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas. La factura total ronda los 31 millones de euros.

El laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial concluye que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos anunciados entre 2010 y 2014, procedió a denunciar a nuestro país. 

España se negó a pagar

Tras la publicación del laudo, España se negó a resarcir a la empresa japonesa y presentó una solicitud de anulación. Esa estrategia judicial vuelve a tumbarse por parte del CIADI con la resolución definitiva de este comit, que certifica la plena validez de la sentencia y confirma la obligación de indemnizar a JGC Corporation según lo establecido en el laudo publicado hace algo más de dos años. 

España ha sufrido un total de veintiséis condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros. 

Embargos y más arbitrajes

Ante los impagos reiterados de estas obligaciones, las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero.

De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares. Además, está en marcha un proceso de default técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia. 

Para poner fin a esta problemática, las empresas afectadas reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia o Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago.