Baile de enchufes y finiquitos: Sánchez cambió a uno de cada cuatro altos cargos en 2022

La quinta remodelación de Pedro Sánchez en el Gobierno, con la salida de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias (candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas), y la llegada de Héctor Gómez y José Manuel Miñones (ambos con carnet del PSOE) a Industria y Sanidad está iniciando un nuevo proceso de cambios en los escalafones siguientes de altos cargos en los ministerios implicados. Es lo habitual cuando se produce una crisis de Gobierno. Sin embargo, la novedad es el permanente 'baile' de ceses y nombramientos desde que Sánchez llegó a La Moncloa.

Este vaivén da una idea de la improvisación con las personas elegidas en muchos casos, de la pérdida posterior de confianza y también de su ineficiencia en algunos supuestos. A ello contribuido el elevado número de ministerios y de altos cargos, así como al desgaste y el roce político entre los socios del primer Gobierno en coalición y también la elección para estos puestos de personas de confianza procedente de los partidos, en lugar de optar por los altos funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) -en teoría más cualificados-.

El baile de altos cargos ha supuesto también un incremento de su coste (los secretarios de Estado y cargos similares pueden cobrar el 80% de su salario durante dos años después de su salida) hasta aproximarse al récord de casi 100 millones de euros anuales, con unos ingresos individuales medios entre 70.000 y 130.000 euros, según la antigüedad en caso de proceder de la función pública. Lo más llamativo entre los ceses es que por primera vez hay ex altos cargos que se suman a la lista de parados para cobrar la prestación y que buscan empleo.

Según los datos que elabora el ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la AGE, en el último año se produjeron casi 200 (197 exactamente) tomas de posesiones. Se corresponden con las declaraciones de actividades y de bienes en el acceso al cargo e incluyen un nuevo aumento de estos efectivos, hasta alcanzar el récord de 762 (con los diputados y senadores la cifra supera los 1.300). Lo que supone que prácticamente uno de cada cuatro de estos puestos han sido remozados o cambiados en 2022. 

En la actual XIV Legislatura, iniciada en enero de 2020, se han producido más de 750 nuevos nombramientos. Se mantienen, por ejemplo, algunos del anterior Gobierno que tenían comisionado un mandato superior a cuatro años. Y es precisamente 2020, primer año de Gobierno PSOE-Podemos, el ejercicio que registra una cifra récord de cambios de altos cargos, ya que alcanzó los 321.

Los ministerios de Podemos han sido y siguen siendo los más activos en este tipo de reajustes con personas que no proceden de las Administraciones. Es decir, han preferido ‘importar’ del exterior y ajeno a la función pública a este tipo de personal de confianza. Es el caso de la Secretaria de Estado de la Agenda 2030, Lilith Verstringe; o el director general de los Derechos de los Animales Sergio, Antonio García. Incluso, cuando se han producido cambios en los ministerios adscritos a este partido (Derechos Sociales, Consumo, Universidades y Trabajo), los nuevos responsables han variado los equipos anteriores que habían sido conformados con personas próximas.

Enchufes de Podemos

Por ejemplo, Verstringe sustituyó a Enrique Santiago, que al quedarse sin empleo se ha incorporado al Congreso, al tener acta de diputado por Podemos. En 2021, año de la dimisión de Pablo Iglesias, el ‘baile’ de nombramientos y ceses afectó a 232 altos cargos. En ese año se produjeron otras remodelaciones del Gobierno que afectaron, entre otros, a Sanidad, Cultura, Política Territorial, Justicia y en las vicepresidencias. Lo que es evidente es que las crisis de Gobierno acentúan el carrusel de cambios y sobre todo cuando se produce un vuelco político en el Ejecutivo tras unas elecciones o una moción de censura. Así, en el segundo semestre de 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura en junio, se produjeron 375 nombramientos, cuando en el primer semestre sólo se habían registrado 37 nuevas tomas de posesión. 

Los ministerios de Podemos han sido y siguen siendo los más activos en este tipo de reajustes con personas que no proceden de las Administraciones

Que Sánchez y su Gobierno no dan con la idoneidad de los nombramientos lo demuestra el dato de las áreas en que se han producido esos ajustes. Los cambios han afectado a áreas importantes del Ejecutivo, sobre todo las que implican al reparto de los fondos europeos (Mecanismo de Recuperación y Resilencia). Por ejemplo, Jorge Fabra, que era asesor de asuntos económicos en Presidencia del Gobierno, ha sido nombrado director general de estos planes, mientras que se han producido varias salidas de los altos cargos encargados de gestionar estas ayudas.

Al mismo tiempo, la ministra de Asuntos Económicos, descontenta con los datos estadísticos oficiales, ha nombrado a una nueva directora del INE (Elena Manzanera). Mientras, Álvaro López fue nombrado director general para la gestión de la deuda del Tesoro Público. También han aparecido nuevos altos cargos relacionados con la representación en la UE (Pascual Ignacio Navarro y María Dolores Lledó han sido nombrados secretario de Estado y secretaria general), así como en Defensa (Amparo Valcarce es la nueva secretaria de Estado) y Esperanza Casteleiro fue ascendida al frente del CNI. Y hay que sumar también el nombramiento de la nueva directora de RTVE (Elena Sánchez) o la embajadora ante la Santa Sede (la exministra de Educación, Isabel Celaá). 

Altos cargos en el paro

Según los datos de Haciendas, ha habido de todo en este ‘baile’ del personal de confianza del Gobierno y en particular entre los ceses. Lo más llamativo es que por primera vez hay ex altos cargos que se han sumado a las cifras del paro. Es la consecuencia de que más del 15% de los nombramientos proceden del sector privado, de no tener garantía alguna de volver a reintegrarse al partido (su antiguo puesto suele estar ocupado por otra persona) o de no encontrar empleo en las empresas tras varios años en la actividad política.

Casi media docena de altos cargos salientes se encontraban en 2022 en situación de demandantes de empleo y algunos cobrando la prestación. Es el caso de Amanda Meyer, exdirectora del Gabinete de la ministra de Igualdad. Otros sólo manifiestan estar en paro, como María Pacheco, exdirectora general del Programa de Protección Internacional y Atención Humanitaria del ministerio de Inclusión y Seguridad Social; o César López, exdirector de la Autoridad Portuaria de Ceuta del Ministerio de Transportes. Se trata de casi un 5% de los cargos cesados. 

En todo caso, la mayor parte de los salientes (60%) se han reintegrado a la función pública, es decir, al anterior puesto o similar, pese a la controversia que suscita estar a las órdenes de sus sustitutos, aunque de momento, al mantenerse en el poder el mismo Gobierno que les nombró y cesó, no entran en un proceso de aislamiento administrativo o político como suele sucede cuando se produce un cambio de partido en el Ejecutivo. En este supuesto, lo habitual es que se les relega a desempeños sin acceso a información política sensible para evitar que la puedan transmitir al partido en ese momento en la oposición. Otro 15% de los efectivos, procedentes de la Administración, han sido promovidos para ocupar otros puestos. Por ejemplo, el ex director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha sido nombrado secretario de Estado de Hacienda, mientras que Javier Arce, ex director general de Economía, ha pasado a ocupar el mismo cargo en el BCE. 

De los salientes, el 12% ha conseguido empleo en el sector privado. Por ejemplo, Albert Medrán, exdirector de la Oficina del Alto Comisionado para España de Presidencia del Gobierno, ha sido contratado por la consultora Llorente y Cuenca, en la que han recalado otros altos cargos. La exministra de Exteriores Arancha González Laya ha fichado por Danone. Otro 5% han cobrado o están percibiendo la indemnización o pensión compensatoria a que tienen derecho los ministros, secretarios de Estado o cargos similares, como Pablo Iglesias y varios consejeros del Banco de España, de la CNMC o del Consejo de Seguridad Nuclear o la ex directora del CNI. Además, otro 3% ha optado por la jubilación directa o han pasado a la reserva en Defensa, mientras que casi media docena manifiesta no ejercer actividad alguna, entre ellos Carlos Escribano expresidente de Expasa, empresa del ministerio de Agricultura.