Los 'finiquitos' de exministros y altos cargos cuestan más de 10 millones al año

La exsecretaria de Estado de Igualdad Noelia Vera, adscrita a Podemos, cobra al mes desde noviembre de 2021 hasta julio de 2023 una indemnización de 7.049 euros por cesantía de su cargo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Josep María Serena, que recibe 7.312 euros hasta mayo de 2024; o con el exsecretario general Manuel Rodríguez Martí, también de este organismo, que percibe 6.601 euros mensuales hasta mediados de 2024; o con el presidente emérito del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que, desde octubre de 2021, obtiene 12.709 euros que seguirá ingresando hasta noviembre de 2023…

Son algunas de las indemnizaciones que mantiene el Gobierno y a las que tienen derecho los exministros, exsecretarios de Estado, las personas que ocupan la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, y el Jefe y secretario general de la Casa del Rey tras el abandono de su cargo. A ellos se han ido sumando los responsables de los organismos institucionales (desde el Consejo de Estado al Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas) o incluso el Defensor del Pueblo. Se trata de una retribución 'diferida' de su sueldo tras su cese, incompatible con otro sueldo público o privado desde 2012, ya que pueden cobrar el 80% del salario anual durante los dos años siguientes como máximo o durante el mismo periodo en que estuvieron en el cargo en el supuesto de no cumplir los 24 meses. Se cobra mensualmente pero hay exmagistrados del Tribunal Constitucional que han percibido la indemnización en un único pago.

Mientras, los asalariados españoles tienen que acumular seis años de cotización para recibir la prestación de paro durante dos años (de hasta 1.100 euros al mes con cargas familiares) o durante cuatro meses si han cotizado un año. En nada se parece a la indemnización privilegiada que reciben estos altos cargos, que se creó en 1982 y que ningún partido se ha planteado su supresión o reducción a pesar de los tiempos convulsos de un déficit y una deuda pública desbocados.

Este 'chollo', otro gasto superfluo más de los Presupuestos, supone un gasto anual de más de 10 millones de euros (que han copiado también las comunidades autónomas), incluyendo las indemnizaciones a los ex parlamentarios, y que se incrementa en los años en que hay baile de cargos en el Gobierno, secretarias de Estado o en los organismos institucionales y reguladores. El coste se acelerará posiblemente en los próximos años cuando dejen el puesto muchos de los actuales ex dirigentes ante las posibles dificultades que puedan tener en encontrar una salida profesional ajena a la actividad pública o política.

No hay que olvidar que muchos de los altos cargos que han cesado en legislaturas anteriores procedían de la Administración, a la que han podido volver, o de actividades profesionales del sector privado, a las que han podido incorporarse por disponer de cierto prestigio curricular. Pero, ahora, hay muchos cargos políticos que han hecho carrera laboral en los partidos, desde, por ejemplo, las nuevas generaciones o el 'enchufismo', y hay además muchos currículos que dejan vacías las casillas relacionadas con la formación académica o la experiencia profesional. Es decir, ante la falta de oferta laboral, van a tener que amarrar esos dos años de cesantía que les brinda la actual legislación.

Sólo el PP se atrevió a realizar una pequeña modificación en 2012 a la norma, con mayoría absoluta en el Congreso, cuando la economía se apuntaba a la segunda recesión y el déficit se situaba por encima de los dos dígitos, al incompatibilizar ese cobro con cualquier otra retribución derivadas de actividad pública o privada. Y es que desde 1982 hasta 2012 (durante 30 años) los exministros y altos cargos han podido sumar, por ejemplo, la indemnización por cese y al sueldo de diputado o de senador o al de su vuelta a la Administración o al despacho profesional privado. Una auténtica bicoca que Mariano Rajoy modificó, pero que sigue siendo un privilegio en plena crisis, ya que algunos están aprovechando la cesantía para no jubilarse con la pensión pública máxima de 2.500 euros brutos al mes, mientras pueden cobrar entre 7.000 y 10.000 euros.

Incluso, hay casos de ex altos cargos que podrían incorporarse a su actividad profesional ordinaria por su buena situación profesional, pero deciden tomarse esos dos años sabáticos remunerados por el erario público. La indemnización se creó mediante un acuerdo entre PSOE y UCD en la Ley de Presupuestos de 1981 (entró en vigor en 1982) para acabar con la pensión vitalicia de que disfrutaban los exministros franquistas y acabar con el privilegio de que venían disfrutando todos los ex miembros de los gobiernos desde el reinado de Isabel II a mediados del siglo 19.

Hasta 2012, los exministros y altos cargos podían sumar la indemnización por cese y al sueldo de diputado o de senador o al de su vuelta a la Administración o al despacho profesional privado

En la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se encuentran diversas partidas que siguen habilitando este gasto. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas dispone de 229.600 euros para las pensiones de expresidentes y de más de 1,3 millones para "las remuneraciones de transición para los exconsejeros", es decir, indemnizaciones del 80% del sueldo mientras deciden reintegrase a la vida profesional pública o privada. En todo caso, las cantidades pueden aumentar mediante una modificación del crédito habilitado. Algo similar sucede con el Tribunal Constitucional.

Para pensiones del expresidente, este organismo dispone de 152.510 euros (12.709 euros al mes en 12 pagas) mientras que a remuneraciones de transición dedica más de 793.000 euros. Esta institución permite percibir global o fraccionadamente la indemnización que tras tres años en el cargo permite cobrar el 100% del sueldo anual y que, en caso de fallecimiento, se transmite "con su misma extensión, alcance y contenido al cónyuge e hijos por mitad".

Por su parte, el Consejo de Estado (institución a la que pueden acceder los expresidentes de Gobierno de forma vitalicia con un sueldo muy por encima de los 100.000 euros, es decir, más de tres veces la pensión máxima pública) tiene habilitados 68.470 euros para pagar la indemnización del expresidente y casi 165.000 euros para los ex consejeros.

La sección presupuestaria de Clases Pasivas tiene también una partida de más de 2,1 millones para pensiones de exministros y asimilados y es que en el artículo 51 de un Real Decreto de 1987 (con el PSOE en La Moncloa) se decidió que los todos los miembros del Gobierno desde entonces, así como los expresidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado que fallecieran con posterioridad a 1 de enero de 1986 "causarán pensiones de viudedad, orfandad y en favor de padres". A la lista se sumaron también los casos del expresidente del Tribunal Supremo, del CJPJ, del Defensor del Pueblo y Fiscales Generales del Estado.

Se trata de una retribución ‘diferida’ de su sueldo tras su cese, incompatible con otro sueldo público o privado desde 2012, ya que pueden cobrar el 80% del salario anual

Según la memoria que acompaña a los presupuestos hay ahora en vigor 1.116 pensiones de esta índole. En Presidencia del Gobierno la dotación para los expresidentes del Gobierno (para disponer de una oficina propia de trabajo) es de 298.320 euros (unos 75.000 euros por cada uno de los cuatro en esta situación: González, Aznar, Zapatero y Rajoy). Pero la cifra es superior ya que no incluye el coste de dos funcionarios a su disposición, un vehículo con "conductores" y su seguridad. Para la indemnización de los exministros existe en esta sección una partida de 453.120 euros y a casi medio millón de euros asciende el coste de la retribución diferida a los exsecretarios de Estado.

Los parlamentarios también mantienen sus históricos privilegios indemnizatorios a pesar de que en 2012 también se modificaron. En la actualidad, cuesta más de tres millones de euros anuales que el Congreso y el Senado complementen las pensiones (hasta la prestación máxima de la Seguridad Social) de los políticos que llegaron a las cámaras antes de 2012 y que no cotizaron lo suficiente para obtener esta pensión pública. Sus señorías también tienen derecho a cobrar una especie de subsidio de paro, pero no tiene nada que ver con el de los trabajadores, que cubre salarialmente el periodo de disolución de las Cortes en caso de convocatoria de elecciones hasta que empiece la nueva legislatura (unos 50 días de sueldo con un coste casi tres millones de euros cada vez que sucede).

Los políticos cobran también una indemnización por cese de actividad cuando no se les incorpora en las listas de su partido o no resultan elegidos (reciben una mensualidad de su asignación constitucional por año de mandato con un límite de hasta 24 meses y es incompatible con otra remuneración). Además, el Congreso tiene habilitados 100.000 euros para la indemnización del expresidente. En el Senado, y en otros departamentos, no se consigna esta partida y se diluye en la de subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

Los altos cargos con mayor indemnización

Sólo es posible, gracias a la ley de Transparencia, conocer estos sueldos diferidos a partir de 2012, año a partir del cual se ha suavizado el coste al introducir la incompatibilidad. Aunque el listado oficial está incompleto, hay casos llamativos. Los más beneficiados son los que tenían en el momento del cese un sueldo más elevado, entre ellos los miembros de los órganos institucionales y los reguladores. El top se encuentra entre quienes están cobrando o ya ha cobrado por encima de los 200.000 euros.

El alto cargo que lidera este ranking es Juan José González Rivas, expresidente del Tribunal Constitucional, que cuando llegue noviembre de 2023 acumulará una indemnización de 305.016 euros; Julio Segura, expresidente de la CNMV, recibió entre 2012 y 2014 casi 237.000 euros; Bernardo Lorenzo, expresidente del Mercado de las Telecomunicaciones percibió más de 225.000 euros entre 2013 y 2015 y el exvicepresidente Marcel Coderch también de este organismo superó los 214.000 euros; Luis Pedroche, exconsejero de la CNMV obtuvo 208.000 euros; y, por ejemplo, Alberto Lafuente, expresidente de la Comisión Nacional de la Energía, cobró 204.000 euros.

Entre los casos de los exministros y exsecretarios de Estado del Gobierno actual se encuentra Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, que percibió más de 27.000 euros en poco más de cinco meses en 2021 (los que ocupó en el Ejecutivo); Iván Redondo, exconsejero áulico de Sánchez, que cobró más de 27.000 euros en cuatro meses; Isabel Celaá, exministra de Educación, anotó más de 29.000 euros en poco más de cuatro meses hasta su nombramiento oficial de embajadora en el Vaticano; y Pedro Duque, extitular de Ciencia e Innovación, ha cobrado más de 45.000 euros acumulados en 13 meses.