El promotor de la operación Chamartín se reunirá con Carmena para pedir que la desbloquee ya

Se acaba el tiempo y también la paciencia. Para los próximos días está previsto un encuentro en la cumbre entre Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte (DCN, la promotora de la operación Chamartín), en el que éste pedirá el desbloqueo inmediato del desarrollo urbanístico, que aguarda la aprobación definitiva de una modificación del Plan General que el Consistorio ni ha llevado a pleno. Las discrepancias entre las partes sobre el proyecto amenazan con dejarlo morir tras más de 20 años de espera desde el planteamiento inicial de la operación. Ahora faltan menos de nueve meses para que se cumpla el plazo dado por la promotora para abandonar definitivamente el proyecto y, empleando un símil futbolístico, el partido ya se juega en tiempo de descuento.

Las discrepancias entre las partes sobre el proyecto amenazan con dejarlo morir tras más de 20 años de espera desde el planteamiento inicial

Será el segundo encuentro que mantengan Béjar y Carmena. El primero fue a finales del pasado junio, con la alcaldesa recién investida. Fue una breve reunión de cortesía, una primera toma de contacto en la que la primera edil se comprometió a estudiar una operación a la que se había referido con muchos recelos durante la campaña electoral de las autonómicas y municipales.

Pero las dudas que pudiera despejar este primer acercamiento volvieron corregidas y aumentadas en los meses siguientes. El área de Desarrollo Urbano Sostenible, con el concejal José Manuel Calvo a la cabeza, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la operación y ha manifestado a los técnicos de DCN que el principal problema reside en la edificabilidad del desarrollo, que considera excesiva. Calvo llegó a asegurar que “en los términos en los que está planteada, la operación Chamartín está muerta”.

Este segundo encuentro entre Béjar y Carmena será algo más intenso que aquella primera toma de contacto. El primer ejecutivo de la promotora trasladará a la alcaldesa la necesidad de que los trámites para dar luz verde (o no) a la operación retomen la vía administrativa. A finales del pasado año, el Ayuntamiento puso en marcha unas mesas de trabajo con la participación de asociaciones vecinales, partidos políticos y diversos representantes de la sociedad civil para debatir sobre la operación Chamartín, cuyas conclusiones se tendrían en cuenta para futuras decisiones. Así han transcurrido casi cinco meses sin que se haya dado un paso al frente, un escenario cuyo único propósito es dejar pasar el tiempo.

Abiertos a cambios 

Fuentes conocedoras de la situación señalan que lo que pretende DCN, y así lo manifestará a la alcaldesa, es que ese debate se traslade a las instancias municipales, que es donde realmente se toman las decisiones. Según ha podido saber Vozpópuli, la promotora (participada mayoritariamente por BBVA con el apoyo como minoritario de Grupo San José) estaría incluso dispuesta a estudiar cambios para reducir la edificabilidad del proyecto, como pretende el Ayuntamiento, pese a que los números dicen que cualquier punto del eje de la Castellana presenta el doble de edificabilidad que lo recogido en los planos de la operación Chamartín.

La promotora estaría incluso dispuesta a estudiar cambios para reducir la edificabilidad del proyecto

Sin embargo, esas modificaciones no dependen sólo del Ayuntamiento y de DCN. Expertos de Urbanismo apuntan a que esos cambios supondrían modificar el Plan aprobado de forma provisional por el Consistorio, bajo el mandato de Ana Botella, hace algo más de un año. Para ello sería necesario contar con la aprobación de la Comunidad de Madrid, a la que afectaría de forma negativa una reducción de la edificabilidad de la operación puesto que también es propietaria de parte de los terrenos del desarrollo y pasaría a recibir mucho menos dinero por ellos.

Además, las modificaciones también supondrían reducir de forma notable las infraestructuras que se incluyen en el proyecto, entre ellas, tres nuevas estaciones de Metro, cuya propiedad es al 100% del Gobierno regional.

En una situación similar se encontraría el Ministerio de Fomento. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe son los dueños de algo más del 60% del suelo de la operación. Su venta a DCN está acordada y tasada en algo más de 1.200 millones de euros pero condicionada a la aprobación definitiva de los planes urbanísticos que darán luz verde al inicio de las obras. La reducción de la edificabilidad obligaría a volver a negociar, obviamente con una notable rebaja, la tasación de los terrenos.

Empezar desde cero

Las citadas fuentes consideran que todos los acuerdos alcanzados hasta la fecha tendrían que ser modificados. La operación tendría que partir prácticamente desde cero y llevaría entre dos y tres años volver a ponerla encima de la mesa para su aprobación definitiva.

Un tiempo que DCN parece no tener. Si el 31 de diciembre de este año no está aprobada de forma definitiva la modificación del Plan, abandonará para siempre la operación, en la que está comprometida una inversión de 6.000 millones de euros. La complejidad del proyecto hace que, aunque resten aun nueve meses, la operación esté al límite. De ahí que el encuentro entre Carmena y Béjar cobre tintes de decisivo.