El debate sobre subir los impuestos está en la mesa tras la constitución, por parte del Ministerio de Hacienda, de un Comité de expertos para la reforma fiscal que tiene encomendado diseñar cambios en el sistema tributario para "mejorar su eficiencia y garantizar la suficiencia de los recursos públicos", es decir, hacer retoques que permitan incrementar los ingresos fiscales.

Ante las críticas que ha desatado este movimiento, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad: "no es el momento de subir impuestos (…) De ninguna manera estamos hablando de subir impuestos y menos a corto plazo", ha zanjado este mismo jueves.

Sin embargo, su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado en muchas ocasiones que la presión fiscal en España (los ingresos tributarios sobre PIB) es siete puntos inferior a la media de la Unión Europea, lo que supone un desfase de más de 70.000 millones de euros, un argumento que ha utilizado también en la constitución de este comité para justificar las reformas que permitan aumentar la recaudación.

La constitución de este comité y la voluntad del Gobierno de fijar un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades, eliminar deducciones y bonificaciones -lo que en la práctica supone un incremento de los tipos en algunos impuestos como el IVA- o armonizar al alza algunos impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas -como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones- ha generado preocupación entre empresarios y economistas.

La presión fiscal no es menor porque los impuestos sean más bajos

Comparten con Calviño que España no puede permitirse ahora una subida de impuestos e insisten en que si la presión fiscal en nuestro país es menor que en la media de la UE no es porque los impuestos sean más bajos.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) señala en su último análisis que una vez tenido en cuenta los efectos de la menor renta y la mayor tasa de economía sumergida en España, "se comprueba que los impuestos soportados en España son equiparables, cuando no superiores, a los de nuestros principales socios, la mejor prueba de ello es que no existen diferencias sustanciales en los tipos nominales entre España y estos países.

"Se debe ser prudente cuando se analizan métricas tradicionales como la presión fiscal, que está muy condicionada por factores como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida, y arrojan valores artificialmente algo más bajos para España que para la media de la UE", advierten.

Según sus cálculos, equiparar la presión fiscal a la europea subiéndola en seis/siete puntos de PIB, "podría tener, con base en las estimaciones de multiplicadores fiscales, un efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta 10 puntos de PIB, y una pérdida de empleo del orden de dos millones de trabajadores".

"Quizá esta menor presión fiscal no sea debida a que en nuestro país se paguen menos impuestos, sino a que, entre otras variables, el número de cotizantes es muy inferior al del resto de países de la UE, por lo que sería deseable que la reforma fiscal fuera encaminada a incentivar la actividad económica y la creación de empleo", reivindica por su parte Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE) de España.

Aumentar las bases fiscales, no los impuestos

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, también cree que la creación de empleo sería clave para consolidar las cuentas públicas y recortar el déficit: si la tasa de paro bajara al 8%, España tendría 6 puntos más de PIB para corregir su saldo presupuestario, gracias al aumento de ingresos (vía cotizaciones e IRPF, por el aumento de las bases fiscales) y la reducción del gasto (en prestaciones y subsidios por desempleo).

Además, el aumento del empleo incentiva el consumo, lo que a su vez repercute la recaudación de otros impuestos como el IVA, y contribuye al crecimiento económico, lo que a fortaleza los ingresos por el Impuesto de Sociedades al crecer los beneficios empresariales.

Aboga también por la subida de los impuestos medioambientales, para contribuir a la sostenibilidad y transición ecológica, aunque insiste en que "la subida de los tipos impositivos debería ser el último recurso para consolidar las cuentas públicas".

Defiende el aumento de las bases fiscales también el IEE: "cualquier reforma debe ir enfocada al incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca del empleo", y no aumentando los tributos actuales".

Tras la crisis de la covid-19, no es el momento

Este servicio de estudios, adscrito a la patronal de empresarios, lamenta que "por desgracia, las propuestas que se vislumbran por parte de quienes tienen el ejercicio de la política económica parecen ir en la dirección equivocada, promoviendo, en general, un incremento de los impuestos y una armonización fiscal al alza entre los distintos territorios".

Cree, además, que "la armonización fiscal, tal y como está planteada, es un subterfugio para subidas obligadas de impuestos, lo que no haría sino incrementar las deficiencias de nuestro sistema tributario".