La Dirección General de Tráfico tendrá que devolver puntos, previsiblemente, a más de un millón de españoles. Esta amenaza cobra forma después de que la Justicia haya fallado en contra del Estado y a favor de un conductor que había reclamado una multa. La sanción fue anulada, lo que obliga, según el juez, a devolver también los puntos 'arrebatados' en su día.
En concreto, la sentencia fue dictada recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Burgos, en contestación a un recurso planteado por los servicios jurídicos de la organización de defensa de los conductores AEA. La Justicia les ha dado la razón y ha condenado a la DGT a devolver el carnet y los puntos indebidamente detraídos al conductor. Previamente, el Tribunal Económico Administrativo regional de Castilla y León, dependiente del Ministerio de Hacienda, le había anulado la parte económica de las sanciones, porque no habían sido correctamente notificadas.
Desde la puesta en marcha del permiso por puntos en el año 2006, el organismo que dirige Pere Navarro se ha negado sistemáticamente a devolver los puntos indebidamente detraídos por multas mal tramitadas y anuladas por los servicios económicos de Hacienda. El organismo no reconoce a estos órganos de la Administración facultades revisoras de su competencia sancionadora, provocando con ello daños irreparables a miles de conductores españoles.
Sin embargo, según la sentencia, “sería contrario al principio constitucional de seguridad jurídica el que para dos órganos del Estado (la Jefatura de Tráfico y el Tribunal económico administrativo regional) unos hechos existieran y a la vez no existieran.”
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la pérdida de puntos va unida a la multa, ya que no puede ser que Hacienda anule la parte económica de la sanción porque no se ha notificado correctamente la multa y, sin embargo, Tráfico mantenga la detracción de puntos”.
Reclamación ante Hacienda
El caso ahora resuelto favorablemente para el conductor afectado –asistido desde el primer momento por la propia AEA– se inició por la reclamación interpuesta inicialmente ante Hacienda y en una segunda instancia ante el Tribunal económico-administrativo Regional de Castilla y León (TEAR), contra unas sanciones impuestas por Tráfico de las que el automovilista afectado nunca había tenido ningún conocimiento previo.
Dichas multas, además de la sanción económica llevaban aparejada la pérdida de puntos, pero Tráfico se negó en todo momento a devolverlos e incluso inició un procedimiento de pérdida de vigencia del permiso de conducir, a pesar de que se había anulado la parte económica de las multas. Había quedado acreditado que las notificaciones postales que se practicaron fueron dirigidas a un domicilio que no era el indicado por el interesado. Por tanto, la notificación de las multas que hizo la DGT a través de los boletines oficiales no eran válidas y, por ello, se optó por llevar a Tráfico ante los tribunales.
Más de 100 millones de euros anulados
La sentencia supone un importante precedente jurídico, porque viene a desmontar el argumento que, desde hace más de una década, utiliza la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas. A partir de este éxito jurídico obtenido por la asociación, si una multa no está bien notificada no solo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la pérdida de puntos que la acompaña.
El presidente de la asociación, Mario Arnaldo, también resalta la importancia que la sentencia va a tener en el ámbito penal y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, “ya que por no devolver los puntos de las multas que están mal notificadas, se estaría utilizando en perjuicio de los automovilistas un saldo irreal de puntos, que podría causar un daño irreparable a miles de conductores al privarles injustamente de su derecho a conducir al declararles la pérdida de vigencia de su permiso de conducir por haber agotado su saldo de puntos, o incluso imputarles delitos de seguridad vial”.
Si quedase acreditado que en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT se mantiene ilegalmente la detracción de puntos por multas mal notificadas, según Arnaldo la Administración tendrá que indemnizar por ello a los ciudadanos, a los que somete injustamente a un complejo proceso de recursos para defender sus legítimos derechos.
Y es que AEA recuerda que el pasado mes de diciembre la DGT tuvo que anular más de 1.500.000 expedientes sancionadores por valor de 106 millones de euros, muchos de los cuales podrían quedar afectados por la reciente resolución judicial que obliga a devolver los puntos detraídos de expedientes mal tramitados o prescritos.
