Con el Gobierno de Pedro Sánchez empeñado en derogar la reforma laboral de 2012, el Banco de España ha puesto el aderezo necesario para que el debate, diez años después del nacimiento del principal movimiento social de los últimos años, el 15-M, tenga todos los ingredientes necesarios.
En el Informe Anual de 2020, publicado el pasado jueves, la institución monetaria ha sugerido una modificación de las actuales condiciones económicas del despido en España por entender que, por el lado de las empresas, pueden distorsionar sus decisiones en “los momentos en que tienen que afrontar una reducción de plantilla”, y por el otro, el de los trabajadores, “tiende a limitar su movilidad, porque aquellos que abandonan voluntariamente su puesto de trabajo pierden los derechos que hubieran acumulado hasta ese momento”. Como alternativa, propone la popularmente conocida como “mochila austriaca”, la reforma que puso en vigor Austria en el año 2002.
El debate está servido. Pero se quiera o no, la cuantía media percibida por un trabajador como consecuencia de un despido resuelto judicialmente fue el pasado año de 9.583 euros, un 6,82% menos que en el ejercicio anterior (10.285 euros), de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En 2020, 115.575 trabajadores se vieron afectados por despidos resueltos en los tribunales laborales.
El descenso de la cuantía media reconocida en 2020 no es un hecho aislado. Se lleva produciendo consecutivamente desde 2013, el primer año de la última reforma laboral. Ese año, la cifra ascendió a 14.944 euros como media. El dinero percibido el pasado año sería un 35,87% inferior. Los datos no se pueden desvincular de un ejercicio, 2013, en el que el número de parados al terminar el primer trimestre ascendió a 6,202 millones, la cifra más alta de la historia reciente, tras aumentar en 563.200 en los últimos doce meses. Más de 27% de la población española en edad de trabajar estaba entonces desempleada y la necesidad de despedir de las empresas, al precio que fuera, era acuciante.
La cuantía media percibida por un trabajador como consecuencia de un despido resuelto judicialmente fue el pasado año de 9.583 euros, un 6,82% menos que en el ejercicio anterior (10.285 euros)
Durante el pasado año, el número de asuntos sociales resueltos en los tribunales laborales fue de 282.153, un 16,8% menos que en el ejercicio anterior (-56.955). De esta cifra, 214.614, el 70,1% correspondieron a conflictos individuales; 2.162, a conflictos colectivos, y el resto, 65.377 a asuntos relacionados con la Seguridad Social (condiciones contractuales…). Con la excepción de los conflictos colectivos, suponen una bajada del 15,1% y 22,5%, respectivamente, en relación con al año anterior.
El abaratamiento del coste del despido es la eterna aspiración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y una conquista social irrenunciable para los sindicatos en cualquier negociación tendente a la reforma de las condiciones laborales. El informe del Banco de España sobre este asunto (cuatro páginas) no habla en ningún momento de que la fórmula austriaca vaya en la línea de abaratar el coste del despido. Únicamente, el documento cree que los despedidos con menor antigüedad en el puesto de trabajo y los trabajadores que cambien voluntariamente de empleo se verían particularmente beneficiados por el nuevo sistema. Habla también de un coste de transición en torno a los 9.000 millones de euros que alguien tendría que asumir.
El pasado año, un total de 115.575 trabajadores se vieron involucrados en materia de despidos que se saldaron judicialmente. Fueron 2.175 menos que en 2019. El cuarto trimestre fue el peor para los despidos judiciales. Se produjeron 42.635, un 37% del total, la cantidad más elevada de los últimos cinco años. La cifra total de despedidos es ligeramente superior a la media de los últimos cinco años, aunque un 16% inferior a la de los años precedentes (2012-2015). En el primer año de la reforma laboral de Mariano Rajoy, 2013, afectó a 142.608 trabajadores.
Condiciones de los despidos
Y es que la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-ley 3/2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy redujo la indemnizacón por despido procedente a 20 días por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades, y a 33 días por año trabajado y un tope de 24 mensualidades para el despido improcedente. La indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades solo es computable para los años trabajados antes de la reforma.
El coste de los despidos que acabaron en la jurisdicción laboral sumó el pasado año 753 millones de euros, cien millones menos que en 2019, y 194 millones inferiores a los de 2016. Es sólo una parte del coste total que pagan las empresas para reducir las plantillas (alrededor de 7.000 millones de euros), pero corresponden a los que no se pactan entre las partes. Realmente, representan lo que cuesta a una empresa despedir a un trabajador cuando se quiere prescindir de sus servicios por las razones que sean.
El coste medio de un despido es de 9.583 euros, aunque varía en función de si es consecuencia de una sentencia favorable al trabajador (10.409 euros) o de un acto de conciliación previo (9.149 euros). En el primer caso, cinco comunidades autónomas están por encima de la media: Navarra (12.701 euros), Cataluña (11.457), País Vasco (11.425), Madrid (10.625) y Asturias (10.537).
De los 115.575 trabajadores afectados por despidos, un 28,7% lo fueron a través de sentencias individuales, según el Ministerio de Inclusión. Del total de sentencias dictadas por la jurisdicción laboral, algo más de las dos terceras partes (el 67,8%) fueron favorables a los intereses del trabajador, un 18,5%, desfavorables, y el 13,7%, favorables en parte.
