Publicado: 27/06/2023 04:45
El Gobierno ha encontrado en las últimas fechas un singular aliado en varios de los frentes que libra contra los pesos pesados del Ibex-35. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha posicionado –implícita y explícitamente- en algunas de sus últimas comunicaciones sobre algunos conflictos relacionados con la banca, las energéticas o las compañías de infraestructuras.
Estos mensajes han llamado la atención en el sector empresarial español, en cuanto a que el regulador de la competencia ha tenido un perfil mucho menos agresivo en esta nueva etapa -con Cani Fernández como presidenta- que en la anterior, con José María Marín Quemada al frente. No obstante, antes del final de la actual legislatura ha tomado posición sobre algunos temas que afectan a varias de las principales compañías del país.
Fue el pasado viernes, en las jornadas financieras organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander cuando lanzó un dardo a la banca, al asegurar que la CNMC está monitorizando este sector para averiguar los motivos por los que los clientes no han recibido la retribución que les corresponde por sus ahorros, tras la escalada de los tipos de interés en la Eurozona.
"Me sorprenden cosas. Hay noticias que dicen que los bancos pagarán un 3% a finales de año. Estamos investigando cosas como esta”, afirmó. Unos días antes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, instó a las entidades financieras a remunerar los depósitos tal y como lo marca el Banco Central Europeo.
Según explicó Vozpópuli, los bancos españoles, al menos de momento, están desdeñando el ahorro de los clientes y lo están canalizando hacia otros productos como los fondos de inversión, que ofrecen mayores rentabilidades que los depósitos, pero tienen más riesgo y generan ingresos a las entidades por las comisiones.
La 'polémica' tarifa regulada
En la misma jornada del viernes, la entidad que engloba todos los reguladores de los mercados españoles lanzó un comunicado que podría utilizar el Ejecutivo para resaltar que sus decisiones de política energética han beneficiado la capacidad de poder adquisitivo de los españoles.
La nota de la CNMC afirmaba lo siguiente: “Los hogares en el mercado regulado gastaron un 45% menos en las facturas de electricidad del último trimestre de 2022”.
En la comunicación, se aseguraba que la factura media de electricidad para los hogares en el mercado regulado en el cuarto trimestre de 2022 fue de 38,5 euros frente a los 70,8 euros que costó en el mismo periodo de 2021 (…). “En cambio, los consumidores que tenían contratada su tarifa en el mercado libre tuvieron una factura mensual media de 61,3 euros, cuando un año antes fue de 50,5 euros”.
Un 'capotazo' para una de las obsesiones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La también denominada precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) ha sido la gran beneficiada del tope al gas, la medida estrella del Gobierno en materia energética, que sirvió para contener su dependencia por los desorbitados precios del mercado mayorista.
Esta tarifa ha sido muy criticada desde que arrancó la crisis de precios eléctricos en abril de 2021. Los datos presentados por Competencia este mismo viernes sirven para contrarrestar los reproches recibidos.
La prohibición de contratar
El tercer asunto espinoso en el que tomó parte la CNMC puede tener serias repercusiones para las compañías que han sido sancionadas en los últimos años por alterar la competencia del mercado español. En este grupo, se encuentran desde ACS hasta Sacyr, Siemens, Abengoa, OHL, Alstom, Deloitte, KPMG, Santillana, SM o Anaya.
¿Por qué fue relevante esta última comunicación del regulador? Porque estas empresas han sido multadas por participar en diferentes cárteles, tras alcanzar acuerdos para incrementar su éxito en decenas de licitaciones. En estas condiciones, y en función de lo que expone la Ley de la Contratación Pública de 2017, podrían ser vetadas en este tipo de procedimientos durante un período de tiempo determinado.
Hace unos días, Competencia publicaba un documento con los criterios que regularán la prohibición de contratar de estas empresas. Lo hacía después de varios años de controversia, en los que no estaba claro si esta función se le podría atribuir al Ministerio de Hacienda o al regulador.
En el primer caso, el Ejecutivo podría haberse enfrentado a los problemas derivados de restringir el acceso a grandes licitaciones a contratistas que se encargan de algunos de los servicios más relevantes del Estado, desde los relacionados con las infraestructuras críticas hasta con la construcción o con todo tipo de servicios municipales.
La CNMC ha reclamado de forma firme –y en negro sobre blanco- esta competencia, y ha subrayado que le habilitaría tanto para sancionar a personas jurídicas como físicas.
En el documento, delimita los ámbitos de actuación y expone los motivos por los que las empresas podrían ser apartadas de la participación en licitaciones. “La prohibición de contratar por falseamiento de la competencia se encuentra regulada en el apartado b) del artículo 71.1” de la citada ley. Se dirige a las alteraciones de la competencia, pero también a otras actividades que no guardan relación con la regulación económica, como son “las infracciones por incumplimiento de la normativa de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o las infracciones de extranjería”.
Cani Fernández en la CNMC
Hay que recordar que Cani Fernández fue designada como presidenta de la CNMC en 2020, en sustitución de Marín Quemada. Su mandato, al igual que el del resto de los consejeros, tiene una duración de seis años, sin que pueda ser renovada.
La legislación de competencia blinda a los vocales de los reguladores contra las decisiones que traen aparejadas los cambios de Gobierno, como podría ser la sustitución de los dirigentes de este tipo de organizaciones independientes.
De hecho, la justicia europea obligó a España a readmitir como consejeros a Bernardo Lorenzo y Javier Ormaetxea después de considerar ‘ilegal’ la destitución que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, la cual había justificado en la necesidad de unir los supervisores de la competencia y los mercados en un solo organismo, la CNMC.
Por tanto, si Alberto Núñez Feijóo ganara las elecciones no podría destituir a Fernández. En Europa, ya actuaron con contundencia contra España por tratar de socavar la independencia de este organismo a través de la citada doble destitución.
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Yo creía que en la CNMC no existían l@s lamesuelas.