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Economía

La CNMC convoca al sector eléctrico para abordar la crisis de las comercializadoras

La Sala de Supervisión Regulatoria ha elaborado una primera propuesta de regulación para evitar la quiebra de comercializadoras. El sector eléctrico tiene dos semanas para enviar sus comentarios

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sacado a consulta pública la propuesta elaborada por la Sala de Supervisión Regulatoria para dar oxígeno a las comercializadoras de luz ahogadas por la subida de precios que experimenta el mercado desde hace semanas.

Un grupo de comercializadores independientes solicitaron a la CNMC que se revisara el sistema de garantías, ya que los mayores precios se están repercutiendo además en un mayor coste derivado de las garantías requeridas por el operador del mercado. 

Dicha modificación fue solicitada al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El operador a su vez ha propuesto un nuevo mecanismo para que los agentes compradores (comercializadores, consumidores directos) puedan anticipar total o parcialmente el pago de sus liquidaciones en el mercado, previo a la emisión de la nota de cargo semanal. 

Esta opción liberaría de sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas y reduce el volumen de garantías necesario para operar en el mercado. "Esta solución podría ser implantada de forma rápida, al tiempo que evita los problemas de gestión de los actuales procesos de garantías y cobros y pagos del operador del mercado, así como sobre la liquidez de muchos agentes", según consta en la documentación consultada por Vozpópuli. La propuesta de OMIE ha tenido un trámite de consulta pública entre el 11 y el 19 de octubre, ambos inclusive.

Ahora, la CNMC ha abierto el plazo desde el 21 de octubre hasta el 5 de noviembre para que todos los agentes del sector eléctrico envíen sus opiniones acerca de esta propuesta. Una vez se reciban todos los comentarios, la CNMC los estudiará para ver si procede hacer algún cambio y, entonces sí, fijará su posición sobre este asunto.

"El aumento de precios en los mercados de energía de gas y electricidad está tensionando de manera significativa la actividad de los agentes compradores en el mercado, especialmente a las comercializadoras independientes del mercado libre, pudiendo llegar en algunos casos a poner en riesgo la viabilidad de muchas de estas entidades", señala el regulador en la documentación consultada.

El regulador explica que un grupo de comercializadoras independientes le remitió un comunicado en el que solicitaban "que se revisara el sistema de garantías, ya que los mayores precios se están repercutiendo además en un mayor coste derivado de las garantías requeridas por el operador del mercado".

Los altos precios, un castigo para las pequeñas

Según el último recuento de la CNMC, existen cerca de 600 comercializadoras de electricidad que compiten con los grandes grupos energéticos (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP) por los 29 millones de contratos de luz que existen en España. Las pequeñas, que no cuentan con centrales de generación propias, son las que más están sufriendo el descontrol de precios del mercado mayorista de electricidad que se vive desde el mes de abril en toda Europa.

Estas empresas están condenadas a soportar una carga financiera relevante para poder ejercer su actividad. En primer lugar, la regulación les exige depositar garantías para operar en el mercado eléctrico. Una garantía cuya cuantía depende del precio del mercado. Además, las empresas deben pagar semanalmente la energía que adquieren para sus clientes, lo que les obliga a adelantar dinero dado que facturan y cobran mensualmente de sus clientes. 

Es decir, cuanto mayor es el precio de la energía en los mercados, mayor necesidad financiera tienen estas empresas. Este escenario, tal y como adelantaba este medio en el mes de agosto, está castigando a las pequeñas comercializadoras frente al oxígeno financiero con el que sí cuentan las grandes. Un escenario que, entre otros aspectos, limita los niveles de competencia en el negocio de comercialización en España y beneficia, especialmente, a los grandes grupos eléctricos tradicionales.

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