Quantcast

Economía

El bumerán del alquiler para Sánchez: los precios rebasarán la inflación en 2023

En el sector inmobiliario descuentan que el metro cuadrado se encarecerá incluso por encima del IPC tras el tope gubernamental...y temen una mayor intervención

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en el Senado.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en el Senado. EP

Para el inmobiliario, es cuestión de tiempo que los alquileres de vivienda batan su máximo histórico en España. El último año se saldó con una reducción de la oferta que aboca a meses todavía más tensos. Tanto, que tras el último decreto en la materia acordado entre el presidente Sánchez y su vice Yolanda Díaz, agentes como Fotocasa llegan a proyectar a Vozpópuli alzas de entre el 5% y el 7% para este 2023. Una cifra que supondría que los precios no solo alcancen el mayor nivel jamás registrado, sino que la espiral de los pisos rebase a la inflación, del 4,9% para este año según el Banco de España.

"En Barcelona y Madrid será aún peor, con otro año de subidas de doble dígito", coinciden en anticipar desde uno de los principales portales del país. Hacen hincapié en la evolución de la demanda y la oferta en las últimas semanas, y lo difícil que seguirá siendo acceder a una vivienda en propiedad en plena subida de los tipos de interés. El mayor de todos los portales, Idealista, estima que el precio medio de los alquileres publicitados creció un 8,7% en 2022, ya algo por encima de la subida del Índice de Precios de Consumo, del 8,4% -la más alta en 35 años-. El metro cuadrado se sitúa apenas un 0,5% por debajo del pico de 2020.

La espiral que se avecina para 2023 reviste un cóctel explosivo para una demanda que difícilmente vea sus salarios acompasados con el IPC. O al menos, ese es uno de los grandes argumentos tras la decisión del Ejecutivo socialista de imponer un tope del 2% a las actualizaciones de contrato, ahora, ya para todo el 2023.

La espiral que se avecina para 2023 reviste un cóctel explosivo para una demanda que difícilmente vea sus salarios acompasados con el IPC. O al menos, ese es uno de los grandes argumentos tras la decisión del Ejecutivo socialista de imponer un tope del 2% a las actualizaciones de contrato para todo el año.

Pero ello, claro, con el incipiente riesgo de litigiosidad desde el sector propietario, y, más importante, la creciente disminución de la oferta. Esta última, hasta niveles un 30% por debajo del equilibrio en el mercado, delinea un panorama sombrío para cuando el Gobierno levante las medidas excepcionales. Así lo pone de relieve la citada evolución del precio de los anuncios, a expensas de la evolución económica general. Por lo pronto, agentes del sector reconocen a este medio como habitual que los propietarios se acojan a la excepción del uso personal para terminar el contrato con un inquilino y, al tiempo, volver al mercado sin la restricción del 2%.

Sánchez y la duda de cuándo terminar de intervenir

La prórroga automática de contratos en favor del inquilino durante los próximos seis meses con la que el Ejecutivo despidió el 2022 ha conseguido a un tiempo evidenciar la gravedad de la situación y encender las alarmas en propietarios e inversores que entienden que la medida se ajusta a un Pedro Sánchez en año de elecciones.

"Casi nadie en el PSOE creía en el límite de precios, no había más que escuchar lo que decían los del ministerio en privado hasta hace no mucho...pero la vivienda...es un tema muy difícil en términos políticos", reconocen desde uno de los principales tenedores del país. Desde otra empresa del sector inciden en que la actual ministra, Raquel Sánchez, supo lo que es implementar el control en la localidad catalana de Gavá durante su período como alcaldesa.

Desde el Gobierno ya se empieza a hacer hincapié en la forma de compensar a los propietarios, conscientes tanto de los riesgos legales del asunto como, más a corto plazo, de una hipotética desbandada de caseros

En otras palabras, late un incipiente temor en el ámbito privado a que la ley de Vivienda salga adelante finalmente con un control de precios de alcance real y no el "bluff" que buena parte del sector sigue descontando en favor de la colaboración público-privada.

Desde el Gobierno ya se empieza a hacer hincapié en la forma de compensar a los propietarios, consciente tanto de los riesgos legales del asunto (mayores a menor nivel de excepcionalidad del marco inflacionario) como, más a corto plazo, el de una hipotética desbandada de caseros. Esta última, entienden en el sector, ya explicó las subas de 2022.

Con todo, la pregunta en La Moncloa ya no parece estar tanto en el qué sino en el cómo y el cuándo de la intervención a la Vivienda que evite el incendio antes del cierre de la legislatura.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.