La Comisión Europea (CE) está trabajando en la fórmula que servirá de base cuando un Estado Miembro no cumpla 'al pie de la letra' su Plan de Recuperación, al que están asociados los fondos europeos Next Generation EU. Y lo está haciendo con España en el foco, como respuesta a las dudas que expresó el Tribunal de Cuentas Europeo en su análisis sobre el Plan español.
En el informe publicado el pasado mes de octubre, los auditores del organismo fiscalizador con sede en Luxemburgo reprendían a la Comisión por ser poco estricta con España en la evaluación de los hitos del Plan de Recuperación y reclamaban un método de cálculo para las posibles sanciones en caso de que uno o varios hitos no se cumplieran en tiempo y forma.
El Tribunal de Cuentas Europeo parten de la base de que no está claro cómo la Comisión y los Estados miembros acordaron los importes de los diferentes pagos (en el caso de España, los 77.000 millones no reembolsables se distribuyen en ocho tramos o pagos) y cómo contribuyó a ello cada hito u objetivo. En consecuencia, "se desconoce la compensación por alcanzar un hito u objetivo individual en el pago a España", comentaban.
Representantes del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea se encontraron el pasado jueves en una reunión de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que el próximo 20 de febrero aterrizará en Madrid para examinar la ejecución de los fondos UE en nuestro país. Esta 'misión' estará liderada por la alemana Monika Hohlmeier, quien se ha mostrado especialmente crítica con el Gobierno por su gestión.
En dicho encuentro previo a la visita, la auditora del TCE que elaboró el primer informe sobre España, Ivana Maletic, habló de los "puntos débiles" detectados en España y volvió a reprender a la Comisión Europea por la falta de claridad sobre los pagos parciales. "Llevamos esperando un año esta metodología porque es muy importante para poder cuantificar un incumplimiento", dijo. "Esta metodología debe ser única para todos los Estados Miembros para evitar conflicto", añadió.
La directora general del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, dio la razón al Tribunal de Cuentas en este asunto y aseguró que les presentarán esta metodología para los pagos parciales "en un plazo brevísimo de tiempo". "No ha sido nada fácil porque no tiene que ver sólo con los costes. Hay algunas reformas o inversiones importantísimas y otras que lo son menos, por eso no podemos aplicar un criterio mecanicista y por eso nos hemos retrasado, pero prometo que pronto lo subsanaremos", dijo.
Posibles incumplimientos de España
El Tribunal de Cuentas se pregunta cómo cuantificaría Bruselas el impacto de no haber alcanzado el Gobierno español el hito 395, que contemplaba "modificaciones del Impuesto sobre Sociedades en 2021" y que, en su opinión, ni se cumplió ni se evaluó. Bruselas sí lo dio por cumplido y se mantiene en esa opinión, tal y como aseguró Gauer.
Además, el Tribunal de Cuentas Europeo también ha puesto el foco en el hito 173, en el que España se comprometía a crear una plataforma informática para controlar el uso de los fondos. La de España se conoce como CoFFEE. La Comisión Europea exigía a todos los Estados Miembros contar con este sistema de información operativo antes del primer pago, que España recibió a finales de 2021.
Bruselas también dio por cumplido ese objetivo, aunque remarcó algunas "deficiencias", que el Tribunal de Cuentas Europeo sacó a relucir en la evaluación realizada hace unos meses sobre el primer año de ejecución del Plan español. El Gobierno se centró más en el diseño que en la funcionalidad de la plataforma, pero Bruselas le dio un margen de entre seis y nueve meses para solventarlas.
Es decir, dio por cumplido el hito, con el compromiso del Gobierno de mejorarlo, y envió el dinero a España. Los auditores de la UE no han cuestionado esta evaluación positiva por parte de Bruselas en su informe, pero han recalcado que algunos elementos del sistema no estuvieron operativos en aquel momento y, por tanto, la Comisión tendrá que examinar el hito en sus auditorías ex post.
Bruselas ya aclaró que revisará los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre este hito en la evaluación que está llevando a cabo para el tercer pago, que España ya ha solicitado, por 6.000 millones. El pasado jueves, desde la Comisión apuntaron que "siguen vigilándolo", aunque también aclararon que está operativo.
En Moncloa perciben este momento, que coincidirá con la visita de la delegación del Parlamento de la UE, con un perfil crítico, como "delicado", según ha podido saber Vozpópuli. Por su parte, tras analizar el primer pago realizado en 2021, el Tribunal de Cuentas está estudiando el segundo pago realizado en 2022 y, según dijo, están "detectando que estos puntos débiles se van repitiendo", además de que están percibiendo algunas "lagunas" en el Plan de Recuperación.
