Alerta en Moncloa: crecen las dudas de la UE sobre el control de los fondos

Preocupación en el Gobierno con las dudas de la Comisión Europea y otras instituciones comunitarias con el control de los fondos europeos, cuando debe producirse el aval al tercer tramo y se avecina una visita de una delegación de europarlamentarios que lidera una diputada, Monika Hohlmeier, que ha cuestionado públicamente el destino del dinero de la UE. Este sábado 11 de febrero vence el plazo que tiene la Comisión Europea para avalar el tercer tramo de reformas e inversiones del Plan de Recuperación, del que dependen 6.000 millones de euros. La coincidencia de estos dos trámites inquieta en Moncloa, que lo percibe como un "momento delicado", según fuentes conocedoras.

En este tercer tamo, además del sistema para que los autónomos coticen según sus ingresos reales que forma parte de la reforma de las pensiones y de la reforma concursal, entre un conjunto de 23 hitos y 6 objetivos, aquí también debe quedar cumplido completamente el sistema de control de fondos, denominado Coffee.

Bruselas ha cuestionado la implementación y pleno funcionamiento de este mecanismo, que ha quedado pendiente desde el aval del primer tramo y de lo que viene advirtiendo en diciembre de 2021 y en septiembre de 2022.

En este escenario, este jueves se ha producido una reunión de la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con patronal y sindicatos para dar cuenta de la adenda del Plan de Recuperación que ultima. La vicepresidenta ha transmitido que están pendientes del aval de la Comisión y del celo con que ésta vigila los procedimientos y sistemas, según trasladan fuentes conocedoras, que perciben preocupación del Gobierno con los procedimientos del Ejecutivo comunitario, muy rigurosos, con un sistema de doble control.

Este jueves además han tenido lugar comparecencias ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo para ultimar la visita de la delegación de eurodiputados el 20 de febrero. El Tribunal de Cuentas de la UE y la Oficina Antifraude, la OLAF, han planteado dudas.

Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo es consciente de la necesidad de agilizar la absorción de los fondos de la UE y que se trabajará en Bruselas para mejorar la canalización. "Tiene que ir más rápida la ejecución de los fondos europeos", ha reconocido en la clausura del foro Emprendiendo el futuro que queremos, en el que también han intervenido Calviño, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El sistema de control

La Comisión Europea obliga a los Estados Miembros a tener un sistema de información disponible para controlar la ejecución de los fondos europeos. La alerta sobre el sistema de control la hizo pública el Tribunal de Cuentas, que advirtió el pasado octubre en un informe de que España no cumplió en tiempo y forma un hito del primer tramo, la reforma del Impuesto sobre Sociedades para imponer un tipo mínimo del 15%, a lo que añadió el fracaso en la puesta en funcionamiento del Coffee.

Poco después, la agencia Bloomberg publicaba que la Comisión había avisado a España en septiembre sobre el cumplimiento del hito relativo al Coffee. Fuentes comunitarias trasladaron a continuación que el Gobierno español se había comprometido a seguir mejorando el sistema de auditoría de fondos UE en el proceso de evaluación de hitos y reformas del Plan de Recuperación. 

El Tribunal de Cuentas recordaba en su informe que la Comisión detectó deficiencias en ese sistema y acordó con el Gobierno el 1 de diciembre de 2021 resolverlas en un periodo de seis y nueve meses, dando por cumplido el hito. Los auditores de la UE no cuestionaron esta valoración, pero recalcaron que algunos elementos del sistema no habían estado operativos en el momento de la evaluación y, por tanto, la Comisión tendrá que examinar el hito en sus auditorías ex post.

Este jueves, en una reunión organizada por el Parlamento Europeo como previa a la visita que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de febrero a España, los representantes de la Comisión Europea se mostraron positivos acerca de la evolución de este sistema de control, aunque reconocieron que su visión inicial acerca del cumplimiento de este objetivo fue la misma que la del Tribunal de Cuentas, que había "lagunas" y "deficiencias", por lo que el Gobierno debía adoptar medidas adicionales. "Hemos llegado a una conclusión similar", aseguró Declan Costello, director general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. 

La Comisión "sigue vigilando"

Costello describió Coffee como "un sistema detalladísimo y sumamente complejo", razón por la que desde la Comisión "siguen vigilándolo", según dijo, pero "el sistema ha estado en funcionamiento desde la primera solicitud de pago". En este sentido, apuntó a la "auditoría sistémica" que la Comisión está realizado sobre el marco creado por las autoridades españolas para controlar y comprobar, a través de la información que le proporcionan las CCAA, si se han cumplido los hitos y objetivos. "Esto no va tan avanzado pero nos estamos encargando", añadió.

También destacó la "contribución" del Gobierno español, que ha realizado por su cuenta "siete auditorías sistémicas sobre el Plan, para ver cómo los distintos Ministerios y CCAA están ejecutando los requisitos de verificación de los hitos y objetivos". 

Sobre este asunto, la directora general del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, también aseguró que "España tiene la base de datos" que la Comisión solicita en su reglamento. "Ya les enseñarán cómo funciona, están recopilando todas las medidas", señaló. Sobre si tienen o no acceso desde la Comisión a la información, dijo: "Claro que tenemos acceso. Lo que no hacen es darnos una lista completa, pero sí tienen que darnos información al respecto cuando tenemos que evaluar un objetivo".

Por un lado, la auditora del Tribunal de Cuentas que elaboró el informe sobre España, Ivana Maletic, destacó que "cada vez hay más casos de hitos y objetivos en los que hay poca claridad", e instó a la Comisión a aclarar cuándo evaluará la corrección de las deficiencias del sistema Coffee. Tras analizar el primer pago realizado en 2021, el Tribunal de Cuentas está estudiando el segundo pago realizado en 2022 y, según dijo, están "detectando que estos puntos débiles se van repitiendo" y "lagunas" en el PRTR. 

Maletic criticó el hecho de que no haya "ningún seguimiento previsto" de las inversiones. Como ejemplo, mencionó los planes de acción de la agenda urbana, con plazo a finales de 2020. "Se supone que esto ya se habrá cumplido, con 100 municipios que tendrían su plan aprobado, pero, ¿nadie va a comprobar si esos planes se han aplicado finalmente o se han quedado en un cajón?", preguntó. Otra situación que mencionó fue la adquisición de cuatro lanchas nuevas y buques costeros a finales de 2022. "Se tendrá que comprobar si se han hecho las entregas y están funcionando", comentó.

Por otra parte, desde la Oficina Antifraude Europea (OLAF) destacaron que "han iniciado varias investigaciones, algunas sobre irregularidades con los fondos europeos", aunque no detallaron de qué países se trata. "Estamos en el primer análisis, acabamos de empezar y es posible que planteemos recomendaciones. Las alegaciones son distintas en su naturaleza: irregularidades en licitaciones, conflicto de interés, diseño y control de procedimientos de financiación...", explicaron. 

Sobre España, sólo concretaron que en julio de 2022 la OLAF visitó nuestro país y estuvo en contacto con los servicios antifraude nacionales. "Nos explicaron el canal sobre el que se formulan las quejas ante posibles irregularidades. Vamos a compartir información con ellos y detectar los problemas en fases tempranas", dijeron. "Estamos haciendo un seguimiento cercano del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e invertimos mucho tiempo en crear estas relaciones con nuestros socios en los Estados Miembros", sentenciaron.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos subrayan que la intervención de la Comisión ha sido muy positiva y apuntan a que los plazos no tienen por qué ser rígidos. Es decir, el pronunciamiento del Ejecutivo comunitario sobre el tercer tramo podría dilatarse unos días y coincidir con la visita del Parlamento.