Bruselas duda que España cumpla su objetivo de déficit si sube las pensiones con la inflación

En pleno debate sobre la reconversión de las reglas fiscales, que volverán a aplicarse en 2024, la Comisión Europea tumba el horizonte de proyección que el Gobierno ha construido para el déficit público en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), fundamentalmente, por las pensiones. El talón de Aquiles del gasto público que el Gobierno debe resolver antes de final de año en la segunda parte de la reforma de las pensiones con un mecanismo de ingresos que lo compense.

El equipo económico de Sánchez calcula que el déficit se reducirá hasta el 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023, y hasta el 3,3% en 2024, para cumplir ya en 2025 con el límite establecido en el Pacto de Estabilidad. Este mismo jueves, en una entrevista realizada en La Sexta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repetía el compromiso adquirido por el Gobierno con la UE de que el déficit se sitúe por debajo del 3% en 2025.

Sin embargo, la Comisión Europea plantea un escenario más pesimista en los dos años próximos, donde el déficit no bajará del 4% en 2023 (se quedará en el 4,3%) y, por tanto, aunque en 2024 se reducirá en la misma medida que prevé el Gobierno (entre seis y siete décimas) "favorecido por un mayor crecimiento económico", seguirá en el 3,6% en el año de entrada en vigor de las reglas fiscales.

La gran diferencia en las proyecciones que tienen el Gobierno y la Comisión para 2023 está en el impacto que tendrá en las cuentas públicas el incremento del gasto en pensiones, con la revalorización de las mismas el próximo año alrededor de un 8,5%, lo mismo que han subido los precios este año. Esto tendrá un coste extraordinario para las arcas públicas cercano a los 15.000 millones de euros.

En el informe económico de otoño publicado este viernes por la Comisión, esta advierte de que los ingresos fiscales mantienen un fuerte impulso, lo que permitirá reducir el déficit hasta el 4,6% este año (el Gobierno lo deja en el 5%); pero "la reducción del déficit se desacelerará en España". Esto se deberá fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, por el escenario macroeconómico "más débil", con una "moderación" de los ingresos públicos; y en segundo lugar, por el incremento que sufrirá la partida de las pensiones.

En 2023, "por el lado del gasto, se prevé la eliminación gradual de algunas medidas energéticas, reduzca el déficit, pero se espera que la revinculación de las pensiones a la inflación pese considerablemente en el presupuesto del Gobierno de 2023 (con un coste estimado del 1,4% del PIB)", destaca la Comisión en su informe.

Tras la publicación del informe, el Ministerio de Asuntos Económicos ha evitado hacer comentarios sobre la previsión de déficit para 2023 y ha destacado que "la Comisión Europea respalda, de su lado, las estimaciones fiscales del Gobierno, con una previsión de deuda pública a finales de 2023 "idéntica" a la reflejada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y una senda de reducción de déficit que permitirá estar por debajo del 3% del PIB en 2025".

La segunda parte de la reforma de las pensiones, en 2023

Al ser preguntado por la indexación de las pensiones a la inflación y la preocupación sobre el hecho de que España no reduzca su déficit lo suficiente, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha recordado este viernes que a finales de año acaba el tramo en el que está comprometida la segunda parte de la reforma de las pensiones, sobre la que España tendrá que solicitar el cuarto desembolso de los fondos UE (10.000 millones). Esta pata está centrada en el establecimiento de un sistema que compense el aumento del gasto que supone la primera parte de la reforma ya aprobada y que indexa las pensiones al IPC real.

En este sentido, Gentiloni ha destacado que confía en "continuar con el diálogo" el próximo año para asegurarse de que "el impacto fiscal de la reforma de las pensiones sea acordado y satisfactorio". De momento, el Gobierno ha aprobado ya hace un año el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que decidió adelantar un año, pero que está comprometido para el próximo 31 de diciembre, y que ha sido cuestionado por Banco de España y por la propia Comisión Europea. Sin embargo, no se analizará hasta dentro de un año, en la antesala de las elecciones. El Gobierno español pedirá su pago en primavera, y a continuación se desarrollará el escrutinio final de la Comisión y las últimas negociaciones, que sitúan la decisión y el posible pago cerca de las elecciones generales.

El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 y durante diez años  para nutrir este Fondo de Reserva (también conocido como 'hucha de las pensiones', prácticamente vacía tras años financiando prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo con el superávit acumulado en la Seguridad Social hasta 2011). En un principio, el Gobierno esperaba recaudar cerca de 50.000 millones de euros con este sistema, cuantía que Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021 y Sánchez dejó en 30.000 millones a finales de enero.

De momento, el ministro de Inclusión ha admitido de que la Comisión cuestiona el MEI y que ya hay negociaciones en curso, pero lo achaca a una discrepancia técnica. Según Escrivá, este debate no afecta en nada al MEI de cara a 2023 ni a los años siguientes, sino a si será semiautomático dentro de una década, pero el problema es que es semiautomático porque el propio Gobierno prevé que no sea suficiente y que lo tenga que endurecer otro Ejecutivo en el futuro. De esta forma, no se puede hacer automático por nombrarlo así, sino cambiando el propio sistema para que sea sostenible.

En este sentido, Escrivá ha insistido en que no cambiará en 2023, pero ha asegurado que no se dejará al siguiente gobierno, sino que el Ejecutivo actual lo modificará. Según él, con efectos dentro de una década.

La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es otra de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales. No obstante, cabe recordar que la Eurocámara ha abierto una puerta a suavizar las reformas exigidas a España en el Plan de Recuperación tras el varapalo de la crisis energética.