Botín perderá influencia en Europa en plena batalla legal contra Sánchez por el 'impuestazo'

Mala noticia para la banca española en su cruzada contra el 'impuestazo'. Ana Botín cederá el testigo al frente de la patronal bancaria europea en febrero, coincidiendo con el inicio de la batalla legal que el sector prepara contra el plan de Pedro Sánchez. Ese mismo mes los bancos tendrán que hacer el primer pago del nuevo gravamen, que acaba de ser aprobado por el Parlamento, casi sin cambios en su versión original frente a las advertencias del Banco Central Europeo (BCE).

Botín cumplirá su mandato de dos años como presidenta de la Federación Europea de Banca (EBF, por sus siglas en inglés). Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank, relevará a la presidenta de Banco Santander. Este cargo lo ocupa tradicionalmente un ejecutivo en activo de uno de los grandes bancos europeos y es rotatorio por dos años. Se trata de un puesto clave en la interlocución con Bruselas para exponer las dudas y reclamaciones de las entidades.

Sin ir más lejos, Botín aprovechó su influencia dentro de la patronal bancaria para que el 'impuestazo' saltara las fronteras de España en pleno mes de agosto y antes del contundente dictamen del BCE, que se antojaba clave para forzar un cambio en el plan del Gobierno.

La EBF emitió un duro comunicado haciendo suyos los argumentos de los principales banqueros del país, aunque el mensaje se midió muy bien y no se hizo referencia directa a España.

"Las iniciativas que surgen en algunos países europeos destinadas a imponer impuestos ad hoc a los bancos son injustificadas, discriminatorias y, lo que es más importante, no logran abordar la crisis del coste de la vida", advirtió la patronal bancaria europea. Un argumento que replicó al expuesto unos días antes por Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, quien calificó la nueva tasa como "injusta, distorsionadora y contraproducente".

Más combativa que la AEB y CECA

El comunicado de Federación Europea de Banca fue incluso más contundente que el pactado por las patronales nacionales AEB y CECA, y apelaba al supervisor único para refrendar que existían precedentes, como el de Lituania, en los que se exigió un examen exhaustivo sobre el impacto en la rentabilidad del sector y en la capacidad para financiar la economía. La presidenta de Santander, no obstante, será la cabeza visible desde el próximo año de la patronal mundial del sector de la banca, conocida como IIF por sus siglas en inglés. Esta institución está más centrada en aspectos generales, con una gran influencia sobre temas regulatorios a nivel global.

Los equipos jurídicos de los bancos darán la batalla al inicio de 2023. El gravamen del 4,8% de los ingresos del negocio típico y de las comisiones por la venta de productos financieros pretende recaudar unos 3.000 millones entre 2023 y 2024. Bankinter ya ha anunciado que recurrirá el impuestazo con el primer pago y se espera que otros bancos como Ibercaja, CaixaBank, BBVA y Santander se sumen en la batalla.

Los banqueros están convencidos de que tumbarán el impuesto en los tribunales porque existe doble imposición y falsea la competencia dentro y fuera de España, como advirtió el propio supervisor"

Cada entidad debe explorar la vía judicial por separado y sólo podría iniciarla a partir de febrero. Esa es la fecha que fija la proposición de ley de los socios del Gobierno que acaba de aprobar el Senado para un primer pago fraccionado del 50%.

La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024, con lo que la banca tendrá que hacer cuatro pagos por el nuevo gravamen cada uno de esos años (en febrero y septiembre). El plan pasaría por impugnar la nueva tasa en la Audiencia Nacional, con un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Los banqueros están convencidos de que existe una doble imposición y que el nuevo gravamen contraviene los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Española. En este sentido, utilizarán el dictamen del BCE, que no es vinculante, para armar su defensa jurídica, como el riesgo de "falsear" la competencia tanto dentro de España como en el seno de la Unión Bancaria en Europa.