El BCE empuja a Bruselas a demandar a España por la ilegalidad del impuestazo

El informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto a la banca empuja a la Comisión Europea a demandar a España. Así lo pone de manifiesto una lectura atenta del dictamen, que muestra que es todavía más crítico de lo que un primer análisis revela, ya que señala que es ilegal, según refrendan los expertos y las fuentes jurídicas a las que ha consultado Vozpópuli.

Y es que el Consejo de Gobierno del BCE, formado por 25 miembros, entre gobernadores centrales de los Estados miembros y los miembros ejecutivos, con su presidenta Christine Lagarde, que firma el texto, a la cabeza, plantea que el impuesto infringe el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). En concreto, tres de las libertades que consagra: la libre circulación de capitales, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Pero muy especialmente, el informe señala que no respeta las normas de competencia, que establece el Tratado de la UE en sus artículos 101-107.

Esta denuncia por parte del BCE apunta directamente al Consejo y a la Comisión Europea. Ésta, según establece el TFUE, "velará por la aplicación" de estos principios y a "instancia de un Estado miembro o de oficio, investigará los casos de supuesta infracción de los principios antes mencionados. Si comprobare la existencia de una infracción, propondrá las medidas adecuadas para poner término a ella". En caso de que no se ponga fin a tales infracciones, la Comisión hará constar su existencia mediante una decisión motivada dentro de un proceso que puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si el Estado miembro no corrige su decisión.

La Comisión ya analizó si iniciar un expediente contra España cuando el BCE advirtió sobre las restricciones al uso del efectivo, que al final desestimó, en un caso que las fuentes jurídicas consultadas consideran menos flagrante a la hora de afectar al Derecho comunitario que en el del impuesto a la banca y el dictamen del BCE.

"La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria". Es la frase del dictamen del BCE que apunta que el impuesto no respeta la legalidad del Tratado de la UE. Aquí se dice que el impuesto infringe las libertades de circulación de capitales, establecimiento y libre prestación de servicios. Y llama la atención que utilice el mismo término jurídico que desarrollan los artículos 101 a 107 del TFUE: "falsear la competencia".

César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Santiago de Compostela, aprecia que se da una "discriminación inversa" de las libertades de circulación de capitales, establecimiento y la prestación de servicios al discriminar a los bancos españoles, residentes, frente a los extranjeros, que señala que se considera menos grave que la discriminación directa, por la que beneficia a los nacionales frentes a los no residentes. García Novoa destaca como la denuncia de más calado que hace el BCE la relativa al "impacto negativo a la libre competencia como principio de funcionamiento de la UE" que está "prohibida" en el Tratado de la UE, que denuncia el BCE.

Este catedrático concluye que este dictamen del BCE implica que la Comisión tenga que actuar, lo que puede hacer de oficio, y que el Tribunal de Justicia de la UE tenga que resolver si el Gobierno español no cambia el impuesto.

En este mismo sentido se pronuncia Jordi de Juan, socio de fiscalidad contenciosa de Crowe, que ha dirigido pleitos contra Hacienda ante el Tribunal Constitucional y el TJUE. De Juan destaca que además de subrayar la diferencia entre entidades nacionales y extranjeras, el BCE cuestiona los umbrales de afectación, de 800 millones de suma de ingresos por intereses y comisiones correspondiente al año 2019, lo que subraya que favorece a las cajas y supervivientes de la crisis bancaria.

Injerencia

Todo esto, además, colisiona con las labores de supervisión de las entidades financieras del propio BCE y del Banco de España. "La proposición de ley se refiere al Banco de España, a normas aplicables a las entidades financieras que influyen significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros, y a las tareas del BCE conforme al artículo 127, apartado 6, del Tratado, respecto de la supervisión prudencial de las entidades de crédito", constata el BCE.

En este sentido, advierte de que "si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos".

El cuestionamiento del BCE se produce en un momento en el que el Banco pone en marcha el Mecanismo Antifragmentación de ayuda, para el que se tienen que dar "condiciones claras en términos de estabilidad macroeconómica y de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de calidad de las políticas económicas", según viene avisando el Banco Central.

Respecto a la prohibición de no repercutir a sus clientes, ésta no será posible. No se trata ya de que los bancos deben repercutirlo, como recuerda el dictamen que establece la normativa y es necesario para el funcionamiento del sistema y de las entidades, por lo que debe velar el propio BCE, sino que la CNMC, a la que la proposición de ley asigna la labor de control, no tiene acceso a la información necesaria de los bancos para vigilarlo, la tiene el BCE, y no se le va a proporcionar.

Y respecto al Banco de España, a la que se confiere una labor indeterminada de este control cuando también debe velar por que los bancos repercutan el impuesto, el BCE avisa de que "no está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes". Sobre este punto, el BCE subraya que esta cuestión podría aclararse más, en particular, indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España.

El BCE da esperanzas a los bancos

El toque de atención sobre la competencia da esperanzas a los grandes bancos. Las patronales AEB y CECA, de hecho, negociaban con el Ministerio de Economía extender la carga fiscal a bancos extranjeros con presencia en España, como ING y Deutsche Bank, para repartir el impuesto. La proposición de ley registrada por el Grupo Socialista y Podemos en el Congreso fija un listón de 800 millones de euros sobre la base de ingresos por intereses y por las comisiones en la venta de productos financieros.

El texto recoge 2019 como la fecha de referencia, el último ejercicio pre Covid. Las patronales presionaron para que el Ejecutivo rebajara este listón a un nivel de entre 300 y 400 millones, según fuentes próximas a las patronales. El sector confía en que el Gobierno suavice, al menos, este punto e incluso ha pedido que se tengan en cuenta otras variables, como el tamaño por activos. Los banqueros de Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell han sido muy críticos con esta parte del impuesto, al considerar que "distorsiona" la competencia.

"El impuesto tiene que cubrir a todo el sector. Esperamos que el trámite parlamentario al menos tenga en cuenta la neutralidad dentro del propio sector. Tiene que afectar a todas las entidades que operan en España", exigió César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell.

Otro de los puntos encima de la mesa de negociación es la de compensar fiscalmente el pago del gravamen. Se trataría de computar el impuesto como gasto deducible por ser extraordinario durante dos años. De esta forma, se rebajaría la base imponible de Sociedades en unos 900 millones repartidos en los cuatro pagos previstos. Pero en el sector se asume que será difícil que el Gobierno acepte esta propuesta.

La sensación entre las entidades es que Pedro Sánchez tendrá que corregir la nueva tasa en el trámite parlamentario para evitar el choque frontal con la opinión del BCE. Sin ir más lejos, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, se ha abierto este viernes a introducir "mejoras".