El Gobierno se da dos meses para negociar la letra pequeña del bono joven con las CCAA

El Consejo de Ministros ha aprobado el bono joven al alquiler, de 250 euros mensuales durante dos temporadas, para personas de entre 18 y 35 años inclusive. La ayuda pende ahora de una negociación entre el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas para que empiece a llegar a los jóvenes, lo que podría retrasarse semanas e incluso meses. El plan que se ha marcado el Gobierno es que el bono esté listo "en dos meses como mucho" para empezar a ser repartido.

La partida para el bono joven, de 200 millones de euros este año, está comprometida ya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana espera que 70.000 jóvenes puedan beneficiarse del programa, alrededor de un 20% del total de los que reunirían las condiciones fijadas en el marco general aprobado este martes en el Consejo. Desde Transportes han insistido en que los criterios y cifras finales de reparto por CCAA se fijarán en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas.

De partida, los beneficiarios que podrán solicitar esta ayuda deberán ser jóvenes de entre 18 y 35 años, y con una "unidad de convivencia" con ingresos inferiores a los 24.318 euros anuales (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples de 2022), con excepción de aquellos que tengan cambiar de territorio autonómico por motivos laborales. Para estos últimos, el límite se amplía hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros). Además, el umbral será de cuatro veces el IPREM si se trata de una "familia numerosa de categoría general, de personas con discapacidad o víctimas de terrorismo", y de cinco veces dicho indicador cuando se trate de "familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%".

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Según se desprende del marco regulatorio publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, podrán acceder al bono aquellos que evidencien una "fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales", pudiendo ser suficiente con que acrediten una "vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad" dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud.

"Se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y las personas perceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud", enumera literalmente el Real Decreto.

Los beneficiarios deberán también presentar un volante de empadronamiento, y no podrán pedir la ayuda en el caso de que sean propietarios de una vivienda, o "tengan parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora o cedente de la vivienda", o sean "socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora".

El 70% del alquiler en Madrid y Barcelona, fuera de alcance

El marco general que ha aprobado el Ejecutivo es de un bono finalista para el pago de los alquileres con un límite de renta de 600 euros al mes (300 euros para aquellos que lo usen para pagar una habitación). Sin embargo, el umbral máximo se podría ampliar a 900 euros (450 euros para el caso de las habitaciones) e incluso más, dependiendo de cómo evolucionen las conversaciones con los gobiernos regionales.

"La Comisión de Seguimiento podrá acordar la aplicación de un límite máximo de la renta arrendaticia o precio de cesión superior a 900 euros mensuales, en función del número de personas jóvenes que convivan en la vivienda, cuando en la misma convivan dos o más personas jóvenes que sean beneficiarias y que por tanto hayan suscrito, todas ellas, el correspondiente contrato de arrendamiento o cesión de la vivienda", se enuncia en el Real Decreto publicado este miércoles.

Según lo que se desprende de los registros del portal de anuncios Idealista, más del 70% de la oferta disponible en Madrid y Barcelona se ofrece a más de 900 euros y estaría en principio fuera del alcance del bono, que no podrá ser compatible con subsidios autonómicos (sí con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda y con el Ingreso Mínimo Vital).

A preguntas de este diario, desde Transportes han esgrimido contar con una proyección de beneficiarios (60.000/70.000) en total, pero no de su reparto por comunidades. La reglamentación definitiva del bono joven está expuesta a cambios que podrían repercutir en la forma y el número de potenciales perceptores por cada CCAA, y podría dilatarse semanas -hasta dos meses como máximo, según el Gobierno-. El argumento del Ejecutivo es que, una vez se apruebe, tendrá efecto retroactivo con fecha de inicio el 1 de enero de 2022.