Banca

El Santander se moviliza con inversores y reguladores para frenar el golpe reputacional por Irán

El grupo intercambia información con el BCE y el Sepblac para clarificar el caso de la cuenta ligada con el régimen de Teherán. Descarta cualquier multa o sanción.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Carlos Luján / Europa Press

Santander quiere aplacar cualquier golpe en la reputación. El grupo se está movilizando para clarificar el caso de la cuenta ligada a Irán a los inversores, reguladores y autoridades económicas y fiscales de todos los países en los que está presente, según trasladan a Vozpópuli fuentes financieras. La entidad presidida por Ana Botín defiende que no infringió la regulación de Estados Unidos y descarta cualquier tipo de multa o sanción.

El intercambio de información es continuo, por ejemplo, con el Banco Central Europeo (BCE) y el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera dependiente del Ministerio de Economía. Aunque por el momento no se ha abierto ningún procedimiento por los posibles vínculos con Irán, según fuentes financieras.

Los equipos jurídicos y de fiscalidad del banco también están manteniendo encuentros fluidos con los distintos gobernadores de los bancos centrales de los principales mercados en los que opera el grupo. Incluso se están organizando road shows con inversores y analistas para dar explicaciones sobre las investigaciones abiertas internamente para esclarecer los hechos.

"La normativa contable obliga a hacer provisiones cuando la probabilidad de que se materialice una multa supera el 50%. Por las investigaciones internas, Santander considera que no tendrá que afrontar ninguna sanción

Este tipo de encuentros suelen ser habituales con todos los grupos de interés, incluidos los medios de comunicación, para explicar por ejemplo los resultados cada trimestre.

El banco niega incumplir la normativa

“Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación. El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes", señalan fuentes oficiales de la entidad.

En base a la investigación interna, el grupo descarta cualquier tipo de multa o sanción por no infringir la normativa de Estados Unidos. Por lo que tampoco considera en estos momentos que tenga que constituir una provisión.

Sede del Banco Santander.

Las normas contables fijan que en caso de que la probabilidad de que la entidad pueda ser multada supere el 50%, entonces sí tendría que hacer una dotación para el caso, explican fuentes financieras. De momento, se está en una fase muy inicial y todo dependerá de cómo evolucionen las investigaciones y si hay efecto contagio a otras filiales. El auditor del Santander es PwC.

Amenaza de demandas colectivas

Santander afronta una crisis de reputación tras la publicación del Financial Times en la que apuntaba que el régimen iraní utilizó los dos bancos más grandes en Reino Unido, Lloyds y Santander UK, para mover dinero sin ser descubierto en todo el mundo. Este plan de Teherán para evitar sanciones de Estados Unidos fue diseñado a instancias de los servicios de inteligencia del régimen iraní.

"El bufete Frank R. Cruz ha hecho un llamamiento a los inversores para iniciar una acción colectiva por la caída en Bolsa provocada por los vínculos con el régimen de Teherán

Y ya hay despachos de abogados, como el especializado en demandas colectivas contra grandes empresas Frank R. Cruz, que han animado a los inversores a iniciar un pleito por la caída en Bolsa tras dicha publicación. Ante la noticia publicada por el Financial Times, el precio de las acciones de Santander cayó un 5,7% en Bolsa el pasado lunes.

Santander UK y Lloyds facilitaron cuentas a empresas pantalla del Reino Unido que pertenecían a una empresa petroquímica iraní sancionada cuya sede se encontraba cerca del Palacio de Buckingham.

Se trata de Petrochemical Commercial Company, propiedad del Estado iraní, que formaba parte de una red a la que EEUU acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní.

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