La consejera del Gobierno en CaixaBank cobra 400.000 euros pese a no respaldar el sueldo de la cúpula

Un no y dos abstenciones. Teresa Santero, exsecretaria general de Industria durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha cobrado casi 400.000 euros como consejera de CaixaBank desde su entrada en representación del Estado, que conserva el 17,3% del capital de la entidad de origen catalán como herencia de la fusión con Bankia en 2021.

Pero en ninguno de los tres ejercicios desde la integración ha respaldado la política de remuneraciones del banco a instancias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Santero fue la elegida por Nadia Calviño, exvicepresidenta económica, para defender los intereses del fondo de rescate público en CaixaBank, en donde entró como segundo mayor accionista, sólo superado por la Fundación La Caixa, tras la compra de Bankia pactada a finales de 2020.

"La representante del Frob, muy ligada al entorno del PSOE de Aragón, se benefició de la subida del sueldo del 5% a la cúpula en 2023, en cuya votación vinculante en la junta se abstuvo

La representante del Frob tiene una formación probada para sentarse en el consejo de un banco: es Doctora en Economía por la Universidad de Illinois en Chicago y desde hace doce años es profesora en la Universidad Instituto de Empresa (UIE) en Madrid.

Eso sí, está muy ligada al entorno del PSOE de Aragón, donde fue directora general de Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda de 2003 a 2007 y secretaria general del Departamento de Servicios Sociales de 2007 a 2008 del Gobierno autonómico.

Pasó por la Sepi, el ICO, Navantia...

También fue consejera de organismos del entramado público durante distintos Ejecutivos socialistas, como son el ICO, la Sepi o Navantia. Es además mujer del exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, quien fuera mano derecha de Pedro Solbes y también de su sucesora en el cargo Elena Salgado.

"El Gobierno escenificó un choque con CaixaBank en 2021, justo tras el desembarco del Estado en el capital tras la integración con Bankia. El Frob se opuso a la nueva política de remuneraciones de la cúpula, que triplicaba el sueldo a Goirigolzarri

CaixaBank somete al visto bueno de sus accionistas la política de remuneraciones de la cúpula, en una votación que es vinculante. En 2021, se produjo el choque más sonado con el Gobierno, que acababa de desembarcar en el capital de la entidad catalana, que en ese momento negociaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acabó afectando a más de 6.500 empleados.

A instancias del Gobierno, Santero votó en contra de la nueva política de remuneración, que supuso que José Ignacio Goirigolzarri triplicara su sueldo respecto a los 500.000 euros que tenía limitado en Bankia como presidente por el rescate. En 2021, la exsecretaria de Industria con Zapatero cobró 107.000 euros. Un año más tarde, cuando el Frob cambió el rechazo por una abstención, se embolsó 140.000 euros.

El Frob se puso de perfil en el aumento del 5% del sueldo en 2023

En 2023, el último ejercicio completo como consejera, Santero se benefició de un aumento de sueldo del 5%, hasta los 147.000 euros, justo la mejora que el banco propuso tanto para Goirigolzarri como para Gonzalo Gortázar, consejero delegado, y en cuya votación vinculante el Frob decidió abstenerse. Tres gestos políticos desde la fusión con Bankia que no han pasado de ahí.

La privatización del paquete estatal heredado de la intervención de Bankia lleva aparcada seis años. La fecha límite para que el fondo de rescate español salga del accionariado del banco catalán expira en diciembre de 2025, aunque desde el sector se critica que “no hay voluntad política” para culminar la privatización y cerrar uno de los últimos episodios de la reestructuración del sector financiero.

El plazo ya se ha prorrogado cuatro veces desde el rescate de Bankia en 2012 en plenas dudas de los inversores por la salud real del sector bancario español. Y no se descarta que el Gobierno vuelva a alargar el límite, ya que depende de un cambio de la legislación española y no requiere del aval de Bruselas.