El IBEX presiona a Hacienda para suavizar la lista de paraísos fiscales

Las patronales han presentado alegaciones a la Orden de Hacienda que establece la nueva lista de paraísos fiscales. Es el caso de CEOE y de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), a las que se suma Repsol. Entre los 26 documentos que ha recibido el Fisco en el trámite de audiencia pública figuran la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según traslada el Consejo de Estado en un dictamen emitido este jueves, de nuevo muy crítico con el texto que le ha remitido Hacienda. Desde las patronales bancarias aseguran que "no han planteado observaciones" al contenido.

La Orden, que ha publicado el BOE este viernes y que entra en vigor al día siguiente, presenta un nuevo listado de regímenes fiscales perjudiciales y no cooperativos que señala a 24 países, del que ha sacado a 18 y ha introducido seis. Se trata de la primera depuración completa que se realiza de este listado que se creó en un Real Decreto en 1991, con 48 integrantes.

La nueva lista presenta varias particularidades. Es un listado personalizado, una rareza, ya que la mayoría de países no tienen una lista propia y siguen la de la UE, que no incluye a Gibraltar, por ejemplo. Tampoco sigue los listados de la OCDE y sobre todo, no es consistente con el criterio que seguía Hacienda hasta la fecha e incluye a territorios con los que ha firmado un Convenio para Evitar la Doble Imposición, el principal criterio para no salir retratado.

Es el caso de Trinidad y Tobago, que tiene desde 2009 Convenio de Doble Imposición con España, y Barbados, desde 2011. Se mantiene también Gibraltar, que ha firmado Convenio en 2021. Sin embargo, sale del listado anterior Liechtenstein, que no ha firmado Convenio para Evitar la Doble Imposición con España. El caso más llamativo, el de Rusia, que sigue fuera.

Es conocido que algunas jurisdicciones salen de la lista por presión de empresas españolas con actividad económica real en estos territorios. Operar en un país considerado paraíso impide disfrutar de diversas bonificaciones fiscales, como la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos, además de situarse bajo la lupa de Hacienda.

Todas estas cuestiones son las que plantean las alegaciones de patronales, empresas y asociaciones, según ha podido recabar Vozpópuli.

Los bancos acumulaban tradicionalmente una presencia nutrida en paraísos fiscales, enclaves que suelen ser centros financieros en los que recalan estructuras societarias. Los bancos españoles con presencia en territorios offshore son tradicionalmente Santander y BBVA y su presencia en estas jurisdicciones se ha reducido.

El Grupo Santander tiene presencia en cinco paraísos que han entrado en la lista de Hacienda: Islas Caimán, la Isla de Man, Jersey, Guernsey y Bermudas, según muestran los últimos datos publicados de cuentas anuales consolidadas, informe de gestión y de auditoría. En Caimán tiene una sucursal que tributa en Brasil y en Man y Jersey lo hacen allí y dependen de Reino Unido.

Santander traslada que las de Guernsey y Bermudas operan exclusivamente desde Reino Unido, con lo que son residentes fiscales británicas y están sujetas a su legislación.

BBVA tiene cuatro establecimientos permanentes en Caimán, y dos de ellos pertenecen a su filial turca Garanti. La entidad alega que su actividad se limita a la emisión de valores de deuda subordinada y otros títulos de renta fija.

CaixaBank evita el desarrollo de su actividad en jurisdicciones que tengan la calificación de paraíso o que utilice estructuras fiscales que impliquen baja o nula tributación, posición similar a la de Sabadell y Bankinter.

Dentro del sector financiero, han alegado además Inverco y Permira.

Repsol y Trinidad y Tobago

El nuevo listado introduce seis jurisdicciones como paraísos: Guam, Palaos, Samoa, Samoa Americana, Barbados y Trinidad y Tobago. Tres de ellos no han entrado en el intercambio de información fiscal CRS. Llama la atención que Samoa y Barbados sí lo han hecho, pero aparecen.

Y sobre todo, irrumpe Trinidad y Tobago, con Convenio con España. Una jurisdicción en la que se dedica a actividades de exploración y producción de hidrocarburos Repsol y que salió de la lista de paraísos, pero ahora vuelve a entrar.

Un país que no consideran una jurisdicción de "baja o nula" tributación, ya que al tener actividad de exportación y producción en el país, tributan al 57%. En este sentido, parecen situarse las alegaciones de Repsol y ha planteado las suyas CEOE, según ha podido saber este periódico, que refrendan los altos gravámenes que impone Trinidad a las petroleras.

Buques y armas de empresas de la SEPI

También ha presentado alegaciones el Sector Público. A los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Defensa se suma la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sociedad hólding controlada precisamente por el Ministerio de Hacienda. Algunas de sus empresas dedicadas a los sectores de buques y armas tienen intereses en paraísos, el caso de Navantia.

Asimismo, ha remitido su participación el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

El Consejo de Estado redobla sus críticas

El dictamen del Consejo de Estado es de nuevo muy crítico con Hacienda. Considera que el texto presenta varias carencias formales -ni siquiera justifica la inclusión en la lista de cada territorio-, pero sobre todo critica las prisas y la "extraordinaria urgencia" con las que ha tramitado, que cree "injustificadas" y que alerta de que merman las "garantías del procedimiento".

"El expediente inicialmente remitido no contenía una clara justificación de las razones que habían motivado que el proyecto se tramitara de forma urgente, más allá de una genérica invocación a la "necesidad de acelerar la aprobación de la relación actualizada de dichos países y territorios en el marco del cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", traslada el dictamen.

Máxime, cuando esta revisión del listado se realiza según establece la Ley 11/2021 de Lucha contra el Fraude, que entró en vigor el 11 de julio de 2021, "por tanto, hace año y medio", subraya el Consejo de Estado.

El dictamen explica que sólo ante su requerimiento, el Gobierno justifica las prisas en que esta lista es uno de los hitos comprometidos para recibir el tercer pago de fondos europeos, de 6.000 millones de euros del Plan de Recuperación, y que tiene que estar listo este sábado 11 de febrero. "El Ministerio de Hacienda y Función Pública consideraba que el hito 376 se había cumplido con la entrada en vigor de la Ley 11/2021, pero que, en el transcurso de una reunión celebrada en la primera quincena de enero de este año con los interlocutores de la Comisión Europea, se puso de manifiesto que para que se considerara efectivamente cumplido el mencionado hito era necesario aprobar la lista [...] la solicitud de pago presentada por el Reino de España es objeto de evaluación por parte de la Comisión durante un período de tiempo que termina -según la información remitida-, el 11 de febrero de 2023", traslada.

Finalmente, el Consejo de Estado da su aval a la Orden dada la urgencia y la necesidad de cumplir con el hito, pero reclama que se desarrolle en un Real Decreto para mejorar sus carencias.

El Consejo de Estado también ha afeado recientemente al Gobierno la "urgencia" y la "complejidad" de los nuevos impuestos a banca y energéticas en un dictamen sobre la Orden con los Modelos de declaración que ha avanzado Vozpópuli que advierte a Hacienda de falta de "claridad" y "precisión", lo que también critica la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el equipo de élite que precisamente vigila al IBEX y multinacionales y controla a banca y energéticas.