La Comisión Europea ha puesto a funcionar la maquinaria de las futuras nuevas reglas fiscales, que se aplicarán en 2024 y que pivotarán sobre unos objetivos de deuda a medio plazo y con mayor implicación de los Estados miembros. Tras la misión de 'vigilancia' que llevó a cabo en nuestro país a finales de septiembre, Bruselas admite su "preocupación" por la tendencia de la deuda española en el medio plazo, pues no sólo se mantendrá en niveles elevados respecto al límite establecido del 60%, sino que volverá a la senda ascendente en 2029 si no se adoptan medidas adicionales.
La Comisión hace una proyección de la deuda pública española hasta 2033. En el escenario de referencia espera una mejora en el corto plazo, continuando con el descenso iniciado tras el fuerte repunte que experimentó con la pandemia. En 2019 la deuda pública se situaba en el 98,2% y acabó el 2020 en el 120,4% del PIB. En 2021 disminuyó ligeramente hasta el 118,3% y Bruselas espera que este año cierre en el 114% y en 2023, en el 112,5%.
En el horizonte más próximo la ratio deuda/PIB seguirá bajando, hasta situarse en el 111,4% del PIB en 2027, según consta en el informe de supervisión semestral elaborado por la Comisión. Sin embargo, Bruselas percibe un "alto" riesgo de sostenibilidad fiscal a medio plazo, en parte por los costes que supone el envejecimiento de la población. En 2028 el endeudamiento se estancará en el 111,4% y a partir de 2029 comenzará a crecer, hasta situarse en el 113,8% del PIB en 2033, un nivel similar al que tiene en la actualidad.
Sobre este asunto ha alertado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en los últimos meses: A medio plazo, la AIReF proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la ratio de deuda y una estabilización en el 108,8% del PIB. A largo plazo, una vez que finalice el impulso del crecimiento por el rebote de la actividad tras el parón de la pandemia y los precios retornen a su media histórica, "la ratio de deuda retomará una senda ascendente si no se toman nuevas medidas".
En este sentido, ahora la Comisión Europea concluye que aunque la deuda pública continuará disminuyendo gradualmente hasta 2027, se espera que la ratio deuda pública/PIB se mantenga en un nivel elevado y se revierta la tendencia positiva a medio plazo. Estas proyecciones de referencia se basan "en un supuesto en el que no se incorporan medidas fiscales adicionales más allá del horizonte de previsión (2024)", aclara. Sin embargo, el balance primario estructural proyectado apunta a que "el país tiene margen para tomar medidas correctivas".
El propio Banco Central Europeo (BCE), en su último Boletín Económico, incidió sobre la importancia de diseñar un plan de consolidación fiscal para reducir la elevada deuda pública de países como España. "Los Gobiernos deberían aplicar políticas presupuestarias que muestren su compromiso con una reducción gradual de las elevadas ratios de deuda pública", comentó. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha reclamado al Gobierno español un plan para reducir su deuda, que acarree un incremento de los ingresos y una mejora de la eficiencia del gasto.
Incumplirá el objetivo de déficit en 2023 y 2024
Aunque no será la referencia en la senda de gasto por país, Bruselas mantiene el tope del déficit público en un 3% en su propuesta de reglas fiscales. En las previsiones presentadas hace dos semanas, la Comisión Europea tumbó el horizonte de proyección que el Gobierno ha construido para el déficit público en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), fundamentalmente, por las pensiones. El talón de Aquiles del gasto público que el Gobierno debe resolver antes de final de año en la segunda parte de la reforma de las pensiones con un mecanismo de ingresos que lo compense.
El equipo económico de Sánchez calcula que el déficit se reducirá hasta el 3,9% del PIB en 2023, y hasta el 3,3% en 2024, para cumplir ya en 2025 con el límite establecido en el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, Bruselas plantea un escenario más pesimista en los dos años próximos, donde el déficit no bajará del 4% en 2023 (se quedará en el 4,3%) y, por tanto, aunque en 2024 se reducirá en la misma medida que prevé el Gobierno "favorecido por un mayor crecimiento económico", seguirá en el 3,6% en el año de entrada en vigor de las reglas fiscales.
La gran diferencia en las proyecciones que tienen el Gobierno y la Comisión para 2023 está en el impacto que tendrá en las cuentas públicas el incremento del gasto en pensiones, con la revalorización de las mismas el próximo año alrededor de un 8,5%, lo mismo que han subido los precios este año. Esto tendrá un coste extraordinario para las arcas públicas cercano a los 15.000 millones de euros. En el informe del FMI sobre España publicado esta semana, el organismo también ponía el foco en este asunto.
"La reforma indexó de forma permanente los pagos de pensiones a la inflación del IPC y derogó el factor de sostenibilidad, con lo cual se prevé que para 2050, los gastos anuales por pensiones aumenten en más de un 3% del PIB, en comparación con la implementación total de la normativa anterior", explica el FMI. Advierte que, hasta el momento, solo una parte del aumento estaría compensada por otras medidas adoptadas en la primera etapa de la reforma.
España adoptó nuevas medidas en 2022, incluida la reforma del sistema de cotización para trabajadores autónomos, y se ha comprometido a introducir reformas adicionales hacia finales de 2022, lo que incluye ampliar el período de cómputo de las pensiones de jubilación y elevar la base máxima de cotización. Por ver está si estas medidas son suficientes para compensar el incremento del gasto y si convencen a Bruselas, que deberá valorarlas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que están asociados los fondos europeos.
