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Economía

Ángel de la Fuente: "Condonar deuda a Cataluña es un desincentivo brutal para controlar el gasto"

Para este experto, la iniciativa "no es un buen principio para una reforma de la financiación autonómica" como la que el Gobierno en funciones pretende acometer si Sánchez es investido

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Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Europa Press

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, advierte de que la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses, que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC "supone un desincentivo brutal para cumplir con las reglas de consolidación fiscal y controlar el gasto".

En conversación con Vozpópuli, De la Fuente apunta que esta iniciativa "no es un buen principio para una reforma de la financiación autonómica" como la que el Gobierno en funciones pretende acometer si Sánchez es investido.

De la Fuente venía advirtiendo de que "condonar la deuda no es gratis, porque el Estado se quedaría con ella. Sólo cambiaría de manos y, además, generaría un problema de incentivos". Precisamente, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha planteado este viernes en unas jornadas de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se trata de una "transferencia entre Administraciones con un impacto contable que no afecta a la posición del Reino de España en los mercados financieros". Calviño ha enfatizado que el Gobierno "garantiza la igualdad de trato de todas las CCAA".

Aunque el PSOE y ERC han pactado que la financiación para Cataluña se decidirá bilateralmente y al margen de las demás CCAA, el Gobierno asegura que habrá condonación para otras comunidades.

A la espera de conocer el detalle, este experto señala que "en general, condonar deuda no es buena idea, pero habrá que ver cuán mala es la situación, si se condona mucha más o poca, si el reparto es razonable o no".

Más allá de lo desacertado que le parece una condonación, De la Fuente apunta a la desigualdad de partida en el sistema de financiación vigente que cerró José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, y en el que hay comunidades infrafinanciadas. Lo que cree "lo menos injusto, lo menos malo" es tomar medidas con "las comunidades infrafinanciadas: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. En función de que se trate de un problema de financiación, no de deuda, podría tener sentido articular alguna medida".

Calcula que podría habilitarse un fondo de 2.000 millones al año para estas comunidades mientras haga falta, mientras no haya una reforma de la financiación. "Pero una cosa es arreglar el flujo anual de infrafinanciación y otra la condonación, que supone un desincentivo brutal para cumplir y controlar el gasto", alerta.

De la Fuente advierte de que no debe mezclarse la deuda con la financiación. Con todo, puede haber comunidades con mucha deuda que están mejor financiadas que otras que tienen menos deuda, y la condonación de deuda a una mejor financiada supone un agravio comparativo mayor. Sobre las que en un primer momento parecía que iban a ser las beneficiadas de la condonación, las comunidades que están en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), avisa: "Las comunidades que están fuera del FLA no son las más financiadas, como Madrid, que está fuera".

De hecho, advierte de que Cataluña y Madrid tienen una financiación parecida, en torno a la media, con lo que si se condona deuda a Cataluña, además de todas las consideraciones sobre el mal incentivo que supone, se produce una desigualdad si no se hace algo parecido con Madrid.

Y aunque está fuera del régimen común, no descarta que lo que se prepara afecte a País Vasco. De hecho, el mecanismo que ultima Hacienda parece que tendrá aplicación para cada comunidad autónoma por separado.

En cuanto se conoció la condonación de la deuda a Cataluña, las comunidades han salido en tromba para reclamar compensaciones y condonaciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus barones "no convertir en una subasta" las quitas de la deuda.
Ha telefoneado este jueves a sus presidentes autonómicos para cerrar una estrategia conjunta ante el pacto del PSOE con ERC: reforma de la financiación autonómica y Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Dirigentes nacionales del PP destacan la necesidad de "ir todos a una" frente al intento del PSOE de enfrentar a los gobiernos autonómicos de los populares.

Madrid, la que más aporta

El relato victimista de Cataluña sobre su lugar en el sistema de financiación no se cumple desde ningún ángulo. Ni está entre las más perjudicadas ni es la que más aporta. Según el informe de Fedea La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común publicado el 7 de agosto, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que registraron en 2021 un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media.

Si la media de financiación relativa por habitante ajustado es 100, los índices de estas autonomías son 90,8, 92,1, 94,3 y 95, respectivamente. Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura y Canarias están en el otro extremo de la lista, con un índice respectivo del 115,3, 114,6, 112,7, 110,9 y 107,1. Madrid (102,1) y Cataluña (101,7) están en la media.

En este mismo trabajo de Fedea, se constata que, entre las tres únicas aportadoras netas, las comunidades con mayor renta per cápita, Madrid puso 6.313 millones de euros al sistema, por 2.168 millones de Cataluña y 334 de Baleares, a pesar de que Cataluña tiene un millón más de habitantes que Madrid.

Las comunidades receptoras recibieron recursos por encima de sus ingresos tributarios por un importe 20.000 millones de euros. Unos 11.000 millones proceden del Estado y 9.000 de Madrid, Cataluña y Baleares. Estas aportaciones suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid.

Las cantidades que reciben las comunidades beneficiarias suponen más del 20% de los ingresos tributarios en diez de ellas. En Extremadura son más del 40% y en Canarias, del 50%.

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