Ana Botín aprovecha su influencia en Europa contra el impuesto a la banca. Los planes del Gobierno, que pretende gravar con un tipo del 4,8% los ingresos típicos del sector y las comisiones netas, han saltado las fronteras de España en pleno mes de agosto. La Federación Europea de Banca (EBF, por su siglas en inglés), que preside Botín desde abril del año pasado, ha salido al paso haciendo suyos los argumentos de los principales banqueros del país, aunque sin referirse directamente a España.
"Las iniciativas que surgen en algunos países europeos destinadas a imponer impuestos ad hoc a los bancos son injustificadas, discriminatorias y, lo que es más importante, no logran abordar la crisis del coste de la vida", advirtió la patronal bancaria europea. Unos días antes, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, calificó la nueva tasa como "injusta, distorsionadora y contraproducente".
El Gobierno ha irritado a los banqueros con el impuesto, que anunció sin previo aviso y que aún tardará semanas en aprobarse en el Parlamento, con el consiguiente impacto en la reputación. El sector echa en falta una reacción más contundente por parte del BCE en contra del nuevo gravamen, aunque el Ejecutivo descarta dar marcha atrás sea cual sea la opinión del supervisor único.
En un comunicado, más contundente que el pactado por la AEB y CECA, la Federación Europea de Banca incluso recurre al BCE, que en otros casos similares exigió que la nueva tasa tendría que medir el impacto sobre el sector y su capacidad para financiar la economía. Precisamente, José Antonio Álvarez, el consejero delegado del Banco Santander, alertó de que el gravamen para recaudar unos 3.000 millones en dos años arriesga la concesión de 50.000 millones en préstamos.
La patronal bancaria europea es más contundente que la AEB y la CECA, con apelaciones directas al BCE, la EBA y los beneficios caídos del cielo"
En 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría una tasa al sector financiero, el BCE pidió al Gobierno que midiera las consecuencias que podría tener para el sector y dejó clara su postura de oposición. De momento, el supervisor no se ha referido de forma directa sobre el caso español y no está claro si emitirá una opinión (de oficio o a petición del Gobierno) ni tampoco si se manifestará en contra, según fuentes fuentes próximas al organismo presidido por Christine Lagarde.
La patronal bancaria europea también apela a la regulación bancaria vigente para rebatir al Gobierno, que vigilará a través de la CNMC y del Banco de España que las entidades no repercuten el nuevo impuesto a los clientes. "Las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la originación de préstamos indican que las entidades deben considerar y reflejar en el precio de los préstamos, todos los costes relevantes, incluidos los impuestos, y los consumidores finalmente cargan con el peso de tales medidas", advierte la Federación Europea de Banca. Tanto el consejero delegado del Santander como su homólogo de CaixaBank usaron como argumento contra el plan del Ejecutivo la legislación impulsada por la EBA.
Y como referencia explícita al impuesto español, aunque sea sin citarlo, la patronal bancaria europea aclara que "no hay beneficios caídos del cielo", precisamente una de las principales justificaciones del Gobierno para promover una nueva tasa a los bancos. "Es hora de arrimar el hombro", dijo Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos tras reunirse con los primeros espadas de los bancos para explicarles de primera mano las razones del gravamen. Ahora, la patronal bancaria responde que lo "extraordinario" ha sido el "prolongado" tiempo de tipos de interés negativos en los últimos ocho años.
El impuesto eclipsó los resultados del Santander
Los socios del Gobierno de coalición, el Grupo Socialista y Podemos, registraron el pasado jueves en el Congreso la proposición de ley para gravar los ingresos típicos y comisiones de los bancos, lo que eclipsó la presentación de resultados del Santander, que ganó un 33% más en el primer semestre del año.
La banca echará el resto para tratar de frenar el impuestazo y se movilizará para buscar aliados políticos, como PP o Vox, para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional o para suavizar la proposición de ley en la tramitación parlamentaria, como publicó Vozpópuli.
