Publicado: 19/10/2022 04:45
Actualizado: 19/10/2022 04:50
La constructora ACS que preside Florentino Pérez y su par FCC propiedad del magnate mexicano Carlos Slim ultiman sus cálculos de cara a la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, el mayor proyecto de concesión pública en concurso en España a tenor de fuentes del mercado.
Sendas empresas sobresalen como las compañías que más interés han trasladado al Gobierno regional, si bien tanto desde una como la otra han puesto en duda la viabilidad del proyecto planteado por Sol.
ACS ha estado estudiando sus opciones de asumir las obras de la mano de otra gigante de la concesión nacional, Acciona. En suma y a 48 horas de que venza el plazo de ofertas, FCC sigue valorando las condiciones ofrecidas por el concurso al que procuraría, si lo hace, acudir en solitario, según transmiten a este medio fuentes del sector.
En los últimos días también ha mostrado su interés la empresa OHLA. La otrora joya del Grupo Villar Mir controlada desde el año 2020 por los mexicanos Amodio podría presentarse de la mano de la andaluza Azvi -que estuvo presente en las últimas ponencias del Ejecutivo regional sobre el proyecto- y el fondo de infraestructuras portugués TIIC, informó ya El Economista.
El coste de las obras está cifrado por la Comunidad de Madrid en unos 507 millones que los adjudicatarios deberían afrontar a cambio de una promesa de ingresos de unos 2.850 millones
La Ciudad de la Justicia buscará aglutinar en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. Lo haría, según fuentes del sector de la arquitectura, de una forma más modesta que la iniciativa frustrada de Esperanza Aguirre en 2004. Tanto más, que desde fuentes del mercado de la construcción se advierte de que los números podrían quedarse cortos en atractivo potencial y provocar que el concurso quede desierto.
ACS y FCC apuran sus opciones hasta el final
En sus consultas a las autoridades técnicas, las constructoras interesadas han hecho hincapié tanto en las condiciones en que se podría pujar a la baja y/o subcontratar el personal como en la forma en que la Administración asumiría una eventual revisión de los precios del canon.
El coste de las obras está cifrado por la Comunidad de Madrid en unos 507 millones que los adjudicatarios deberían afrontar. En el tramo final de las conversaciones con las constructoras, los técnicos autonómicos han incidido en la posibilidad de financiar hasta un 50% del coste de los trabajos de infraestructura con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.
El Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso ha planteado un proyecto de construcción -durante cuatro años- y concesión por otros 36 años a cambio de una promesa de ingresos para los inversores privados estimada en unos 2.850 millones de euros (sin IVA) incluida una eventual revisión de los precios del 20%. El plazo de presentación de ofertas vence este mismo 20 de octubre.
En caso de que finalmente haya ofertas, el Ejecutivo resolvería la adjudicación hacia el mes de febrero. El criterio que más ponderación tendría es precisamente el del precio ofrecido por la sociedad concesionaria, de alrededor de un 30% en la valoración de la oferta. La CAM primará los descuentos ofrecidos respecto al canon que pagaría el Ejecutivo regional por la infraestructura una vez esté operativa, estimados en hasta unos 49,35 millones de euros anuales.
El Ejecutivo regional aspira a que la nueva Ciudad de la Justicia reduzca en más de un 25% el presupuesto anual destinado a las infraestructuras de la Justicia
En paralelo, el canon podría ajustarse al alza -hasta el 20%- una vez agotados los primeros dos años del contrato y el primer 20% del presupuesto, tomándose como referencia para la revisión de precios -que no estaría directamente ligada a la inflación sino a distintas variables- el año de la formalización.
El horizonte del Ejecutivo madrileño es que las obras estén terminadas entre finales de 2026 y principios de 2027. Según sus cálculos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones a los citados 49,35 millones.
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