El negro futuro del 'fontanero' de Sánchez y los hombres del PSC en el Ibex

Todos abandonarán el cargo por la razón que les aupó al mismo: su conexión política con el Gobierno. Sólo el milagro que busca Pedro Sánchez con el adelanto electoral evitaría que un grupo selecto de directivos pierdan el sillón y su sueldo tras el 23-J. Hablamos de los presidentes de grandes empresas -algunas del Ibex- controladas por el Estado, que viajan en coche oficial desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, y abocados hoy a cobrar el finiquito mucho antes de lo que esperaban, si gana Alberto Núñez Feijóo.

En los corrillos empresariales empiezan a circular las apuestas. Se habla de quiénes tienen los días contados; y, cómo no, de los candidatos a ocupar puestos tan suculentos como el de Beatriz Corredor, que cobra 546.000 euros en Red Eléctrica. Cuando accedió a la presidencia, en febrero de 2020, la ex ministra de Vivienda tenía asumido que su contrato expiraría con el siguiente cambio de gobierno. Pero ni Corredor, ni el resto de directivos colocados por Sánchez, esperaban un cambio de ciclo tan precipitado.

El previsible vuelco electoral del 23-J propiciaría dos movimientos paralelos. El más evidente es el cese de los presidentes de las corporaciones públicas, nombrados a dedo por el Consejo de Ministros en el verano de 2018. Al tiempo, Génova aprovecharía para rebanar la influencia del PSC en empresas del Ibex participadas por el Estado.

"Hay un choque desde hace tiempo dentro en la Sepi. Hay un 'bloque' que considera excesivo el poder que han sumado los socialistas catalanes", afirman fuentes conocedoras de los 'equilibrios' internos del consorcio. Si los populares conquistan La Moncloa, el control de la Sepi cambiará de manos después del 23-J. Y dos compañías del Ibex -Indra y Aena- sufrirán las consecuencias.

El 'holding' público está adscrito al Ministerio de Hacienda. Si hay alguien 'ministrable' para ese departamento es Juan Bravo. El actual vicesecretario de Economía del PP es experto en fiscalidad y 'representa' a Andalucía, la región que más está apretando -junto a Madrid- para comerle la tostada empresarial a Cataluña. El ascenso meteórico de Málaga frente al declive evidente de Barcelona es el gran ejemplo.

Catalanes y estrechamente conectados con el PSC son los presidentes de Aena (Maurici Lucena) e Indra (Marc Murtra). El primero fue portavoz del partido en el Parlamento de Cataluña y asesor del ex 'president' José Montilla. Lucena llegó al cargo en julio de 2018, un mes después de que Sánchez jurara como presidente del Gobierno.

Su puesto está tan amenazado como el de Murtra. El presidente de Indra es el mayor símbolo del polémico 'asalto' que protagonizó el Ejecutivo socialista hace un año, a través de la Sepi. De hecho, fue la crisis desatada en el consejo de administración la que acabó frenando su designación como presidente ejecutivo.

Murtra, bien relacionado con socialistas catalanes como Salvador Illa o Miquel Iceta, puede tener al enemigo dentro de casa. El nuevo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tiene bien engrasada, desde hace años, la interlocución con la cúpula del PP; y gana puntos, según fuentes cercanas a Génova, para convertirse en presidente ejecutivo de Indra.

Hay dos compañías más en el Ibex con participación del Estado y expuestas igualmente a un relevo de poderes. En el caso de Red Eléctrica, el cambio es seguro. Beatriz Corredor llegó al puesto 'bendecida' por Sánchez, tras el choque entre Teresa Ribera y el anterior presidente, Jordi Sevilla (el ex ministro de Administraciones Públicas dimitió por las injerencias continuas de la vicepresidenta tercera).

En los mentideros empresariales de Madrid ya suenan, incluso, posibles sustitutos para Red Eléctrica, si Feijóo logra formar gobierno tras el 23-J. Está bien posicionado Álvaro Nadal, docto en la materia (fue ministro de Energía con Rajoy) y alineado con otros ex altos cargos populares que se mueven bien en el entorno de Génova (como Fátima Báñez y su hermano Alberto Nadal).

La otra empresa es Enagás, pero encierra matices distintos. Está presidida desde 2007 por Antonio Llardén, catalán pero 'independiente'. Es un veterano del sector, bien considerado por los gobiernos que han ido pasando por La Moncloa. Caso distinto es el de Arturo Gonzalo Aizpiri. El consejero delegado llegó al cargo de la mano de Teresa Ribera. Tiene buen 'feeling' con la ministra y trabajó para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario general en el Ministerio de Cristina Narbona. Pero Gonzalo Aizpiri no procede de la política. Tiene un gran bagaje profesional (trabajó dos décadas en Repsol) y ese elemento juega a favor de su continuidad.

Las otras 'víctimas' del 23-J

El ejemplo totalmente opuesto es el del presidente de Correos. Si alguien ayudó a Pedro Sánchez cuando cayó en desgracia en el PSOE fue Juan Manuel Serrano. Le acompañó en los días duros de la gira por España para recuperar el apoyo de las bases. Cuando el socialista recuperó su condición de líder, ascendió a su 'fontanero' en el escalafón de la Ejecutiva Federal del PSOE. El gran premio llegó más tarde, cuando Sánchez se instaló en La Moncloa y le entregó la presidencia de Correos.

Serrano se encontró la necesidad de tomar decisiones estratégicas para enderezar el estado financiero y el ánimo de una plantilla de 55.000 empleados. Más de un directivo de la casa alertó, desde el principio, del riesgo de endosar a un político de pura cepa una misión tan compleja: reorientar el rumbo de Correos en un sector cada vez más competitivo. Serrano ha prescindido de ejecutivos veteranos 'críticos' y se ha volcado, sobre todo, en el marketing.

El balance de la gestión ha sido pésimo. El diputado del PP Celso Delgado, que ha seguido al milímetro la evolución del negocio del grupo público, calcula que Correos acumula pérdidas por valor de 1.000 millones en cinco años. En 2022, según sus estimaciones, registrará números rojos por valor de 270 millones.

En la misma tesitura que Juan Manuel Serrano se encuentran otros presidentes de empresas públicas, como Pedro Saura (Paradores) o Raül Blanco (Renfe). La fecha de caducidad de sus contratos está asociada a la capacidad de resistencia de Sánchez. Los españoles, con su voto, decidirán el 23 de junio si todos ellos pierden o no el sillón, el sueldazo y el coche oficial.