MasOrange y Vodafone son bastante pesimistas con el nuevo escenario español en las telecomunicaciones. La irrupción del Estado en Telefónica hace meses ya hizo ponerse en guardia por las implicaciones que derivaría en una operación de tal calado. Pero, ahora, con la toma total de Moncloa tras la defenestración de Pallete y la colocación de Marc Murtra al frente de la compañía del Ibex 35, sus rivales muestran contrariedad ante lo que puede venir en el futuro a corto y medio plazo.
El mercado de contratos en los servicios públicos es uno de los grandes negocios de todas las operadoras y ganar una licitación supone un gran pellizco en el volumen de ventas de las compañías cada ejercicio. Pero Vodafone y MasOrange, tal y como narran las fuentes consultadas por este periódico, se muestran preocupadas “por la injerencia del Gobierno” en orientar las condiciones para favorecer a Telefónica.
“Ya se ha empezado a notar. Varias contrataciones se han redactado para que las rivales de Telefónica no puedan optar a ellas”, explican fuentes cercanas a ambas compañías. Las razones por las que argumentan que tanto Vodafone como MasOrange no podrán competir con Telefónica atienden a los pliegos técnicos de las licitaciones. Las licitaciones, como recuerdan las citadas fuentes, no pueden ser asignadas a dedo por lo que han de pasar por los controles pertinentes.
Como en todas las licitaciones, las valoraciones se dividen en dos: la parte económica, en la que la Administración siempre premiará con mayor puntuación la que pueda hacer el trabajo con menor presupuesto. La segunda es la parte técnica, que valora la capacidad de medios que posee la operadora para llevar a cabo la tarea. Es en el segundo apartado en el que MasOrange y Vodafone “ya contemplan contrataciones” dirigidas a Telefónica, puesto que es la principal empresa por inversiones en España y la que más recursos tiene en su infraestructura operativa.
En este sentido, MasOrange fue la primera operadora en cargar contra el Estado por la irrupción en el accionariado de Telefónica. Su consejero delegado admitió que “pasan cosas en España”.
“Entra el Estado en Telefónica y pocos meses después nos proponen subir los precios de los conductos en la regulación prácticamente un 20%, en un momento donde se supone que Telefónica tiene un margen del 50 % según su propia contabilidad y eso perjudica las inversiones", sostuvo en un encuentro con la prensa.
Críticas a la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente del Estado, también ha sido criticada por parte de las operadoras por el modelo actual que impera en el sector de las telecomunicaciones. MasOrange, que ahora es líder por número de clientes tras la fusión de MásMóvil y Orange, también ha liderado las quejas hacia el organismo dirigido por Cani Fernández.
“La regulación de competencia es un capítulo que obviamente hay que cambiar. No soy muy optimista, pero es infumable que tengamos que esperar dos años para cerrar una transacción corporativa. Eso no puede ser. Luego, pasan cosas en España. Entra el Estado en Telefónica y, pocos meses después, nos proponen subir los precios de los conductos de la regulación marco prácticamente un 20%”, se sostiene desde MasOrange.
Llama la atención que las tornas se hayan girado puesto que Telefónica ha sido siempre muy crítica con la regulación estatal y las restricciones que ha tenido históricamente la operadora dirigida ahora por Marc Murtra por ejercer de líder en el sector tanto en telefonía fija, móvil, fibra o televisión.
Un negocio multimillonario
Como se mencionó anteriormente, la contratación de servicios públicos es fundamental para los ingresos nacionales de las operadoras. De acuerdo a la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), hay más de 70 proyectos abiertos para el sector de las telecomunicaciones por valor de más de 400 millones de euros. A esa cantidad hay que añadir otros que ya se ha cerrado el plazo y que se encuentran en fase de estudio de las propuestas por parte de la Administración.
Precisamente, una de las licitaciones más importantes para las operadoras es la de la Secretaría de Estado de Función Pública (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), que tiene un presupuesto base sin impuestos de 316 millones de euros y un valor estimado de 505 millones.
Este contrato servirá para dotar de los servicios de comunicaciones a la Administración General del Estado (AGE). La fecha límite se cerró el pasado 9 de enero, si bien, como figura en el portal de contratación, el Estado se ha visto obligado a prorrogar el actual contrato por un período de hasta nueve meses. La Administración no ha indicado el motivo por lo que las operadoras interesadas deberán volver a hacer los pliegos en septiembre.
