Economía

El castigo fiscal a los compradores no residentes vulnera el Derecho de la UE con la vivienda

El Gobierno apunta a una armonización de ITP como la del impuesto a grandes fortunas para obligar a las CCAA del PP a subirlo

Limitar la compra de vivienda a no residentes extracomunitarios con un castigo fiscal. Es una de las medidas que ha prometido Pedro Sánchez este lunes y ha llamado la atención de juristas y fiscalistas por suponer una vulneración del Derecho de la UE. Esta propuesta infringe el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y, de hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha tumbado normas similares que tenía la normativa tributaria española por favorecer a residentes frente a no residentes.

Y es que el artículo 63 del TFUE consagra la libre circulación de capitales, y prohíbe cualquier restricción no sólo entre Estados miembros, sino también entre Estados miembros y terceros países.

Del detalle de la iniciativa sólo se ha conocido que se quiere "incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes", según han explicado desde Moncloa.

Fiscalistas consultados por Vozpópuli han apuntado a que la implementación práctica sería una subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP-TPO), lo que sólo afecta a la vivienda usada, ya que el IVA que grava la nueva está armonizado en la UE, según señalan desde el Registro de Asesores Fiscales-Reaf del Consejo General de Economistas. La intención del Gobierno es articular una subida de ITP-TPO, según ha podido saber este periódico, aunque no se descarta la creación de un "impuesto especial".

El incremento del ITP-TPO supondría además abrir un nuevo frente con las CCAA del PP, ya que es de competencia autonómica, en línea con el resto de materias sobre vivienda.

De hecho, esta medida es el espejo opuesto de una que acaba de anunciar el PP en su plan de vivienda, con el añadido de la discriminación a no residentes.

Alberto Núñez Feijóo ha pactado con las comunidades autónomas gobernadas por su formación la rebaja del ITP al 4% para los jóvenes de hasta 40 años, y ha emplazado al Gobierno a hacer lo propio y que baje del 10 al 4% el IVA para los jóvenes en la compra de vivienda nueva en toda España. "Así lo exige esta situación de emergencia nacional", ha recalcado.

Inseguridad jurídica

A los fiscalistas consultados la medida que ha anunciado Sánchez les parece una "ocurrencia", además de los problemas de legalidad y seguridad jurídica que detectan.

En este sentido, Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, apunta que "las herencias, también las referidas a inmuebles, se consideran una circulación de capitales, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la su sentencia de 3 de septiembre de 2014 tumbó la mayor tributación en las herencias con no residentes".

El Gobierno tuvo que cambiar la ley, pero lo hizo a medias y sólo suprimió la discriminación para no residentes de la UE en la Ley 26/2014, a partir del 1 de enero de 2015, a los que permitió la aplicación de beneficios fiscales autonómicos. Poco después, el Tribunal Supremo en sentencias de febrero y marzo de 2018, dejó claro que no se podía discriminar a los no residentes extracomunitarios en herencias de inmuebles situados en España.

Hacienda corrigió esa discriminación en consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT), su brazo legislativo. Y ya con la Ley 11/2021, la última ley antifraude, suprimió la discriminación de no residentes en Sucesiones y eliminó la discriminación de extracomunitarios en el Impuesto de Patrimonio.

¿Impuesto a grandes compradores extranjeros?

Esta discriminación a no residentes podría enmascarar que el Gobierno planea una armonización de ITP-TPO para obligar a las comunidades del PP a subirlo, en línea con lo que viene haciendo con el impuesto a grandes fortunas respecto a Patrimonio desde 2022 y los planes que ha esbozado con una especie de impuesto a grandes herencias en relación con Sucesiones.

Así lo prevé Del Campo: "El problema con el ITP es que está cedido a las comunidades autónomas, por lo que tampoco veo clara la medida de subir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo del 10%, que tenga algunas comunidades autónomas al 20%, salvo que quieran forzar una armonización/subida con un impuesto estatal, como hicieron con el impuesto de solidaridad o pretenden con el impuesto a las grandes herencias", advierte.

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