El miedo a la contrarreforma laboral dispara el negocio de las agencias de recolocación

Una vez constituido el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el miedo a que se reviertan los cambios principales que introdujo la reforma laboral del PP de 2012 e incluso la del PSOE de 2011 es mucho más tangible. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado este lunes su voluntad de derogarla durante su toma de posesión este lunes. 

Ante la posibilidad de que se produzcan cambios normativos que resten flexibilidad a las empresas, muchas de ellas han acelerado sus procesos de despidos colectivos y, con ellas, ha aumentado el negocio de las agencias de recolocación.

Se trata de las consultoras de recursos humanos que tienen una división dedicada al llamado 'outplacement', a las que acuden las empresas que llevan a cabo despidos colectivos o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a más de 50 trabajadores y que, por ley, tienen obligación de contratar los servicios de recolocación de una de las 80 agencias que están autorizadas para ello por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Estas compañías se dedican a orientar a esos trabajadores que van a ser despedidos y tratan de recolocarlos en otras compañías del mismo sector (muchas veces tiran de su propia cartera de clientes y simplemente tratan de hacer encajar la oferta con la demanda). Estas firmas suelen ser filiales de grandes consultoras de recursos humanos como Adecco, Randstad o Manpower.

Fuentes de Right Management, una de las compañías que se dedican a la recolocación en España, han confirmado a Vozpópuli que se ha producido un incremento de la demanda de este tipo de servicio en el último tramo de 2019 y lo que llevamos de año. Un movimiento que se ha detectado también en otra firma que no quiere ser identificada.

72.000 afectados por ERE hasta octubre

Entre las compañías que han tenido que recurrir a este servicio en el año 2019 están firmas como el Banco Santander o DIA, cuyos empleados despedidos han sido recolocados en su mayoría en otras compañías de distribución o alimentación, según confirman a este medio fuentes cercanas a la empresa.

Entre enero y octubre de 2019 el número de empresas afectadas por procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada fue de 1.735 (un 3,6% sobre el mismo periodo de 2018). De ellos, el número de procedimientos finalizados con acuerdo fue del 90%, según los datos más actualizados del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El número de trabajadores afectados ascendió a 71.079, de los que 63.516 (un 89,4%) permanecieron en procesos que se saldaron con acuerdo y 7.563 (10,6%) en procedimientos que finalizaron sin acuerdo.