La rebelión de la hostelería en los tribunales pone en jaque las restricciones sobre el sector

Los hosteleros no tienen previsto dar su brazo a torcer. Considerando que las medidas que se han impuesto sobre bares, restaurantes y locales de ocio para frenar la expansión del coronavirus "son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación", los empresarios hosteleros están presentando estos días recursos de oposición en las diferentes comunidades autónomas.

En concreto, las diferentes patronales del sector españolas, agrupadas todas bajo Hostelería de España, disparan sus reclamaciones hacia medidas como el cierre de los locales a la 1 de la mañana, la limitación de hasta 10 personas por grupo, la prohibición de fumar a menos de dos metros de distancia o el cierre de las discotecas.

Presentación de recursos que, según cuentan a Vozpópuli desde Ecija Abogados -el despacho que se está encargando de ello-, ya está en marcha en once comunidades (Cantabria, Asturias, País Vasco, Murcia, Andalucía, Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha), aunque "es muy probable que se interpongan más".

En concreto, en primer lugar se ha solicitado como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos adoptados por los gobiernos autonómicos (particularmente, por los respectivos consejeros de Sanidad) en cuanto a aquellas medidas que "considerábamos perjudicaban al sector y, además, resultaban inidóneas, desproporcionadas e injustificadas", explica a este periódico Cristina Llop, socia de Ecija Abogados, que recalca que "por motivos de evidente urgencia, se pedía que se acordaran de manera cautelarísima".

"Cuasi destrucción del sector"

Para Llop, la "gravedad" de las medidas y el momento en el que han sido acordadas "aboca a la cuasi destrucción de un sector económico tan importante para la economía española como es el de hostelería/restauración", sentencia. Por el momento, los autos que están siendo notificados estos días resuelven sobre esas medidas cautelares que se han solicitado, pero "no sobre el fondo del asunto: la legalidad de los acuerdos". En este sentido, esto será objeto de un procedimiento contencioso administrativo de trámite ordinario que también se ha iniciado en cada comunidad autónoma.

"Lógicamente, lo que pretendía el sector es que se suspendiera cautelarmente la ejecución de esas medidas para garantizar que, cuando recaiga sentencia en el procedimiento principal, si fuera estimatoria de nuestras pretensiones, ya fuera demasiado tarde y el sector hostelero y de restauración hubiera resultado tan dañado que fuese imposible su reactivación", expone Llop.

Según defienden desde el despacho de abogados, el sector "es consciente de que la delicada situación sanitaria del país precisa de la adopción de medidas drásticas, pero resulta poco plausible que, siendo como es que se han definido otras actividades o sectores como principales focos de contagio, la práctica totalidad de las medidas vayan destinadas a la hostelería/restauración y que su extensión sea tan amplia que lleve al cierre de muchos negocios".

"Criminalización del sector"

Desde Hostelería de España cierran filas en torno a este argumento, señalando que, pese a que "en casi todas las comunidades autónomas ya se habían adoptado medidas sanitarias restrictivas específicas para este sector, ello no se había traducido en una disminución de los contagios, lo que denota que los brotes se producían mayoritariamente en otros escenarios, principalmente privados y no controlados, como así lo reconoce el Acuerdo Interterritorial de Salud".

En línea con la defensa de la seguridad de los bares y restaurantes, insisten: "No se entiende esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos, como es la hostelería, frente a espacios privados, donde no se exigen las mismas medidas higiénico-sanitarias y se baja la guardia, cosa que no suele ocurrir en establecimientos hosteleros".

Con todo, y mientras los tribunales resuelven estos recursos, las patronales de hostelería están preparando además protestas en los diferentes puntos de España; en Madrid, donde prevén el cierre de "más de 12.500 empresas hosteleras" si las medidas se mantienen, la jornada de protesta está prevista para el próximo 9 de septiembre.