Economía

Las hoteleras afrontan 'multazos' del Gobierno si pleitean por la Helms-Burton sin permiso

El Ejecutivo puede imponer multas de hasta 600.000 euros a las compañías hoteleras españolas si no informan a Bruselas de las demandas recibidas en Estados Unidos y no siguen sus directrices 

Vista de Cuba desde el interior desde un hotel de la cadena Iberostar.
Vista de Cuba desde el interior desde un hotel de la cadena Iberostar. EP

La guerra por la Helms-Burton y sus derivadas mantiene en vilo a las hoteleras españolas. Meliá, NH, Iberostar… Las grandes marcas del sector turístico se han visto amenazadas en mayor o menor medida por esta vieja ley aprobada por Bill Clinton en 1996. Tras años en suspenso, Donald Trump acordó reactivarla hace más de un año y provocó un conflicto cuasi diplomático entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Las autoridades comunitarias se oponen frontalmente a la aplicación de la ley y ya han anunciado que defenderán con uñas y dientes a las empresas europeas demandadas. En el caso de las hoteleras españolas, si quieren responder a las demandas que se planteen en Estados Unidos, necesitan el permiso expreso de la Comisión Europea. De no pedirlo -habiendo informado previamente de la demanda-, se exponen a importantes multas por parte del Gobierno.

Así se desprende de una ley de 1998 relativa a la protección frente a la aplicación extraterritorial de la legislación de un país tercero. Iberostar, que ha sido la primera empresa europea en solicitar autorización para contestar a lademanda presentada por una familia de origen cubano, recuerda al juez norteamericano que si no recibe permiso de Bruselas para responder, podría ser multada con hasta 600.000 euros.

Hasta 600.000 euros 

Las compañías tienen treinta días para dirigirse a las autoridades europeas desde que son informadas de demandas en Estados Unidos bajo la Helms-Burton. Si lo hacen fuera de plazo, el Gobierno podría asumir que ha incurrido en una "infracción leve", penalizada con entre 1.500 y 6.000 euros. Si no existe notificación alguna y se responde a los requerimientos de juzgados extranjeros, la infracción se considerará "grave", con una multa de entre 6.000 euros y 60.000 euros. 

Sin embargo, como en el caso de Iberostar, la legislación señala que "cuando los intereses económicos o financieros afectados excedan la cantidad de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), la infracción grave podrá ser sancionada con una multa superior a 10.000.000 de pesetas (60.000 euros), proporcional a los intereses económicos o financieros en presencia y con un máximo de 100.000.000 de pesetas (600.000 euros)". 

Más allá de una simple autorización, lo que diga Bruselas tendrá una enorme importancia para las actuales y futuras demandas contra empresas europeas: si la Comisión Europea permite a Iberostar responder, quizá eso anime a otros demandantes a presentar demandas contra empresas europeas. En el caso de que Bruselas diga que no, la Justicia americana podría juzgar a las compañías en rebeldía, lo que crearía un nuevo problema. También podría darse la circunstancia de que los jueces americanos acuerden archivar los pleitos si los demandantes no pueden defenderse. Dado que no hay precedentes con la aplicación de esta ley, la incertidumbre es máxima.

Meliá, la más afectada

Otro de los últimos episodios de este conflicto ha corrido a cuenta de Meliá, quizá la cadena más afectada de todas. Recientemente, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha reactivado un pleito en España al considerar que el Juzgado de Primera Instancia nº 24 no debió inhibirse en la demanda presentada por los Sánchez Hill, una familia de origen cubano que reclama a la hotelera una indemnización millonaria por la explotación de sus hoteles en Cuba.

En un primer momento, el juzgado rechazó la demanda porque consideró que admitirla a tramitación exige el análisis y valoración de la nacionalización de los bienes por el Gobierno cubano, el examen de su validez y legitimidad y porque en la demanda se ejercitan pretensiones relativas a un bien propiedad de un Estado. Por tanto, consideraba que existía falta de jurisdicción y de competencia internacional.

Tras revisar el caso, la Audiencia ha dado un vuelco al litigio y ha ordenado al juzgado que estudie el asunto al estimar que sí tiene competencia porque la demanda no es contra Cuba, sino contra un particular con domicilio en Palma. Además, la demanda alega enriquecimiento injusto dado que la Helms-Burton no puede ser conocida por tribunales españoles.

También fue hace meses cuando se anunció que iba a ser demanda en Estados Unidos, esta vez sí, amparada bajo la Ley Helms-Burton. La hotelera fue incluida en una demanda más amplia junto a otras empresas, pero los propios demandantes decidieron el pasado enero excluir a la hotelera y al resto de entidades extranjeras para centrarse en las compañías americanas y acelerar los plazos. Eso sí, los abogados de los demandante ya advirtieron que la ley les permite volver a incluirles en la demanda en cualquier momento.

Para más inri, el consejero delegado Gabriel Escarrer y otra veintena de directivos de la casa tienen vetada la entrada en Estados Unidos por sus negocios en Cuba, como desveló este periódico. El título IV de la Helms-Burton permite a la Secretaría de Estado de EEUU expulsar del país o impedir la entrada a "extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes". Esto también se aplica a los directivos y accionistas mayoritarios de las compañías que hubieran llevado a cabo o favorecido dicho tráfico.

NH se libra 

Meliá fue la primera hotelera española, pero no la única. En septiembre del pasado año llegó a los tribunales estadounidenses otra demanda bajo el paraguas de la Helms-Burton contra la cadena NH Hotel Group. Una familia cubana reclamaba al grupo una indemnización de alrededor de 10 millones de dólares por motivos similares a las anteriores, la gestión de un hotel confiscado en Cuba. Finalmente, el pleito no ha prosperado, pues como con Meliá, a principios de este año la familia decidió retirar voluntariamente la demanda. No obstante, esto no significa que la compañía no pueda volver a ser demandada en el futuro.

Iberia y Air Europa también se han librado, de momento, de la Helms-Burton. Ambas aerolíneas estaban avisadas de posibles demandas al amparo del título III de esta ley, pero nunca se han llegado a hacer efectivas ante la dificultad para pleitear con compañías que no son americanas y por la reciente compra de Air Europa por parte de Iberia, que alteró los planes de los demandantes, según pudo saber este medio. La entidad financiera BBVA también cuenta con una demanda que, por el momento, sigue su curso.

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