El gasto en personal de Vodafone aumentó en 35 millones antes del último ERE

Vodafone y los sindicatos negocian desde hace unas semanas la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo que está previsto que afecte a más de 1.100 personas de su plantilla en España. Con esta medida, la empresa pretende reducir sus costes de personal en un mercado muy competitivo, que se ha visto afectado por la guerra de precios entre los operadores. Las últimas cuentas anuales de Vodafone -su ejercicio fiscal termina el 31 de marzo- ilustran sobre la situación en la que se encontraba la compañía antes de plantear esta medida. En concreto, el año pasado gastó el 13% más en personal que en 2017.

Según los datos que obran en poder del Registro Mercantil, la empresa comandada en España por António Coimbra destinó entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018 un total de 261,27 millones de euros a su plantilla, frente a los 226,98 del año anterior. En 2016, el montante fue mayor, de 283,28 millones, aunque el dato estuvo condicionado por los 42,1 millones que se imputaron del anterior ERE de la empresa.

Fuentes oficiales de Vodafone aseguran que el gasto en este concepto subió durante el último ejercicio como consecuencia del pago de los complementos variables, que se asignan por el cumplimiento de objetivos; y, sobre todo, por los acuerdos para las prejubilaciones y salidas pactadas de personal (26 millones). Según se reconoce en sus cuentas, en este aumento también ha influido el pago de indemnizaciones, que ascendió a 4 millones de euros.

De estos 261,27 millones, 195,7 se correspondieron con "sueldos, salarios y asimilados" (+30 millones), 42,3 millones con las cargas sociales (+250.000 euros), 4,8 millones con las aportaciones a planes de pensiones (+230.000 euros), 6,4 millones a pagos en acciones (+4,29 millones); y 11,92 millones con la partida "otros gastos de personal" (90.000 euros).

Negociación del ERE

Los datos permiten apreciar la inversión anual que dedica la compañía a pagar a su personal antes de la formalización del ERE que amenaza los puestos de trabajo de sus empleados, que la empresa anunció a finales de enero y que justificó en razones económicas, productivas y organizativas. Con su aplicación -explicó entonces- persigue revertir la evolución negativa del negocio en un momento en el que, aunque la demanda de servicios sigue creciendo de forma exponencial, no ocurre lo mismo con los precios.

Inicialmente, la empresa propuso 1.200 despidos con una indemnización de 32 días por año trabajado, con un tope de 20 mensualidades. Sin embargo, en la reunión que mantuvieron las partes la semana pasada -detallan fuentes sindicales- se planteó una rebaja de las salidas hasta las 1.123, con una indemnización de 45 días.

Los negociadores de la empresa aceptaron que el 25% de estas salidas fueron voluntarias. Ahora bien, el sindicato CCOO expresó en un comunicado su disconformidad y ha pedido a la empresa que permita que ese porcentaje aumente hasta el 100%.

En este sentido, ha recordado que en los anteriores despidos colectivos que han afectado a la compañía en España, con una indemnización similar a la actual, fueron 600 personas las que salieron voluntariamente de la empresa, lo que redujo ostensiblemente la incertidumbre en la plantilla.