Infraestructuras

Sánchez premia con la presidencia de Puertos al diputado que batalló contra el Gobierno del PP por la estiba

Salvador de la Encina, nombrado presidente de Puertos del Estado por el consejo de ministros, lideró en su día la estrategia del PSOE en la reforma de la estiba que tuvo que abordar el Gobierno de Rajoy. El voto en contra de los socialistas hizo decaer el Decreto aprobado por el Ejecutivo

Puerto de Barcelona.
Puerto de Barcelona. EFE

El recién nombrado presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, tuvo un papel destacado en la filas del PSOE en un contexto especialmente complicado como fue el conflicto por la reforma del régimen de la estiba. El diputado socialista por Cádiz lideró la estrategia del partido contra el Gobierno, entonces en manos del PP, obligado a aprobar modificaciones en el sistema de operación de los puertos bajo la amenaza de que el Estado fuera severamente multado por la Comisión Europea.

La postura del PSOE, favorable a que la reforma respetara los acuerdos alcanzados entre las empresas y los representantes de los trabajadores, fue fruto de polémica por la estrecha relación de De la Encina con el colectivo de los estibadores, dado que uno de sus hijos formaba parte de él.

Por entonces, De la Encina era la cabeza visible del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, donde ocupa la vicepresidencia primera. El Gobierno trabajaba en una reforma urgente del sistema de la estiba a través de un Real Decreto que debía ser convalidado por la Cámara Baja. Los apoyos sumados por el Ejecutivo en esta cuestión (principalmente Ciudadanos y PNV) no eran suficientes para obtener una mayoría lo que, dada la postura contraria del resto de la Cámara, hacia imprescindible que los socialistas al menos se abstuvieran para poder convalidar el Decreto.

La polémica se extendió en el sector por la vinculación de De la Encina con el colectivo de los estibadores

Hasta ese momento, el Gobierno había tenido como interlocutor en el PSOE para esta materia al ex ministro Jordi Sevilla, a día de hoy presidente de Red Eléctrica, con el que habían logrado acercar algunas posturas sobre la reforma de la estiba. Tanto el Ejecutivo, que por entonces (mediados de 2016) estaba en funciones como agentes del sector portuario trasladaron a Sevilla la conveniencia de aprovechar la sentencia condenatoria de los tribunales europeos para liberalizar un sector que permanecía como una insólita especie de anacronismo.

La postura de Sevilla se aproximaba a las tesis gubernamentales, aunque con algunos matices que debían ser negociados. Sin embargo, la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, cuya Ejecutiva había saltado por los aires días antes, modificó el escenario y echó por tierra los citados avances.

Cambio de postura

La postura del PSOE pasó a ser de oposición absoluta al contenido del Decreto al sostener que cualquier reforma que se introdujera tendría que respetar los acuerdos que estaban alcanzando los sindicatos, especialmente el mayoritario Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, tanto con la principal patronal del sector, Anesco, como con las empresas.

Sin embargo, algunos de los principales operadores e inversores de los puertos denunciaron que estos acuerdos (que incluían cuestiones como la subrogación de los trabajadores, no permitida por la legislación comunitaria) estaban siendo obtenidos bajo coacción, con amenazas de ralentizar la actividad en los puertos.

Por entonces, la polémica se extendió en el sector por la vinculación de De la Encina con el colectivo de los estibadores, aunque el diputado socialista negó que fuera él quien estuviera liderando la estrategia del PSOE en este capítulo. Lo cierto es que los socialistas terminaron por votar en contra del Real Decreto, lo que provocó que decayera. El Gobierno se puso a trabajar en un nuevo Decreto, que no impidió que los estibadores protagonizaran algunas jornadas de huelga.

De la Encina sustituye a Ornella Chacón, que presentó recientemente su renuncia a proseguir en el cargo por motivos personales. El diputado por Cádiz es un gran conocedor del entorno portuario. En su condición de jurista, fue ponente de la Ley que regula el régimen económico y la prestación de servicios de los puertos de interés general del Estado.

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